No importaron los 34 mil 756 millones de pesos, equivalentes al 53 por ciento del presupuesto anual de Guerrero, que aportaron en remesas los migrantes radicados en Estados Unidos durante 2019; ni fue considerada la personalidad de tutelaje sociopolítico que desempeña ese sector en la gobernabilidad de cientos de comunidades; los diputados locales guerrerenses metieron a la congeladora el debate para reglamentar la figura del diputado migrante.
Si el Congreso del Estado es un sensor de capacidad y habilidades, entonces los legisladores carecen del más elemental sentido común en la integración de un diagnóstico realmente democratizador, y la funcionalidad de la Cámara local obedece más bien al apremio cortoplacista de salvaguardar intereses particulares, no de promover respeto e interactuación con los grupos más vulnerables.
Por lo pronto, la ausencia de interés de los diputados para otorgar una representación legislativa a las organizaciones de paisanos establecidos en USA, mandó el tema al interminable listado de pendientes que arrastra el Congreso, por lo que la propuesta migrante quedó fuera del proceso electoral del 2021 en Guerrero.
En todo caso, el debate sobre este punto lo analizará la próxima legislatura, dado que por tratarse de una reforma electoral cualquier modificación en ese sentido debe realizarse noventa días antes de iniciar el proceso electoral, plazo que venció el primer día de junio.
En este contexto, los diputados alegaron en acuerdos tomados en lo oscurito el pasado fin de semana, que esta premura de tiempo los obligaba a dejar el tema fuera de la agenda legislativa.
El problema para los integrantes de la legislatura estatal es que la figura del diputado migrante fue incluida en la Constitución de Guerrero desde 2014 luego de un intenso cabildeo desplegado por el entonces Secretario de los Migrantes, Netazahualcoyotl Bustamante Santín, quien dejó el balón sobre la marca de penalti, nada más para hacer el disparo final y culminar el gol, pero la fracción legislativa del PRD votó aquel año en contra de la propuesta de reglamentación bajo la percepción de que aceptar esa iniciativa significaba otorgar un triunfo al entonces diputado Héctor Astudillo Flores, quien ha impulsado desde hace 15 años la inclusión de los migrantes en el legislativo.
Es decir, la diputación actual dispuso de veinte meses para definir el asunto y ahora advierte que fue por falta de tiempo.
De ahí que cuando el diputado Moisés Reyes Sandoval, (Morena), presidente de la Comisión de Atención a Migrantes corrió a declarar que su voto fue a favor de incluir la iniciativa, nadie le crea después de que tiene casi dos años como legislador y justamente el último día se involucró en el caso.
En la segunda semana de septiembre pasado, el Gobernador Héctor Astudillo solicitó a los diputados locales desde la ciudad de Chicago, Illinois, urbe que concentra el mayor número de guerrerenses en el extranjero, comenzaran el análisis para encontrar una fórmula constitucional que materialice la figura ya contemplada en la ley.
Cinco meses después, líderes de más de cincuenta organizaciones de migrantes guerrerenses le pidieron personalmente al diputado Moisés Reyes su intervención durante una visita que el legislador hizo a la misma ciudad de Chicago, por lo que el deslinde dibujado por Reyes Sandoval para lavarse las manos fue interpretado ya en redes sociales como una burla hacia miles de paisanos que reclaman un espacio más participativo en la vida política y económica del estado.
En el fondo, antes de hacerle al Poncio Pilatos, Moisés Reyes debería acompañar su versión con solidez documental para confirmar el seguimiento estratégico con el que atendió la solicitud de los migrantes desde que asumió la presidencia de la comisión legislativa migratoria. Una salida realmente diplomática se localizaría en minutas de mesas de trabajo en las que convocó a los interesados y consensó opiniones, lo que obviamente no sucedió y no por falta de conocimiento, sino por falta de habilidad y sensibilidad política.
Más allá de una visión partidista, los migrantes centran sus inquietudes en el crecimiento de la inseguridad que asola sus pueblos, la crisis económica acentuada en los hogares de sus familiares que viven en Guerrero, en las condiciones deprimentes de los centros de salud del área rural, en las precarias oportunidades educativas y en incumplimiento y retrasos de programas sociales; su interés no se desprende de un afán por venir nada más a sentarse en una curul.
Por ahí debió entender el Congreso de Guerrero la reglamentación del diputado migrante; no como asunto partidista sino de solidaridad con quienes tanto contribuyen, literalmente, al sostenimiento del estado pero no tienen posibilidades de participar.
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