Lo peor que le podía ocurrir al Secretario de Turismo, Miguel Torruco, era avalar una acción que hace no mucho había desacreditado, lo que además de evidenciar con letras fosforescentes su calidad de obsoleto al frente de una actividad predominantemente económica, obliga a los gobernadores a reflexionar sobre una posible alternativa de fracaso en la reactivación del sector turístico, si Torruco es quien asume un liderazgo unilateral en la reapertura de tan vital renglón.

Todavía no existe un cálculo real de la dimensión del frenón económico Covid-19, y Miguel Torruco se presentó ya como el inventor del hilo negro, al anunciar que no desaparecerán los fines de semana largos del calendario nacional que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió extinguir en febrero pasado, ante la complacencia de su secretario de Turismo y la reacción de reclamo de cientos de alcaldes, gobernadores, empresarios e inversionistas cobijados por la elevada derrama financiera que representan los fines de semana de tres o cuatro días de descanso.

De hecho, los denominados fines de semana largos institucionalizados por la guerrerense Irma Figueroa Romero a su paso por el Congreso federal, generan más de 38 mil millones de pesos anuales y están vigentes hasta la fecha, por lo que su capitalización no constituye una medida que corresponda a un plan emergente de recuperación económica para una de las actividades productivas más lastimadas por la pandemia.

En todo caso, el mensaje lopezobradorista de no cancelar esas fechas de descanso, se localiza en la decisión del gobierno federal para dar marcha atrás a una ocurrencia presidencial derivada de la falta de visión e información sobre un tema de economía elemental.

La crisis del coronavirus en el sector turismo debe llevar a la redacción de un plan nacional capaz de enlazar empresas hoteleras, aeronáuticas, navieras, restauranteras, de servicios veraniegos, ayuntamientos, gobiernos estatales, agencias de viajes, transportistas terrestres y universidades, bajo la definición fundamental de que la competencia transfronteriza por el mercado será descomunal.

Después de todo, la reactivación general de la economía dependerá de factores encadenados y del grado de regreso a la normalidad obtenidos por otros renglones productivos: sí el circulante no recupera su base de rendimiento y el nivel de desempleo se resiste a ser desterrado, en lo último que pensarán los mexicanos será en gastar sus pocos ingresos en las playas o centros coloniales que ofrece México.

La recesión económica derivada del coronavirus coloca a México ante la perspectiva de tener en el 2020 un PIB de menos seis a menos diez por ciento, porcentaje similar al que la crisis impondrá a las demás naciones por el mismo efecto de la pandemia; es decir, la Secretaría de Turismo federal tiene la oportunidad de coordinar los intereses nacionales del sector con un esquema competitivo de beneficios mutuos, pero en cambio el titular del ramo saca de su chistera un truco desgastado y conocido por todos.

El problema va más allá de una ausencia de funcionalidad institucional en la Sectur federal. Al final de cuentas resulta trágico tratar de resistir la tormenta en alta mar después de que la nave fue desmantelada de equipo y personal capacitado: entre las primeras decisiones reorientadoras de la política turística de la 4T, en abril del 2019 legisladores de la mayoría morenista en el Congreso federal desaparecieron el Consejo de Promoción Turística de México, (CPTM), con lo que el país se quedó sin instrumentos de promoción en el extranjero y se cancelaron ventanas de publicitación para estimular el turismo interno en la República.

El papel del CPTM redituaba a México colocarse como el sexto destino turístico del mundo, la captación de 22 mil millones de dólares anuales y otorgaba a la industria turística ocupar el tercer lugar en fuentes generadoras de divisas en el país.

De ahí, que antes de otorgarle la conducción de la reactivación del sector turístico, los gobernadores de entidades con vocación veraniega, deberían estructurar a través de la Conago un proyecto alterno que permita superar el cráter financiero sin la total tutela de la administración federal.

Por lo pronto, en los casi 18 meses que lleva al frente de Sectur Miguel Torruco, no se aprecia aportación alguna de esa dependencia hacia Guerrero, entidad que mantiene su principal ingreso en la derrama financiera detonada por sus playas, atractivos naturales y bellezas coloniales. En lo general, su único trabajo aquí ha sido cortar listones inaugurales de eventos e infraestructura de servicios materializada por la relación estado-empresarios.

En el fondo, el virus también representa la oportunidad de rehacer lo destruido desde la Sectur por la excesiva concentración de inversión y tiempo en el Tren Maya y el corredor ístmico; la oportunidad está en la mesa, sin embargo se advierte un menosprecio a la reactivación de destinos tradicionales.

La gran incógnita radica en saber si la obstinación de Torruco prevalecerá después del huracán pandémico.