Ningún interés común, ningún llamamiento al orden puede justificar la muerte de seres humanos. Aún cuando toda trasgresión a ese orden o interés adquiera la calidad de ser altamente punible, la muerte siempre será la peor de las salidas, porque sobre cualquier interpretación posible siempre prevalecerá el hecho de que la muerte de ciudadanos a manos de sus policías, aparte del dolor y la ausencia que propician en sus familias, desdice todo indicio de civilidad, de reflexión, de convivencia republicana y permite que se asome, día tras día, el rostro del terrorismo de Estado. Del abuso del poder. De la dictadura. Y ese rostro siempre invitará a la masa a la protesta; a la anarquía.

La muerte de dos estudiantes de la centenaria escuela Normal Rural de Ayotzinapa, presumiblemente a manos de las fuerzas de seguridad, ha enlutado de sobremanera al pueblo suriano. Lo ha enardecido. Lo ha hecho revivir horrores que creía superados porque ha trabajado arduamente para dejarlos atrás. Pero además, ha impuesto un nuevo nivel de entendimiento del gobierno por parte de nuestros funcionarios públicos. Y, en otro orden de ideas, un dejo de ironía al gobierno de Ángel Aguirre.

Aguirre ha sido el único gobernador que ha visitado la Normal de Ayotzinapa. La proveyó de camión y tractores; escuchó de viva voz  a sus alumnos, convivió con ellos. Cada vez que se ha requerido ha enviado a sus colaboradores a atenderlos. Aguirre ha mostrado un especial interés por esa escuela y  tal vez eso haya sido un error, pues entre la tradición de protesta de los “ayotzinapos” –como los conocemos desde hace algunos años-y ese interés del gobierno, podía surgir –y surgió- la oportunidad de que actores adversos al régimen extrapolaran las posturas de gobierno y de estudiantes para confrontarlos. Como ahora. Lamentablemente, a costa de vidas humanas.

Sobre esa ironía puede observarse que en ese afán de confrontar a ambas partes las fechas resultan simbólicas: a tres años de que finalizara su gobierno, Figueroa es obligado a renunciar a su cargo por la muerte de campesinos a manos de una policía estatal y Aguirre lo sustituye. A tres años del final del gobierno de Aguirre, la muerte de dos estudiantes propicia que los grupos políticos pidan su destitución. Y la desaparición de poderes.

Sin embargo, Aguirre no está dispuesto a repetir la historia; a veinticuatro horas del suceso ha cesado al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador de Justicia; su gobierno no los conservará; ni los defenderá a ultranza como Figueroa hiciera con sus subalternos; los ha apartado de las investigaciones y los ha devuelto a una ciudadanía común para el libre análisis de sus respectivos errores. Del procurador: no vigilar las estrategias de su policía; declarar que los agentes ministeriales no iban armados; insistir en que ellos no dispararon y no observar que uno de los detenidos haya sido –según declaraciones de ese estudiante- torturado y obligado a disparar un arma AK 47 para que la prueba de radisonato fuera positiva y lo inculpara de la muerte de uno de sus compañeros.

Del Secretario de Seguridad, su ineficaz trabajo de inteligencia, la mala coordinación de las fuerzas de seguridad en el entorno; la ausencia de una estrategia de contención y de persuasión de protestas en conjunción con otros órganos y actores del gobierno. Y -hoy lo sabemos- no evitar la infiltración de actores ajenos al evento de protesta y de negociación.

Hoy, nadie parece recordar que Aguirre había propuesto a otros personajes para estos puestos. De hecho, había propuesto a un militar para la Secretaría de Seguridad, pero el PRD, en un afán que saltó a la vista de forma ineludible, exigió como cuota del partido ésos y otros puestos para miembros destacados de sus filas; aún cuando desde un artículo, Navarrete Gorjón, uno de los más finos y profundos analistas locales, había aplaudido la propuesta de Aguirre de que inclusive el secretario de Seguridad fuera de otra entidad del país, sobre todo para “evitar enlutecer un hogar guerrerense” en caso de que, como ocurría en otros estados, las mafias atentaran contra la vida del procurador o del secretario de Seguridad Pública. El afán de espacios de poder y de influencia en este gobierno por parte del PRD, impidió que la experiencia de Aguirre actuara a favor de su gobierno y, por supuesto, a favor de los guerrerenses todos. Ahí están los resultados.

Hoy, ni los grupos perredistas que ayer catapultaron a estos funcionarios a esos puestos, los apoyan. De hecho, desde hace meses que los habían abandonado a su suerte e, inclusive, en una inusitada muestra de rechazo, la buena prensa perredista había empezado a satanizarlos. Es evidente que sin ese apoyo el trabajo de ambos se dificultara. Pero más evidente resulta el hecho de que esos grupos no tuvieran interés en que Aguirre formara y realizara un buen gobierno. Hoy, fieles a sus prácticas no reconocen su error y, como cuando se equivocaron con Zeferino, tampoco recuerdan que ellos los empujaron a Casa Guerrero. Hace unos meses, insatisfechos con las canonjías recibidas a cambio, los abandonaron como ya es costumbre en el perredismo local.

Y, expusieron al gobierno de Aguirre a este grado de inoperancia en el que ya nos debe, a los guerrerenses, el esclarecimiento total de este fatídico suceso. La identificación y aprehensión inmediata de quienes ajenos o no al suceso accionaron de forma homicida sus armas y le arrebataron la vida a dos jóvenes estudiantes. La devolución de la confianza no en su gobierno sino en el gobierno y en las instituciones. Y el planteamiento inexcusable de una forma eficaz de convivencia no nada más entre ciudadanos, sino entre éstos, el gobierno y sus instituciones. La protesta de los “ayotzinapos” y la muerte de los estudiantes deben enmarcarse en un ámbito más amplio y profundo de visión de la lucha social.

Es inevitable que la herida que hoy se ha abierto en la comunidad estudiantil de Guerrero sangre al más mínimo roce; pero también es un hecho que si Aguirre ya dio el primer paso para no volver a tropezar en este caso debe dar los demás: depurar sus cuerpos policíacos, capacitarlos, hacerlos ingresar en la dinámica social que hoy vive Guerrero aún inserto en sus grandes contrastes: carencias propias de un entorno rural y exigencias de un sentido altamente urbano y tecnologizado (la cantidad de videos que han aparecido ejercen una distancia que podría catalogarse también de irónica con referencia a Aguas Blancas).

Para ello, debe reforzar los elementos de cohesión social que hasta el momento le han dado resultado en la consolidación del abatimiento de los índices de la violencia en Guerrero y en la reactivación de nuestra economía regional; pero, además, debe otorgar atención directa a las familias de las víctimas, exponer propuestas de mejoramiento de las condiciones de la Normal de Ayotzinapa –con la mitad de lo que el Congreso donó al CRIT se hubieran solucionado muchas de sus exigencias- y acabar con la tradición de satanismo que los gobiernos anteriores han cimentado sobre el prestigio de esa escuela normal y a la que ha ayudado sobremanera su aguerrida forma de hacerse escuchar.

Hoy, nuevamente, Guerrero está herido. Lastimado. Sangra y llora por sus hijos. No podemos remediar lo ocurrido. Nos quedan la esperanza y la confianza en nosotros mismos. Debemos trabajar porque el pueblo suriano jamás vuelva a vivir horas amargas como ésta. Y vigilar que los avances que hemos conquistado no nos sean arrebatados por nadie, menos aún por agentes protervos que, incapaces de valorar y respetar la vida humana, hoy han cubierto de luto a Guerrero.

Nos leemos en la crónica Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.