Si la proyección lopezobradorista de crear una guardia nacional como estrategia concentradora de fuerzas militares, marinas y la eliminación de la policía Federal, para desarticular gradualmente el control que mantiene el crimen organizado en casi todo el territorio nacional, el planteamiento se encarrila al fracaso por sí mismo: las policías municipales y estatales mantendrán su independencia y por lo tanto seguirán siendo altamente susceptibles de ser infiltradas por la delincuencia.

De inicio, en el debate sobre los contrastes jurídicos y el confuso enfoque legislativo iniciado por Morena para reformar la Constitución con objeto de militarizar oficialmente la lucha contra el crimen, se ha dejado de lado el escenario propuesta-realidad, cuyo dato clave se localiza en que el crimen organizado no ha perdido durante dos sexenios de mantener al ejército y Armada en las calles, un solo centímetro de las zonas que controla.

Por lo menos en Guerrero, la fase 2006-2018 se registra como la etapa más cruenta en el tema de la inseguridad. Precisamente, el lapso correspondiente al tiempo en que se ha mantenido a las fuerzas federales como eje central en la estrategia anticrimen.

Sí a ello se agrega que en la explicación del Programa de Paz y Seguridad 2019-2024 del gobierno de López Obrador, queda bien definido que la nueva estrategia no contempla incluir a corporaciones locales, entonces lo que viene es un escenario similar al observado en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; una descoordinación plena que impide arrebatarle a los cárteles regionales el mando que ejercen sobre policías municipales.

Por lo pronto, en Acapulco se designó como Secretario de Seguridad Pública municipal a un agente de la Policía Federal, cuyas credenciales fueron destacadas por la alcaldesa Adela Román Ocampo, como las de un profesionista capaz de garantizar la prevención del delito pero a las dos semanas de ese nombramiento el presidente electo López Obrador afirmó que la Policía Federal no califica los niveles de confianza para mantenerla en la lucha anti crimen, por lo que en su gobierno la corporación desaparecerá.

De hecho, Adela Román no ha explicado todavía el curso de las investigaciones iniciadas después de que la Armada de México y el Ejército intervinieran la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, bajo el argumento de que el cuerpo policial municipal estaba infiltrado por el crimen organizado.

Las condiciones de rendimiento y operatividad de las policías municipales en la mayoría de los ayuntamientos guerrerenses son uniformes en cuanto a baja percepción salarial, carencia de estrategias de vigilancia, escasez de armamento y raquítico parque vehicular, por lo que los integrantes de las corporaciones terminan atrapados en líneas de corrupción al servicio de las bandas.

Aunque prevalecen antecedentes próximos de la relación contractual policías-criminales, el caso Iguala en el que fueron desaparecidos 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014, se mantiene como ejemplo imperecedero: de acuerdo a investigaciones cruzadas fueron los agentes municipales quienes capturaron, trasladaron y entregaron a los jóvenes a los jefes de plaza de Guerreros Unidos aquella fatídica noche.

El reciente ataque a los policías municipales de Taxco de Alarcón en la comunidad sierreña de San Juan Tenería no fue circunstancial ni llevaba motivación política alguna. La célula de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación que pelea el control del municipio platero acribilló a los agentes por trabajar supuestamente a las órdenes de Guerreros Unidos.

Lo grave es que en el ataque perdió la vida un voluntario de la Cruz Roja y resultaron heridas seis habitantes de esa población.

De ahí que el dejar fuera del Programa de Paz y Seguridad de López Obrador a las policías municipales arroje una lectura de que en el territorio de las probabilidades resulte un tanto utópico se alcancen los resultados contemplados a través de la creación de una Guardia nacional, y modificaciones al modelo económico mexicano.

En términos estrictos, la seguridad pública es la desaparición de acciones que lesionan la integridad de ciudadanos y la erradicación de grupos delincuenciales que atentan contra la estabilidad social, por lo que el problema no radica en interpretaciones conceptuales.

El punto central se localiza en entender que es momento de mover los parámetros constitucionales de soberanía estatal y autonomía municipal si en verdad se quiere desterrar el clima de terror que prevalece en México.