La semana que terminó, los diputados del Congreso Local de Guerrero, dieron un paso más para buscar de una manera diferente enfrentar la violencia que genera la siembra, cosecha y el tráfico de la goma de amapola al mercado estadunidense, aprobando una iniciativa del Ejecutivo estatal, Héctor Astudillo Flores, que propone legalizar ese proceso y buscar que se inicie la discusión nacional, para hacer que la goma de amapola se controle y sea posible legalizarla para uso medicinal.
La iniciativa que fue aprobada por 38 diputados presentes de los 46 que son, es parte de una discusión que tiene años en la agenda, pero que principalmente por motivos morales, no se discutía ni mucho menos aprobaba.
La controversial medida, busca evitar que el mercado deje de ser disputado y controlado por las bandas de la delincuencia organizada, como ocurre hoy y que sea el Estado, quien permita la siembra controlada y definir con mayor claridad, cómo sería su traslado al mercado farmacéutico.
Es claro que con esta acción no se terminará con el uso de la goma de amapola, como estupefaciente, pues la drogadicción y las adicciones no se terminan con decretos, pero hace posible una discusión más amplia y científica, que permita enfrentar en otras condiciones y con otro enfoque más social el flagelo de la heroína y sus secuelas.
Puede permitir, que en su caso, los campesinos no dependan del control que aplican con la violencia las bandas, en cuanto al precio de venta, y éste sea derivado del precio internacional, lo que sin duda puede traer opciones de venta, más comerciales y menos violentas.
Lo anterior, porque muchos campesinos son obligados a sembrar y vender su mercancía a precios de risa.
Y se abre otra discusión que tiene que ver con el uso de la mariguana, para fines recreativos.
Entiendo que la iniciativa se realiza y se aprueba, luego de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado en que sean tratados de manera diferente temas como los ya mencionados.
• ¿Responsabilidad compartida?
Quisiera iniciar con una pregunta, el tema de quién es responsable de frenar la violencia que ejercen los delincuentes.
La ley que nos rige es clara. La responsabilidad de inhibir, prevenir y evitar que la sociedad sea fácil presa de los delincuentes, empieza en el municipio. Luego entonces el Estado, es el responsable, pero en sus diferentes niveles.
Quizá por ello, el Fiscal guerrerense Jorge Zuriel de los Santos Barrila, puso el dedo en una llaga que establece un llamado de atención para los presidentes municipales a la responsabilidad que tienen las instituciones en la cadena que busca dar seguridad a los ciudadanos.
Fue cuidadoso de no ir muy lejos, pues en el ámbito de las competencias, se dirigió estrictamente al trabajo que deben realizar los municipios, que es la prevención del delito.
No es su papel quejarse, pero vale, cuando la avalancha de reclamos cuando ocurre cualquier delito, algunos de manera fácil o cómoda, establecen y se preguntan ¿Y qué hace el Fiscal?
La Fiscalía por ley, trabaja en la investigación, nunca en la prevención, luego entonces si el primer eslabón de la cadena de protección ciudadana, no está funcionando en muchos municipios, la investigación se satura y provoca mucho más molestia.
Luego entonces, ¡A trabajar municipios en su tarea inicial¡ Y luego la Fiscalía estatal, la Seguridad Pública estatal y las instancias federales a realizar su trabajo.
Simple, pero complejo.
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