La trata de personas es un delito que conglomera la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, la cual ­recurre a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, incluyendo la laboral o sexual.

Este delito se ha convertido en una de las más grandes problemáticas contemporáneas para los Estados, ya que la Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzado, cifra en la que se incluye a las víctimas para la explotación laboral y sexual. De este total se estima que 30% de las víctimas son niños y 70% son mujeres y niñas. 

Por ello, en 2010 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó un Plan de Acción Mundial para combatir el tráfico de personas, que urgía a los gobiernos a adoptar medidas contra este delito. Posteriormente en el año 2013, en el marco de la evaluación del Plan de ­Acción Mundial, las Naciones Unidas resolvieron instituir el 30 de julio de cada año como el Día Mundial contra la Trata, con la finalidad de concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, y para promocionar y proteger los derechos fundamentales de todas las personas.

Este año, la temática en torno a este día internacional se centra en “la respuesta al tráfico de niños y jóvenes víctimas de la trata”, con la finalidad de proteger de manera prioritaria a este sector vulnerable. De ahí que resulta necesario impulsar mecanismos para la prevención del delito,  la promoción de la denuncia, la protección a las víctimas, así como la adecuada imposición de las sanciones, siendo elementos que deben convertirse en una constante para los gobiernos.

En este sentido, el Estado mexicano ha adoptado diversas medidas internacionales como lo es el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, el cual se convierte en Ley Suprema, al ser protectora de los derechos humanos.  ­Además, en junio de 2012 se expidió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos; normatividad especializada que enmarca la competencia y coordinación nacional para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en la materia.

Dichos ordenamientos jurídicos se han traducido en acciones concretas para las autoridades, tanto administrativas como judiciales, que ratifican el compromiso del Estado mexicano por erradicar este delito. Incluso, en materia institucional destaca la creación de una Fiscalía especializada para la atención de estos delitos en México.

Debemos seguir creando conciencia sobre la situación que se vive en la actualidad en torno a esta problemática, así como continuar fomentando distintos mecanismos para paliar los flagelos de la delincuencia; lo cual sin duda nos ayudará a garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas, en favor de una sociedad más armónica y en desarrollo.