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En nota publicada en La Jornada y firmada por Sergio Ocampo y Héctor Briseño se dijo: “Culpan al gobierno de Guerrero por muerte de campesino ecologista en Cereso de Iguala”. En el cuerpo de la nota se leyó: El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, Bertoldo Martínez Cruz, culpó al gobierno de Guerrero de la muerte del campesino ecologista Joel Santana Villa, ocurrida el viernes pasado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) ubicado en la comunidad Tuxpan, municipio de Iguala.
Martínez Cruz exigió una explicación al gobernador Ángel Aguirre Rivero, pues por un lado el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, declaró que Santana Villa se suicidó, mientras el sábado el procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, afirmó que el activista fue envenenado.
Es probable que haya sido envenenado y eso es homicidio. La Procuraduría nunca fincó responsabilidades a siete personas que fueron detenidas en marzo, acusadas de asesinar a José Santana Alonso, uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, quienes defienden los bosques en la Sierra Madre del Sur, pero inexplicablemente fueron liberados en julio, dijo.

¿Para qué echarle más leña al fuego?

En medio de una crisis política comparada por muchos con la de Aguas Blancas en 1996, los asesores del gobernador Ángel Aguirre Rivero nomás no dan una. Dos declaraciones desafortunadas del mandatario –una de ellas incluso boletinada oficialmente a los medios- han salido a la luz, sin más efecto que causar confusión y echarle más leña al fuego.