El gobernador del estado anunció hace dos días que la Constitución Política del estado de Guerrero será reformada. Pretenden sea congruente con los tiempos de amplia participación ciudadana y cambios que ha operado en todo el mundo, el país y nuestro querido estado de Guerrero. Anunció que será consultada la sociedad para le elaboración de una propuesta al Poder Legislativo. De las propuestas que han sido puestas a discusión por actores políticos aparecen las dela consulta ciudadana, el referéndum, la revocación del mandato y las referentes a la cultura indígena y negra que, singularmente en Guerrero, han sido históricamente marginados política y culturalmente, en cuanto a la toma de las decisiones públicas.
Históricamente el 26 de junio de 1851 la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero fue publicada. Ésta nació como efecto dela creación del Estado de Guerrero, a la integración del Congreso Constituyente y a la publicación del primer reglamento para el estado de Guerrero, promulgado por el coronel Miguel García, quien sustituyó al primer gobernador, Juan N. Álvarez.
La ultima reforma a la misma data del 14 de octubre de 1980. En ella se consagran las garantías individuales de la Constitución Federal y algunas normas rectoras de la vida política estatal. Ratificaba casi en todas sus formas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 1917.
Hoy las cosas son distintas al 1851. Son diferentes al 1917. Nada que ver con el 1980. Las relaciones entre actores políticos, grupos de poder factico, ciudadanos, mayorías y minorías nada tienen que ver con las de los dos siglos pasados.
En este contexto de propuestas de reformas constitucionales habrá que poner atención en la fragilidad de los procuradores de justicia. Los elige el Poder Legislativo a propuesta del Poder Ejecutivo. Pero le dejan al Presidente de la República o al gobernador la espada para cortarles la cabeza cuando ellos asi lo consideren. Entonces ¿cuál independencia de los procuradores?
Apenas fuimos espectadores de un procurador guerrerense electo por los diputados; fortalecido por sus acciones pero removido al primer error. Sin contemplaciones.
UNA PROPUESTA PARA LA RESTRUCTURACIÓN DE ÓRGANO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVASEn la actualidad, la procuración de justicia, junto con la impartición de la misma y la seguridad pública, representa una de las más graves preocupaciones de un amplio sector de nuestra sociedad, pues se estima que la Institución a cuyo cargo está la función pública, se ve rebasada con alarmante frecuencia por la delincuencia, cada día mejor organizada y con mayor poder económico, circunstancia que le ha permitido infiltrarse en el aparato estatal a niveles muy elevados, al grado de corromper a servidores públicos de muy alto rango que por tal deleznable motivo incumplen su elemental deber de combatirla.
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Alfredo Pérez Zárate, comenta que semejante problema nos motiva a reflexionar acerca de si la institución encargada del ejercicio de la función pública de procuración de justicia y tareas afines, tiene la naturaleza jurídica y forma de gestión idóneas para la consecución de sus fines, o si las actúales condiciones políticas de la sociedad y del Estado, muchas de ellas inéditas hasta ahora, reclaman modificarlas, para desempeñar a cabalidad las funciones públicas de su atribución.
La reforma del Estado en México y en Guerrero debiera incluir la del órgano depositario de la función pública de procuración de justicia, con el fin de que esta se ejerza con independencia y autonomía autenticas, sin otro límite que el impuesto por la Constitución y la ley, sin dar lugar a que su actuación sea dirigida o influenciada por algún otro órgano del poder público, institución pública o privada o grupo de interés o de presión.
Conforme a su configuración actual, el titular de la Procuración General de la República será siempre una persona de la confianza del presidente de la República, a quien deberá su asignación, circunstancia que, aun cuando se requiera de la aprobación del Senado, genera un sentimiento de gratitud hacia quien lo designo. El Ejecutivo Federal puede en todo momento remover libremente el titular y a todos los funcionarios de la Procuraduría General de la República, incluidos a los agentes del ministerios públicos.
En la condición actual, la autonomía técnica que supuestamente goza la Procuraduría General de la República en el ejercicio de la función pública de procuración de justicia se inhibe por la gratitud derivado de la designación presidencial; la subordinación que guarda el Procurador General de la República respeto del Ejecutivo Federal, la facultad presidencial de remover libremente a todos los funcionarios del ministerio público federal, incluido a su titular.
Pero sobre todo, comenta el presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Guerrero, “el Procurador General de la República esta consiente de la posibilidad de convertirse automáticamente en ex procurador e incluso quedar sujeto a una averiguación penal cuando no se pliegue a los designios, instrucciones o consignas presidenciales, lo que redunda en una posible actitud de obsecuencia a los deseos del Ejecutivo, circunstancia por la cual, con razón o sin ella, la actuación del Procurador General de la República, en ciertos asuntos controvertidos, queda ensombrecida por la duda, lo que se traduce en pérdida de credibilidad de la institución a su cargo, lo cual promueve la proclividad de ciertos grupos sociales a hacerse justicia por su propia mano.
Situación parecida ocurre en las entidades federativas. Al igual que en ámbito federal, el procurador puede ser removido libremente por el Ejecutivo del Estado, aun cuando en algunos casos intervenga en su designación el Poder Legislativo. Por lo anterior, El abogado Pérez Zárate considera pertinente evaluar la posibilidad de retirar a las procuradurías generales de justica y a la procuraduría general de república del ámbito del perder ejecutivo y convertirlas en sendos órganos constitucionales autónomos.
Para reforzar la autonomía del órgano de procuración de justicia sería conveniente establecer un mecanismo de designación de su titular que evitara crear una relación de gratitud con cualquier persona que pudiera desvirtuar la imparcialidad que le debe caracterizar, para lo cual se propone:
• Establecer con precisión los requisitos idóneos para ocupar el cargo.
• Autopostulación de candidatos para ocupar el cargo por quienes aspiren a ello.
• Creación de una comisión integrada por sendos representantes de los podres Legislativos, Ejecutivo y Judicial para determinar cuáles de los aspirantes autopostulados cubren los requisitos para ocupar el cargo.
• Designación por pate de la referida comisión mediante insaculación, del titular de la Procuraduría correspondiente
En Guerrero vivimos apenas los efectos de ese fenómeno. El Poder Legislativo eligió al procurador Alberto López Rosas quien llevaba al hilo éxitos sin precedentes en investigaciones de alto riesgo como el caso Chavarría, el del asesinado del diputado Moisés Villanueva, por citar dos ejemplo. A la primera falla fue removido por el ejecutivo en una decisión de carácter político en la que no se valoró el trabajo del procurador. El legislativo lo puso. Pero el dedo político del ejecutivo lo removió de manera contundente.
NUMERALIA
1) Dos mil 212 municipios, es decir el 86 por ciento de los 2 mil 456 que hay en el país, tienen al menos la mitad de su población en situación de pobreza, reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
2) En estos territorios la proporción de habitantes pobres va del 50 a casi el 100 por ciento.
3) El municipio con mayor porcentaje de pobladores en esta condición es San Juan Tepeuxila en Oaxaca, que alcanza un nivel del 97.4 por ciento, es decir, 2 mil 198 de las 2 mil 256 personas que viven ahí son pobres.
4) En tanto, el municipio con mayor porcentaje de su población en pobreza extrema es Cochoapa el Grande, en Guerrero, con el 82.6 por ciento: 12 mil 424 de 15 mil 041 de sus residentes son pobres extremos.
5) En contraste, la delegación Benito Juárez del Distrito Federal es el punto nacional con el menor porcentaje de su población en estado de pobreza: sólo el 8.7 por ciento; también comparte con San Pedro Garza García, en Nuevo León, el primer lugar entre los de menor porcentaje de población en extrema pobreza, con apenas el 0.4 por ciento.
TRASCENDIÓQUE el prestigiado empresario de la educación (Instituto Londres) Humberto Parra no necesita de solicitar licencia o renunciar a cargo público alguno para registrar sus aspiraciones como candidato a diputado local por el distrito tres de Acapulco. Ahí el PRD, su partido, es bastión duro de roer.
QUE el aun secretario de desarrollo social del gobierno de Guerrero, David Jiménez Rumbo, aun no se percata que las campañas políticas concluyeron hace mas de ocho meses y que, en el gobierno, existen protocolos que se siguen a pie juntillas. Uno de ellos es no escupir para arriba, donde se sienta por lo regular el jefe.
QUE sus lamentos de que el gobernador del estado solo ponga orden en sus funcionarios emanados del PRD y a los del PRI los deje hacer lo que quieran sin “meter orden” no han caído bien entre los que integran el primer gabinete estatal construido en base a consensos de una fuerte coalición electoral que se hizo gobierno.
QUE su frase: “No creo bajo ninguna circunstancia que haya dado la orden Almonte, que la haya dado mucho menos Alberto López, yo no creo que la haya dado mucho menos Humberto Salgado Gómez, que por cierto no ha dicho nada”, lleva impresionante jiribilla que tendrá respuesta por el mes de enero.
QUE CONSTE“Que prensa critique duele como la primera relación sexual de una mujer”. Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero.
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