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El año 2018 trajo al país al mayor cambio político. —En menos de un mes de gobierno señalan aciertos y errores cometidos. —La cancelación del aeropuerto de Texcoco, la decisión negativa más criticada, entre otras.--En Guerrero, HAF logra que el estado avance en un ambiente enrarecido por la violencia. —Impone Súper delegados y ataca a la SCJN.

El 2018 fue un año que trajo cambios de gran importancia para México, al ganar la presidencia el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien, aun antes de asumir el cargo ya estaba dando instrucciones y mandando iniciativas al Congreso de la Unión, bajo el control de sus diputados y senadores, para imponer decisiones, no siempre bien vistas ni evaluadas como benéficas para el país.

El evento más importante del año fueron las elecciones del 1 de julio, en el que AMLO resultó electo presidente, dejando muy atrás a los otros tres candidatos, José Antonio Meade, del PRI; Ricardo Anaya, del PAN y PRD, y el Bronco Rodríguez, candidato independiente.

Poco más de 30 millones de votos recibió en su favor López Obrador, lo que se ha interpretado como consecuencia del hartazgo que los otros partidos con mayor presencia, como PRI, PAN y PRD habían provocado en la ciudadanía del país, que estaba cansada de los problemas que enfrentaba con una vida cara, con el aumento que impusieron a los combustibles, calificado como “el gasolinazo”.

Además que el nivel de corrupción gubernamental alcanzaba proporciones de escándalo.

Parte de la campaña del nuevo presidente, se basó en el rechazo a esos aumentos y en el ofrecimiento de que bajarían en cuando asumirá la titularidad del Ejecutivo federal, además de combatir la corrupción, aunque ahora niega que lo prometiera.

Hasta ahora se advierte que su base devoto duros se mantiene en gran medida en respaldo de sus decisiones, pero no puede negarse que mucha gente empieza a dudar de que  este gobierno realmente pueda ofrecer un cambio favorable y progresista en el país, ya que se orienta mucho a medidas populistas y a pretender que las decisiones importantes sean tomadas por malas consultas populares, que resultan ser auténticas farsas.

LA CANCELACIÓN DEL AEROPUERTO DE TEXCOCO, LA DECISIÓN NEGATIVA MÁS CRITICADA, ENTRE OTRAS.--Son varias las decisiones de AMLO que han sido muy criticadas por los organismos representantes del mercado y los grupos financieros del país y el extranjero, pero el principal es la determinación personal, más que otra cosa, de cancelar el Aeropuerto de Texcoco, que ya llevaba un buen adelanto y cuya suspensión habrá de resultar bastante más cara que haberlo construido hasta completar las obras y facilitar su funcionamiento.

Esa decisión resultó inaceptable para los organismos aeroportuarios del mundo y los muchos inversionistas que habían comprometido importantes recursos financieros, de varios miles de millones de dólares, los que ahora deberán pagar con intereses y con la posibilidad de las ganancias y rendimientos que habrían obtenido, por lo que la suma se elevará considerablemente y hará que resulte ser el peor error financiero de este gobierno que apenas empieza.

EN TÉRMINOS GENERALES, SÓLO LOS grupos de sus seguidores incondicionales sostienen que el inicio de su administración es positivo para el país y los mexicanos en general, pero los organismos nacionales e internacionales de empresarios e inversionistas califican de negativa su actitud, porque ha roto la confianza de quienes podrían traer sus capitales para apoyar el crecimiento del país y facilitar la generación de empleos.

Lo más importante es que sus decisiones apresuradas, debidas a falsas consultas populares, han causado un daño muy importante en el nivel de confianza necesario en toda economía, para atraer inversiones y facilitar que los capitales se enraícen en el país y no que decidan retirarse, como medida de protección, que se ha dado en las últimas semanas.

EN GUERRERO, HAF LOGRA QUE EL ESTADO AVANCE EN UN AMBIENTE ENRARECIDO POR LA VIOLENCIA.—Este precario inicio de gobierno con tantos altibajos, genera incertidumbre, y no sólo eso, sino daños reales por la forma como se propone el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que en el caso de Guerrero resulta lesivo, ya que le recorta recursos necesarios destinados a la construcción y mantenimiento de caminos y carreteras, además que disminuye los fondos destinados al campo, que en este caso es muy importante, porque representa uno de los sectores productivos más importante, que había recibido apoyo del estado con inversiones que permitieron mejorar su producción y que llevaron tranquilidad y un buen ambiente al medio rural.

También busca recortar el subsidio de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), que en las condiciones actuales muestra faltantes y carencias que habrán de agravarse si se mantiene esa mala decisión de reducirles los fondos que reclaman.

Esa situación la planteó claramente el gobernador Héctor Astudillo, quien lamentó que se presente esa circunstancia que limita y afecta el desarrollo de la casa de estudios del estado, que está urgida de apoyos más amplios, no de recortes mal pensados y peor ejecutados.

En realidad resulta muy injusta esa mala acción del nuevo presidente AMLO, quien siempre ha tenido una respuesta amplia y generosa de los guerrerenses, especialmente de los grupos más desprotegidos, que de esta manera resienten acciones agresivas en su contra, casi de desprecio al amplio respaldo que ha recibido durante toda la prolongada campaña electoral desarrollada desde hace casi 15 años.

PARA COLMO DE MALES, López Obrador impone en los estados a un súper delegado con amplias funciones, que convierten en competidores de los gobernadores legalmente elegidos, con claras intenciones de clientelismo electoral, pues pretende que esos delegados se posicionen como sus candidatos al gobierno del estado, en el 2021, en el caso de Guerrero y en las fechas que corresponda en otras entidades.

Hay un claro intento de imponer un gobierno autoritario en el país, con los menos contrapesos posibles.

Por eso mismo ataca y busca disminuir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque es el único de los tres Poderes que no controla y escapa en alguna medida a sus imposiciones y excesos.

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El punto más sensible de la transición delineada por el presidente López Obrador en los primeros quince días del sexenio, ha sido el elevado costo financiero pagado al transitar en la curva de aprendizaje económico. 

El problema es que los responsables del área hacendaria no terminan de salir de un conflicto cuando ya se sumergieron en una nueva trampa, como queda claro con el debate que se avecina por la casi eliminación del Programa tres por Uno para migrantes.

Lo significativo de este capítulo es que del total de votos emitidos en el extranjero para presidente de la República, el 69 por ciento fueron para López Obrador, de ahí que los líderes de organizaciones migrantes radicados en Estados Unidos hayan iniciado un intenso cabildeo desde ayer para profundizar en los motivos que llevaron a quienes elaboraron el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, a reducir en un 92 por ciento los recursos destinados a la mezcla financiera para realizar obras de impacto colectivo en miles de comunidades mexicanas.

La base operativa del Programa Tres por Uno coordinado desde el 2002 por la anteriormente denominada Sedesol, ahora Bienestar, consiste en que por cada dólar aportado por los migrantes para iniciar mejoras en sus pueblos de origen, los gobiernos federal, estatal y municipal participan con el mismo porcentaje de inversión.

Durante la administración peñanietista la inversión federal a este programa fue de aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos, lo que representa un monto total de casi diez mil millones de pesos con las aportaciones sumadas de migrantes, gobiernos estatales y municipales, beneficiando a poco más de 14 millones de mexicanos.

En términos globales, más allá de la contribución social que impulsan los migrantes a través de este rubro, lo que resalta es el mensaje enviado con esta decisión por el gobierno López Obrador para marcar distancia con el segmento que aporta el tercer mayor ingreso de divisas para el país.

De acuerdo a cifras del Banco de México, hasta el pasado 1 de noviembre México había recibido en los primeros nueve meses del año remesas por un monto de 24 mil 676.5 millones de dólares. , lo que resulta superior a los 22 mil 666.7 que se recibieron en el mismo periodo del 2017, y representa un aumento de 10.82 por ciento.

El total de los ingresos por concepto de remesas registrado en 2017 fue de 30 mil 290.5 millones de dólares.

De este total, mil 191 millones de dólares fueron enviados a Guerrero por paisanos en el periodo enero-septiembre, 8 por ciento más que en el mismo tramo del año pasado, de acuerdo con Banxico.

El total de este año es la cifra más alta desde que se tiene registro del dinero enviado por los guerrerenses que trabajan en Estados Unidos.

Por lo pronto, lo que falta por definir es si estos criterios no son suficientes para mantener las líneas de coparticipación con los migrantes. 

Después de todo, el problema no radica en un enfoque de rendimiento presupuestal, sino que se trata de un espacio de coordinación técnico en el que nada tiene que ver criterios políticos o populistas. 

El Tres por Uno no es un programa asistencialista o con alcances utópicos, por lo que la reducción presupuestal a la que está siendo sometido refleja que la clave del debate sobre los ajustes a los programas sociales y a las participaciones federales para los estados, no se localiza en criterios macroeconómicos o reingeniería financiera estabilizadora.

En realidad, la mecánica seguida por los funcionarios de Hacienda para ajustar presupuestos a la baja revela indicios de que lo que persiguen tales decisiones es subordinar a todos los liderazgos sociales y figuras de gobierno al mando morenista. Y Guerrero no escapa a esta visión.

Por lo pronto, es posible que en los primeros meses del sexenio, la entidad vuelva a ocupar su posición de laboratorio socioeconómico que le otorgaron en el periodo 1970-2000 los gobiernos federales priistas para procesar las variantes políticas derivadas de bajos presupuestos.

Dos semanas después de haber tomado posesión López Obrador en la presidencia, se confirma la desaparición de 27 de los 150 programas sociales existentes y el notable debilitamiento de 37, entre ellos el Tres por Uno.

Ahora, corresponde a los legisladores federales enmendar el destino de este rubro en la fase de revisión, análisis y corrección del presupuesto federal. En el fondo, los diputados están obligados a equilibrar estabilidad política con una proyección económica nacional en la cual los migrantes son parte esencial.

Al final de cuentas, es momento de que la parte hacendaria y los asesores económicos del presidente entiendan que el gobierno no se maneja solo en base a números. En política, la lógica no siempre es lógica.