El punto más sensible de la transición delineada por el presidente López Obrador en los primeros quince días del sexenio, ha sido el elevado costo financiero pagado al transitar en la curva de aprendizaje económico. 

El problema es que los responsables del área hacendaria no terminan de salir de un conflicto cuando ya se sumergieron en una nueva trampa, como queda claro con el debate que se avecina por la casi eliminación del Programa tres por Uno para migrantes.

Lo significativo de este capítulo es que del total de votos emitidos en el extranjero para presidente de la República, el 69 por ciento fueron para López Obrador, de ahí que los líderes de organizaciones migrantes radicados en Estados Unidos hayan iniciado un intenso cabildeo desde ayer para profundizar en los motivos que llevaron a quienes elaboraron el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, a reducir en un 92 por ciento los recursos destinados a la mezcla financiera para realizar obras de impacto colectivo en miles de comunidades mexicanas.

La base operativa del Programa Tres por Uno coordinado desde el 2002 por la anteriormente denominada Sedesol, ahora Bienestar, consiste en que por cada dólar aportado por los migrantes para iniciar mejoras en sus pueblos de origen, los gobiernos federal, estatal y municipal participan con el mismo porcentaje de inversión.

Durante la administración peñanietista la inversión federal a este programa fue de aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos, lo que representa un monto total de casi diez mil millones de pesos con las aportaciones sumadas de migrantes, gobiernos estatales y municipales, beneficiando a poco más de 14 millones de mexicanos.

En términos globales, más allá de la contribución social que impulsan los migrantes a través de este rubro, lo que resalta es el mensaje enviado con esta decisión por el gobierno López Obrador para marcar distancia con el segmento que aporta el tercer mayor ingreso de divisas para el país.

De acuerdo a cifras del Banco de México, hasta el pasado 1 de noviembre México había recibido en los primeros nueve meses del año remesas por un monto de 24 mil 676.5 millones de dólares. , lo que resulta superior a los 22 mil 666.7 que se recibieron en el mismo periodo del 2017, y representa un aumento de 10.82 por ciento.

El total de los ingresos por concepto de remesas registrado en 2017 fue de 30 mil 290.5 millones de dólares.

De este total, mil 191 millones de dólares fueron enviados a Guerrero por paisanos en el periodo enero-septiembre, 8 por ciento más que en el mismo tramo del año pasado, de acuerdo con Banxico.

El total de este año es la cifra más alta desde que se tiene registro del dinero enviado por los guerrerenses que trabajan en Estados Unidos.

Por lo pronto, lo que falta por definir es si estos criterios no son suficientes para mantener las líneas de coparticipación con los migrantes. 

Después de todo, el problema no radica en un enfoque de rendimiento presupuestal, sino que se trata de un espacio de coordinación técnico en el que nada tiene que ver criterios políticos o populistas. 

El Tres por Uno no es un programa asistencialista o con alcances utópicos, por lo que la reducción presupuestal a la que está siendo sometido refleja que la clave del debate sobre los ajustes a los programas sociales y a las participaciones federales para los estados, no se localiza en criterios macroeconómicos o reingeniería financiera estabilizadora.

En realidad, la mecánica seguida por los funcionarios de Hacienda para ajustar presupuestos a la baja revela indicios de que lo que persiguen tales decisiones es subordinar a todos los liderazgos sociales y figuras de gobierno al mando morenista. Y Guerrero no escapa a esta visión.

Por lo pronto, es posible que en los primeros meses del sexenio, la entidad vuelva a ocupar su posición de laboratorio socioeconómico que le otorgaron en el periodo 1970-2000 los gobiernos federales priistas para procesar las variantes políticas derivadas de bajos presupuestos.

Dos semanas después de haber tomado posesión López Obrador en la presidencia, se confirma la desaparición de 27 de los 150 programas sociales existentes y el notable debilitamiento de 37, entre ellos el Tres por Uno.

Ahora, corresponde a los legisladores federales enmendar el destino de este rubro en la fase de revisión, análisis y corrección del presupuesto federal. En el fondo, los diputados están obligados a equilibrar estabilidad política con una proyección económica nacional en la cual los migrantes son parte esencial.

Al final de cuentas, es momento de que la parte hacendaria y los asesores económicos del presidente entiendan que el gobierno no se maneja solo en base a números. En política, la lógica no siempre es lógica.