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Chilpancingo, Gro., 6 de abril de 2016.— La Comisión de Seguridad Pública del Congreso local analiza un exhorto al Ejecutivo Estatal para que inicie la coordinación y delimitación de competencias entre el Estado y el sistema de justicia comunitario, respetando en todo momento los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.

Asimismo, para que se exhorte al secretario de Seguridad Pública que dote y provea de implementos básicos, insumos necesarios e idóneos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), el desempeño y desarrollo de sus funciones legales.

Dicho exhorto, que se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, fue propuesto por la diputada María de Jesús Cisneros Martínez, quien señaló que la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas establece que “el Estado reconoce la existencia del sistema de justicia de la Costa-Montaña y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias para todos los efectos legales a que haya lugar”. 

Dijo que legalmente este artículo es la base para la emisión de la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Gobernador, al Congreso y al Fiscal General de Guerrero, para que las entidades públicas estatales y las indígenas se reconozcan mutua competencia. 

Sin embargo, manifestó que aun cuando el Ejecutivo Estatal ha dicho que acatará la citada recomendación, las autoridades comunitarias siguen siendo ignoradas y no hay intención para coordinar y delimitar competencias entre el estado y el sistema de justicia comunitario. 

Por eso, pide que se exhorte al Ejecutivo Estatal para que inicie las acciones de delimitación de competencias, mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y jurídico estatal, respetando los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, de la CRAC-PC, a sus autoridades y reglamentos internos.

La presidenta de la Comisión de Gobierno, Flor Añorve Ocampo, hizo entrega de uniformes al personal de seguridad del Poder Legislativo. Estuvo presente el director de administración, Joel Eugenio Flores  y la subadministradora María Elena Sánchez Hernández.

Chilpancingo, Gro., 05 de abril de 2016.— Para fortalecer el vínculo entre las instituciones de gobierno y la ciudadanía, la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano propone la iniciativa de Ley para la Revocación del Mandato.

Dicha propuesta obligaría a funcionarios electos a rendir cuentas de la eficiencia y eficacia en el desempeño de su cargo. 

La iniciativa de ley presentada por los diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, es con el fin de regular el sistema jurídico de la Ley para la Revocación del Mandato para que el gobernador, diputado local, presidente municipal o funcionario de ayuntamientos sea removido de su cargo.

La solicitud de revocación de mandato procederá una vez transcurrido nueve meses contando a partir del momento de la posesión al cargo.

Y durante el año que se celebre la renovación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos no se podrá realizar ningún procedimiento de revocación de mandato para los funcionarios que habrán de renovarse.

En tribuna, el diputado Ricardo Mejía informó que la iniciativa de ley tiene como fin contribuir a la consolidación de la vida democrática que es necesaria para evitar que se sigan manteniendo en el estado los gobiernos fallidos.

Argumentó que con la regulación del marco normativo se logrará que la sociedad sea más participativa y someta al escrutinio público el desempeño de sus gobernantes y determinar la continuidad o no de estos en su función pública.

Cabe mencionar que quien solicite la revocación de mandato deberá ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos político- electorales, ser originario del estado, distrito o municipio y contar con el respaldo del 0.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la demarcación territorial.

La iniciativa de ley fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Participación Ciudadana para su análisis respectivo. 

La 61 Legislatura exhortó al Ejecutivo Estatal, para que analice y gestione ante las instancias correspondientes, la disminución de las tarifas en las casetas de cobro de los accesos de la Autopista del Sol, en el viaducto Metlapil y el Maxitunel.

La propuesta de los diputados César Landín Pineda y Héctor Vicario Castrejón, estima que las cuotas de estas vías “excesivas y contrarias a las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno”.

Los legisladores coincidieron que las tarifas de 103 y 101 en el viaducto Metlapil y el Maxitúnel son las cuotas más elevadas de todo el país y por ello se deben reducir para evitar que repercuta en el sector turístico ya que son quienes aportan una derrama económica en el estado.

Reiteraron que seguirán trabajando para que se mantengan precios accesibles en los servicios porque es una manera de generar empleos permanentes y bien remunerados que detonará en el desarrollo del país y la entidad.

Propuestas 

El diputado J. Jesús Martínez Martínez presentó un exhorto a los tres órdenes de gobierno para que renueve el Convenio de Colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes siga coadyuvando en las indagatorias del caso Iguala- Ayotzinapa. El documento fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos.

A las comisiones Unidas de Derechos Humanos, Seguridad Pública y Salud fue turnada la propuesta de acuerdo parlamentario para exhortar al secretario de gobernación, Miguel ángel Osorio Chong y al titular de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes, para que se garanticen los servicios médicos, con recursos humanos, materiales, financieros, farmacéuticos e incluso psiquiátricos para atender a las personas que sufren de alguna enfermedad en los centros penitenciarios del país y el estado. La propuesta fue presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

En otro punto, la diputada Ma. de Jesús Martínez Cisneros propuso exhortar al Ejecutivo Estatal y al secretario de Seguridad Pública para que implementen acciones de vinculación entre los Sistemas Normativos Indígenas y Sistema Jurídico Estatal para que se consideren los usos y costumbres y especificidades culturales para que se les reconozca su personalidad jurídica, la propuesta fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública.