El Regional de la Costa: sitio web donde encontrarás las noticias más relevantes del Estado de Guerrero

Chilpancingo, Gro., 20 de julio de 2017.- Legisladores locales exhortaron a los ayuntamientos para que adecuen y revisen su reglamentación, promoviendo y observando los principios de competencia y libre concurrencia en el mercado de expendio al público de gasolina y diésel, emitidas por la Comisión Federal de Competencia Económica.

En la sesión ordinaria de este jueves, se aprobó el dictamen que exhorta a los cabildos municipales realizar adecuaciones a sus reglamentos de construcciones, ordenamiento territorial y urbano, ecología y protección al ambiente, para garantizar que no se impongan distancias mínimas ni restricciones relativas a la superficie y características de los predios donde se construyan gasolineras, que vayan más allá de lo determinado por la regulación federal sobre seguridad y medio ambiente.

Asimismo, que favorezcan las condiciones de competencia entre gasolineras en la entidad, y con ello el abasto de petrolíferos a precios más competitivos para los consumidores. Además que establezcan tiempos expresos y expeditos de respuesta a las solicitudes de permisos.

Al fundamentar el dictamen, el diputado César Landín Pineda dijo que objetivo de este exhorto es que las autoridades locales eviten imponer restricciones necesarias y favorecer el proceso de competencia en las gasolinas y el diésel. 

Iniciativas

El grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano presentó al Pleno una iniciativa de Ley de Ejecución de Pena y Medidas Judiciales del Estado, misma que se turnó a las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública para su análisis.

En otro punto, la diputada Yuridia Melchor Sánchez propuso reformas al Código Penal del Estado para establecer instrumentos jurídicos eficaces y humanistas, dotados de garantías y acordes a los tratados internacionales, en beneficio de los menores de 18 años.

Dictámenes 

En la misma sesión se aprobó la adhesión al acuerdo emitido por el Congreso de Michoacán, para exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que lleve a cabo las acciones necesarias para revisar y modificar las normas oficiales que establecen modificaciones que deben cumplirse en materia de seguridad y extintores contra incendios en los centros de trabajo.

Además quedó de primera lectura el dictamen que aprueba la renuncia de Robespierre Robles Hurtado al cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Acuerdos 

A propuesta de la diputada Maluisa Vargas Mejía, se exhortó al secretario de Protección Civil, Marco César Mayares Salvador, para que dé a conocer el resultado del estudio geológico, hidrológico y satelital de las laderas en riesgo de deslizamiento, realizado y entregado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, para prever y realizar las acciones necesarias para el alertamiento de los ciudadanos que viven en zonas de alto riesgo.

En tanto que la diputada María de Jesús Cisneros Martínez propuso exhortar al Ejecutivo estatal, a los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, de la Comisión de los Derechos Humanos, al fiscal general del estado y al comisionado ejecutivo, como integrantes del Sistema  Estatal de la Coordinación para la Atención Integral a Víctimas en el Estado, para que informen cuántas personas recluidas en los Centros de Readaptación Social a los que se les siguen sus procesos hasta que se les dicte sentencia, serán puestas en libertad inmediata, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Chilpancingo, Gro., 17 de julio de 2017.- Con el propósito de brindar a los indígenas una defensa en la contestación de una demanda cuando éstos hayan firmado un título de crédito sin saber el contenido y alcance del mismo, la Comisión de Hacienda analiza una propuesta de adición a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que será puesta a consideración del Congreso de la Unión.

En la iniciativa se señala que actualmente existe un gran abuso de personas que prestan dinero con intereses elevados, aprovechándose de la necesidad de sus deudores porque los hacen firmar en blanco un título de crédito o pagaré. Este problema adquiere una mayor magnitud cuando el suscriptor del pagaré no habla ni entiende el idioma español y en muchas de las ocasiones las deudas no existen.

Dice que aprovechándose de la falta de comunicación de quienes hablan una lengua originaria y sin entender o hablar el idioma español, los hacen firmar sin que éstos adviertan las consecuencias de carácter judicial.

También refiere que al hablar sólo la lengua originaria, los indígenas se vuelven un blanco fácil para los oportunistas y defraudadores, que aprovechándose de esta condición realizan actos u operaciones mercantiles, haciendo firmar documentos sin que en muchas ocasiones entiendan el contenido del título de crédito, ni mucho menos comprendan las obligaciones de índole mercantil que trae consigo la firma de un pagaré.

Manifiesta que desafortunadamente para quien suscribe un pagaré no existen defensas y excepciones para contradecir el contenido y firma de éste, y los juicios ejecutivos mercantiles tienen un gran éxito cuando la firma que se estampa es cierta, lo que significa que si un indígena firma un pagaré sin comprender el significado y alcance de su acción, estaría condenado al pago de una deuda que en muchas de las ocasiones no existen.

Asegura que la norma en la materia no prevé alguna defensa o excepción que se refiera a la falta del entendimiento en el idioma que se suscribe, por lo que resulta necesario adicionar una fracción al numeral 8 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Esto, sin lugar a dudas, daría mayores argumentos de defensa para los hermanos indígenas que son llevados a juicio ejecutivo mercantil.

Por esta situación, la propuesta es que los indígenas que no hablen el español y estén en una situación de haber firmado un título de crédito sin saber el contenido o alcance del mismo, cuenten con una defensa para ser ejercitada en la contestación de la demanda, lo que le daría la posibilidad de acreditar lo engañoso del acto mercantil.

Cabe mencionar que una vez aprobado el dictamen, se propondría a consideración del Congreso de la Unión para que continúe con el procedimiento legislativo correspondiente.