En corrillos políticos locales trasciende con fuerza la especie: desesperado por el incremento del conflicto público, el gobernador Héctor Astudillo Flores, acudió presuroso a la ciudad de México, con la intención de que sea el presidente Peña Nieto, quien “tire línea” en relación a lo que debe hacer, qué decisiones tomar y cómo debe conducirse ante los hechos recientes. Y los que ya se están fermentando. Lo anterior confirmaría una sola cosa: los miedos para gobernar del mandatario estatal. Pero también su ausencia de visión política para entender, evaluar y operar con inteligencia y sabiduría, las duras realidades guerrerenses. En otras palabras: pareciera que no pretende cometer los mismos errores del ex gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero. Es decir, gobernar con autonomía y auténtica jurisdicción territorial a la entidad; sino apelar al consejo y la asesoría continua de la Federación tricolor. Para que en caso de enfrentar escenarios de crisis política y social mayúscula, los comparta con Peña Nieto. Y sea más difícil que pueda abandonar el gobierno estatal. Pero es un arma de doble filo. Porque si bien es cierto que se blinda políticamente con la Federación, ante sus gobernados aparece débil y desprovisto de carácter para resolver los problemas más acuciantes. Se lee así.

 CONFLICTO EN DOBLE BANDA.- Dos asuntos le están metiendo mucho ruido a la agenda gubernamental: el caso de la violencia en el municipio de Apango. Y el inicio del ciclo escolar que estaría dejando sin trabajo a 60 mentores guerrerenses disidentes. Las lecturas son elocuentes:

1.- En Apango, el gobierno estatal entendió que la estrategia de encarcelar al ex edil panista de Apango, Crisóforo Nava Barrios, fue un error. Y optó por liberarlo tras el pago de una fianza por 50 mil pesos. Sin embargo, eso no resuelve el problema político de fondo. Porque Crisóforo y sus huestes no descansaran hasta que la Auditoría General del Estado (AGE) y la propia Contraloría del Estado, den a conocer el estado de las auditorías hechas –si es que las hicieron- a la comuna encabezada por Felicitas Muñiz Gómez, la polémica alcaldesa del MC que se defiende con uñas y dientes ante las acusaciones de corrupción y desvío de recursos. Pero no presenta ningún documento oficial que avale su presumible “honestidad” y correcta aplicación de los presupuestos. Más aún: Crisóforo podría radicalizar sus acciones tras su efímera detención, encarcelamiento y posterior liberación. Y el gobierno estatal carece de un plan B para enfrentar dicho escenario.

2.- En la SEG, los 60 maestros despedidos desde finales de junio pasado se convirtieron en un dolor de cabeza tanto para el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, como para el propio mandatario estatal. Porque si durante el feneciente periodo vacacional, un sector disidente de la Ceteg bloqueó la autopista del Sol y secuestro las casetas de cobro, es evidente que su movilización por la restitución de los despedidos se incrementará en el inicio del ciclo escolar. Y las huestes radicales e incendiarias de Ramos Reyes Guerrero, opten por el camino de la violencia y el vandalismo. En este escenario la pregunta perturba: ¿Aplicará el gobierno estatal la misma medida operada en Apango, consistente en aprehender a Ramos Reyes y algunos de sus seguidores más cercanos, como forma de conjurar la protesta magisterial disidente? ¿Fueron el mandatario estatal y su secretario de Educación a la ciudad de México, con el fin de recibir “línea presidencial”, para sortear ambos conflictos y acaso por esa razón, antes de mediodía de ayer se ordenó liberar a Crisóforo Nava? ¿Hasta dónde aguantará la cuerda antes de instalarse en la completa crispación social? Lo cierto es que ni el presidente Peña Nieto, tiene la fórmula para revertir lo anterior. Su imagen negativa cayó hasta el 74 por ciento. De ser así, es previsible que Astudillo Flores, también equivoque el camino. Porque en la función pública no hay límites para el deterioro.

 

HOJEADAS DE PÁGINAS…La titular de Sedesol estatal, Alicia Zamora Villalba, ignora a los 11 representantes que integran el Comité Técnico del Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP). Porque desoyendo la instrucción gubernamental, declina reunirse con ellos. Tampoco explica cómo se ejercen los 5 millones de pesos aprobados por el Congreso local para dicho Fondo. Además, minimiza la figura del Coordinador del FAP. Y pretende desaparecer el Programa de Vivienda. ¿Acaso se encamina a extinguir al FAP?  ¿Así le endereza la plana al gobernador con la prensa?