*Periodistas y Defensores de Derechos Humanos indefensos

A partir del primero de abril del 2011 en que tomó posición de la gubernatura del estado de Guerrero Angel Aguirre Rivero, han aumentado los desplazados a otros estados del País y al extranjero, entre ellos, defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas del delito y sus familias, lo anterior fue denunciado por el periodista guerrerense José Antonio Sánchez, quien se encuentra en calidad de desplazado del estado sureño desde noviembre del 2010 y acogido a la nueva LEY DE PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS aprobada en el Senado de la República el 24 de abril del presente año.

Entrevistado vía telefónica en un lugar del estado de Jalisco en donde se encuentra sujeto a medidas cautelares, precisó, que las víctimas de la violencia solo se cuentan muertas, sin embargo, el desplazamiento de líderes sociales, comunicadores, comerciantes, empresarios y defensores de los derechos humanos no gubernamentales, representan un fenómeno social de gran magnitud que los gobiernos Federal y Estatales no quieren ver. El estado de Guerrero es uno de ellos.

Refirió que hace unos días, se publicó el retorno al País, del  abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, exiliado en el extranjero al ser amenazado como respuesta a su labor en defensa de los derechos humanos. Vidulfo Rosales se entrevistó a su regreso al estado de Guerrero con el gobernador Angel Aguirre Rivero a quien le exigió garantías y castigo para quien lo han amenazado. Cien organizaciones defensoras de derechos humanos respaldaron la exigencia las cuales entregaron una carta al gobernador, en reclamo de las garantías para el libre ejercicio de su trabajo de Rosales Sierra y de otros defensores de derechos humanos en su misma situación. Aguirre Rivero habló de otorgarle garantías y protección, pero no precisó de qué tipo o partir de cuándo.

A ese respecto, José Antonio Sánchez hizo hincapié, de que el gobierno del estado de Guerrero se ha pronunciado en defensa de las víctimas de amenazas, solamente de manera enunciativa, nunca de manera física, ni llegando al fondo del asunto que concluya con el castigo de los responsables, la mayoría de ellos, funcionarios, ex funcionarios al servicio de intereses caciquiles y de delincuencia organizada y agregó, cientos de personas hemos tenido que abandonar el estado ante la posibilidad de perder la vida, las cifras, asegura el comunicador, son alarmantes y se remiten a las dadas por el Delegado del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía en el Estado, Eladio Hernández Montufar, quien en un informe preliminar aseguró que en las principales ciudades del estado de Guerrero salieron por causa de la violencia 18 mil personas, en ese grupo se encuentran familiares de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y periodistas asesinados.

José Antonio Sánchez quien se considera desplazado del estado de Guerrero por amenazas a su vida a manos de funcionarios y ex funcionarios del  gobierno Estatal (Procuraduría) y del ayuntamiento de Acapulco (SSPM), explica que, durante las últimas semanas del gobierno de Zeferino Torreblanca y el trienio de Manuel Añorve Baños como alcalde de Acapulco, fueron subiendo de tono las amenazas en su contra, en respuesta a su trabajo informativo, tanto,  que lo obligaron a salir del Estado en noviembre del 2011.

El comunicador quien acaba de ser reconocido por la Asociación Nacional de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión (ANPPRYT) por sus cuarenta años ininterrumpidos en la profesión de periodista y por su lucha a favor de la Libertad de Expresión, es miembro del comité ejecutivo de la Federación de Periodistas y Editores de México (FENAPEM), ha formó parte del comité Técnico del Fondo de Apoyo a Periodistas y de la Comisión Proyectista de la Ley 463 de protección a los Periodistas del estado de Guerrero, es medalla Ignacio Manuel Altamirano de periodismo y ha recibido galardones de organizaciones nacionales de periodistas que lo catalogan como una autoridad en temas relacionados con la defensa de los comunicadores.

El entrevistado precisa que, al tomar posesión del gobernó estatal Angel Aguirre Rivero se abrió la posibilidad de regresar a su lugar de origen, bajo la primicia dada por el nuevo Ejecutivo Estatal  de dar las garantías necesarias a los comunicadores para el desempeño de su trabajo, sin embargo unos días después de sus declaraciones, el 7 de junio día del Periodista, fue secuestrado y desaparecido Marco Antonio López jefe de información del Periódico Novedades de Acapulco, crimen que hasta el momento sigue impune. Eso obligó al viejo reportero a permanecer en el exilio.

Aseguró José Antonio Sánchez, haberse acogido a la nueva LEY DE PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, contando ya, con el número de folio y acuse de recibo de su queja del aún presidente de la República Felipe Calderón y del Secretario de Gobernación Alejandro Poiré, faltando por recibir comunicación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en donde solicitará en próximos días, la emisión de recomendación al Ejecutivo Estatal guerrerense para que se reabran todos los casos de crímenes en contra de periodistas y se otorguen a los desplazados las medidas cautelares necesarias que permitan el desempeño de su profesión, obligación de todos los gobernadores de los Estados por mandato de la nueva ley aprobada por el Congreso de la Unión.

LOS DESPLAZADOS:- José Antonio Sánchez nos da, algunos ejemplos recientes de desplazados: La prensa estatal y nacional ha dado cuenta de la situación que viven familiares del alcalde con licencia Nadín Torralba Mejía, secuestrado. Otro ejemplo se da, con el asesinato del director de Gobernación municipal, Rogelio Lozano Herrera y cuya familia no ha recibido protección y ha sido obligada a salir de sus casas, esta denuncia la hicieron miembros del Colegio de Abogados Mariano Otero. Es pues inocultable la situación que guardan los desplazados en el estado de Guerrero y de ello la prensa nacional e internacional dice: “La violencia provocada por la delincuencia organizada en el estado de Guerrero ha dejado a dos pueblos vacios. Hombres y mujeres, niños y ancianos, han tenido que abandonar sus casas, sus terrenos de siembra y sus animales, en varios poblados de la región de Tierra Caliente, entre ellos, La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán,. El 22 de abril, ciento siete personas, que formaban la comunidad de Las Ollas, abandonaron dicha población por los continuos ataques de la delincuencia y de policías estatales. Entre los desplazados hay mujeres embarazadas, más de una treintena de niños menores de cinco años, esto lo denunciaron la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la Red Guerrerense de Organismos Civiles y Derechos Humanos”. De todo ello, el gobierno Estatal no se ha pronunciado, ni la Procuraduría de Justicia  ha emitido pronunciamientos en torno a sus investigaciones.