En el país, así como en el estado de Guerrero el sistema de procuración e impartición de la justicia si bien ha tenido avances, su homologación y aplicación sigue rezagada y es desigual en cuanto a su cabal cumplimiento, sobre todo cuando los municipios no han hecho la parte que les corresponde en cuanto a la prevención del delito.

En Guerrero la aplicación de las reformas al nuevo sistema penal acusatorio son el  modelo de referencia que ha marcado notables avances en la materia, pero es evidente que aún existe una necesidad imperiosa de fortalecer las instituciones, racionalizar los esfuerzos y generar intervenciones conjuntas que aceleren los procesos de cambio y al mismo tiempo  garanticen a los guerrerenses el acceso a la justicia.

La Procuración de Justicia es un área de vital importancia para nuestra sociedad, ya que esta se encarga de salvaguardar el estado de derecho, con apego a la legalidad y con respeto total a los derechos humanos, mediante una responsabilidad ética y honestidad intachable de los servidores públicos.

Por ello la impartición de justicia es uno de los cometidos fundamentales de todo estado de derecho, a tal grado que justifica incluso su propia existencia, además de ser el más poderoso de los recursos con que cuenta el ente público para cumplir su función primordial, para garantizar la paz y la seguridad a la ciudadanía.

Sin embargo, cuando los municipios dejan de hacer su trabajo en materia de prevención del delito el propósito de administrar la justicia como el ideal más aspirado por toda sociedad organizada, se detiene, se rezaga, pues, aunque esta significa el progreso y la paz social para todos, algunos parecen no entender cuál es el compromiso de cada cual.

La conjugación de la apatía de las autoridades omisas y la indiferencia con la que la sociedad ahora se comporta, han logrado una mezcla letal, que, en el caso del puerto de Acapulco, nuestra principal entrada de divisas al estado de Guerrero, la inseguridad ha ido apagando la alegría de este destino turístico, el otrora centro de distracción del jet-set norteamericano.

Amén de que estamos viviendo una época donde predomina el miedo, en donde existe la ansiedad entre una gran parte de la población ante la posibilidad de que en cualquier momento alguien llegue y le robe su celular o equipo de cómputo, además del temor de encontrar sus hogares allanados.

En marzo de 2017 la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reveló que el 72.9% de los ciudadanos consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Esta sensación de inseguridad se deriva de factores como la presencia de conductas delictivas o antisociales que se desarrollan en el entorno social de las personas, esto provoca cierta normalización de la violencia y nos insensibilizamos para lidiar con ella.

 

En los últimos veinte años se ha apostado por la estrategia de persecución del delito, es decir, que la agenda política se ha centrado en combatir el crimen en todas sus expresiones, no obstante, en lo que respecta a la prevención del delito, esta no ha recibido la suficiente atención.

Las políticas de prevención de la violencia deben estar a la par que las estrategias de combate a la delincuencia y cualquier otro proyecto en materia de seguridad.

Esperemos entonces a ver si a las nuevas autoridades les cae el veinte y asumen ya su responsabilidad ante el pueblo y dejen de estar buscando culpables cuando la responsabilidad en materia de seguridad es compartida.