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Si la presencia inmediata del Gobernador Héctor Astudillo Flores en las zonas siniestradas en menos de una semana por el huracán Max y la sacudida sísmica del pasado martes, generó la percepción de que Guerrero acentuó la crisis económica y social que arrastra desde hace décadas, en realidad hay que saber leer detrás de las tragedias derivadas de los fenómenos naturales.

Por lo pronto, la rápida respuesta otorgada por la administración estatal a las necesidades de miles de familias damnificadas en municipios de la Costa Chica y Costa Grande, y los trabajos inmediatos de supervisión en comunidades afectadas por el terremoto, no fue producto de decisiones emergentes tomadas bajo la presión de los lamentables hechos.

La activación de acciones preventivas y la aplicación de dispositivos para auxiliar a la población que habitaba en zonas inundadas, no se diseñó sobre un escritorio de la noche a la mañana.

En realidad, los cálculos del impacto meteorológico, la localización de opciones de comunicación físicas y virtuales y la estrategia para aterrizar envíos y recepción de provisiones a las zonas afectadas, fueron parte de un plan que se cocinó a fuego lento con la debida antelación bajo la clave de que septiembre y octubre son los meses más riesgos para la entidad de acuerdo a experiencias de años recientes.

Y es que una ligera revisión sobre las desgracias motivadas por huracanes durante las últimas dos décadas, -1997 Pauline y 2013 Ingrid y Manuel-, coincide en que el peor saldo provocado por esos fenómenos se derivó de la carencia de un mecanismo de orientación, prevención y respuesta inmediata en ambos sucesos trágicos.

No hace mucho pues ni el gobierno estatal, ni los ayuntamientos, consideraban dentro de sus líneas prioritarias de gobierno, la instalación de sistemas de alerta y mucho menos de suficientes albergues, personal y equipo destinado a la protección civil.

Al final de cuentas se trataba de un trabajo que les valía madre. 

De ahí que cuando se observan los recorridos del gobernador Astudillo y la permanencia por tiempo indefinido de su gabinete en comunidades de Cruz Grande y San Marcos, los dos municipios más afectados por “Max”, se aprecie también la existencia de una bolsa presupuestal reservada para tareas de prevención civil.

Es decir, en el fondo de las acciones de ayuda inmediata desplegadas durante la última semana el lubricante elemental de la maquinaria de auxilio es el dinero etiquetado para este renglón. 

Sin el recurso financiero guardado para este fin el gobernador no podría declarar que su administración apoyará monetariamente a pescadores de Pico del Monte y Cuatro Bancos, que perdieron todos sus instrumentos de trabajo debido a la intensidad del temporal.

Menos anunciaría la disposición para que la Secretaría de Finanzas del Estado busque la fórmula que permita apoyar económicamente a productores agrícolas de maíz, sandía, frijol, papaya, ajonjolí y limón cuyas parcelas resultaron siniestradas con afectación total.

En realidad, todo el engranaje de protección civil no caminaría de no existir una bolsa específica destinada a subsanar el área que durante los últimos años se ha colocado como uno de los renglones más importantes en los tres niveles de gobierno.

En lo sucesivo, quien no lo entienda así está obligado a leer el expediente Juan Salgado Tenorio, o bien revisar la frivolidad del gobierno guerrerense y el acapulqueño durante la tormenta Manuel.