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El video causó sorpresa. Despertó el morbo y la duda. Porque nunca antes se había ventilado tan ruidosamente en los medios de comunicación, el asunto del involucramiento de la Policía Municipal Preventiva de Chilpancingo, en tareas de “levantamiento” de personas. La secuencia de imágenes exhibidas en el noticiero En Punto de Denisse Marker, la noche del jueves 18 de enero pasado, mostraba a los gendarmes en plena faena delictiva. El referente era inesquivable: desde el 4 de enero, al menos 7 jóvenes desaparecieron en la capital. Y se endosó estas desapariciones a la Policía Preventiva. Tres días después de la publicación de ese video atribuido a las cámaras del Centro de Cómputo Control y Comando (C-4), el secretario de seguridad pública municipal, Esteban Espinosa Montoya, presentó su renuncia. De ahí se lee lo demás.

C-4 Y C-5: UTILIDAD POLÍTICA.- El lunes 9 de mayo de 2016, elementos del Ejército mexicano tomaron el control de los C-4 en Chilpancingo, Iguala y Acapulco. Su misión concreta era realizar labores de vigilancia, en función de que autoridades de Seguridad Pública Estatal, habían señalado en varias ocasiones, que esas oficinas estaban infiltradas y desde ahí se daba información a los grupos del crimen organizado. La secuencia de hechos es propia de falacias, simulaciones y engaños sistematizados:

1.- Hasta antes de tomarse esa decisión, el C-4 era manejado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a cargo en esa fecha, de Daniel Pano Cruz, del grupo político del ex gobernador René Juárez Cisneros. En un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, se justificaba la incursión del Ejército en tareas de vigilancia: “Los C-4 están siendo transferidos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, organismo que en un plazo no mayor de 6 meses deberá reclutar y capacitar personal con el perfil adecuado que permita desempeñarse con mayor acierto en estas áreas sumamente sensibles para la seguridad pública del Estado”. El punto sin embargo, es que la violencia y la inseguridad, se incrementaron drásticamente. No solo todo el 2016, sino que creció en forma alarmante durante todo el 2017. De nada sirvió que el Ejército vigilara a través de las cámaras del C-4.

2.- Un año después –el 22 de mayo de 2017-, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), devolvió a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el control de los C-4. El vocero, Roberto Álvarez Heredia, asumió que “ahora son atendidos por personal que tiene debidamente aprobados sus exámenes de control y confianza”. Pero el crimen se tornó imparable. Desde entonces, nada se supo de los resultados arrojados por el C-4. Hasta que surgió el escándalo de los policías preventivos en los inicios de este año. Y la renuncia de Esteban Espinoza Montoya. Lo cual metió mucho ruido. ¿Por qué si el C-4 está bajo control de la juarezcisnerista, Nibia Solis Peralta –esposa de Daniel Pano-, se utilizaron esas cámaras para exhibir y motivar la renuncia a su cargo, de un miembro de ese grupo político? ¿Se utiliza el C-4 más con fines políticos que de verdadera vigilancia al delito?

3.- El gobernador Héctor Astudillo, acaba de hacer un anuncio ruidoso en materia de seguridad pública: la construcción en Acapulco, de un Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5). En acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Pero se olvidó meter a revisión y dar los pormenores de la casi nula funcionalidad de los C-4. Y en esta vertiente, los C-5 ya no serán confiables para el ciudadano común. Por más tecnología de punta y ruido mediático con que se vendan.

HOJEADAS DE PÁGINAS…En el Congreso local, la Comisión de Gobierno quedó acéfala, tras la licencia de la diputada tricolor, Flor Añorve Ocampo, quien irá a la competencia por la alcaldía de Taxco. El relevo es un misterio. Pero se filtra una terna de priístas: el añorvista Samuel Reséndiz Peñaloza, el figueroísta, Cuauhtémoc Salgado Romero, y la astudillista, Beatriz Alarcón Adame.

(Ciudad de Halifax / Ciudad de Guatemala) 7 de febrero, 2018.- Para la Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas y Guatemala (RES), el reciente anuncio del nombramiento del Ombudsman Canadiense para la Empresa Responsable podría ser un paso hacia una mayor responsabilidad de las empresas, aunque su eficacia aún está por verse, señala Leocadio Juracán miembro de Congreso guatemalteco y ex-coordinador del Comité de Campesinos del Altiplano (CCDA) (Foto de  Prensa Comunitaria)

La oficina tendrá la facultad de investigar las quejas de derechos humanos contra las empresas Canadienses que operan en el extranjero y podrá emitir recomendaciones públicas a dichas empresas que se encuentren haber cometido daños, así como al gobierno Canadiense. El Ombudsman podría recomendar la retirada de algunos servicios gubernamentales tales como la promoción del comercio en casos específicos, así como la reforma de las leyes y políticas Canadienses.

Como organización de solidaridad, RES ha trabajado con los guatemaltecos que luchan por la justicia política, social y económica desde 1988. En 2004, RES comenzó el acompañamiento de los derechos humanos a comunidades en Guatemala que sufren graves abusos asociados con los proyectos mineros Canadienses. Desde entonces, los miembros de RES a través de las provincias Marítimas han formado parte de un movimiento creciente en el país exigiendo una mayor supervisión de las empresas mineras Canadienses que operan en el extranjero. Durante años, los miembros de RES se han unido a los miembros de la Red Canadiense de rendición de cuentas de las empresas (CNCA en ingles) para pedir la creación de un Ombudsman eficaz para el sector extractivo.

Miembro de Congreso guatemalteco y ex-coordinador del Comité de Campesinos del Altiplano (CCDA) Leocadio Juracán hizo hincapié en la importancia de esta oficina recientemente anunciada, diciendo: “Ojalá que esta instancia del procuraduría que se estaría formando en Canadá sea realmente independiente y que se le permite hacer realmente su trabajo por que es para el beneficio de la humanidad.” A principios de este mes, Juracán pidió la revocación de 90 licencias de explotación y exploración mineras emitidos por el gobierno de Guatemala por no respetar el derecho a la consulta  libre, previa e informada de las comunidades Indígenas en este país.

“Para que el Ombudsman sea plenamente eficaz, debe ser completamente independiente de interferencia gubernamental y corporativa, así como tener los recursos y herramientas para garantizar que se puedan llevar a cabo investigaciones exhaustivas,” dice Stacey Gómez, Coordinadora de RES en las Marítimas. “Estaremos pendientes para ver la eficacia de esta oficina que deberá permitir a las comunidades guatemaltecas afectadas por las empresas mineras canadienses obtener la reparación necesaria por los daños causados.”

En Guatemala hay 5 minas que pertenecen en la actualidad o han sido previamente propiedad de compañías canadienses. También hay numerosas licencias de exploración en poder de las empresas Canadienses. Durante años, las compañías mineras Canadienses que operan en el país, por ejemplo HudBay Minerals, Goldcorp y Tahoe Resources, han sido denunciados en Guatemala, Canadá e internacionalmente por violaciones graves de derechos humanos cometidas en relación a sus proyectos, incluyendo asesinato, amenazas, intimidación, violación en grupo, la contaminación y la escasez de agua.

Amalia Lemus del Comité Diocesano de Defensa de la Naturaleza (CODIDENA) hace hincapié en que, "Es importante investigar las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en nuestra área, incluyendo los ataques, el estado de sitio y criminalización en contra de nuestras comunidades." CODIDENA tiene su base en Santa Rosa, Guatemala, donde Tahoe Resources opera la mina Escobal.

Juracán hace hincapié en que los mega proyectos como la minería transnacional han causado fuertes daños de impacto ambiental, han destruido cerros y destruido montañas, contaminando ríos y que en realidad no ha significado muy importante el ingreso al presupuesto del país.” En el caso de la mina Marlin de Goldcorp, afirma: “ya dejó de operar, pero todo el costo del cierre dejó a las comunidades y al municipio, entonces eso afecta a la población.”

"Nosotros, como RES mantendremos nuestro compromiso de seguir apoyando a las comunidades que resisten en contra de las empresas mineras Canadienses y para remarcarles las violaciones de los derechos humanos a la atención del gobierno Canadiense, así como la embajada de Canadá en Guatemala, como lo hemos hecho durante los últimos 14 años,“ enfatizó Lisa Rankin, Coordinadora de RES en Guatemala.

RES y sus socios guatemaltecos exigen al gobierno Canadiense de asegurar que la oficina anunciado puede funcionar de manera independiente y que tenga los recursos y herramientas necesarias para remediar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, especialmente en el sector extractivo.