Chilpancingo, Gro., 28 de octubre de 2010.- El Poder Judicial cumplió en su totalidad con los 13 compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional Por la Seguridad, Justicia y Legalidad, e incluso “rebasaron las expectativas”,  como reconoció Enrique del Rayo Castrejón, presidente del Observatorio Ciudadano en Seguridad Pública, durante la sesión Ordinaria de ese organismo en el que estuvo presente el magistrado  Edmundo Román Pinzón; el secretario de Seguridad Pública Juan Heriberto Salinas Altés y Arturo Lima Gómez, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

En la reunión realizada en las oficinas del INFOCAP, Román Pinzón señaló que en el caso del Poder Judicial,  se adquirió el compromiso de fortalecer la transparencia de los órganos jurisdiccionales mediante la publicación de los indicadores de desempeño en su portal de internet  www.tsj-guerrero.gob.mx/tribunal/servicios/estadisticas, donde la población puede consultar las estadísticas de los casos que llegan a cada uno de los juzgados, clasificados por tipo de delito, juzgados, mes y año; el portal ya está disponible desde hace varios meses.

También se cumplió con la creación del anteproyecto del Código que establecerá el sistema acusatorio penal oral, mismo que fue entregado en su momento al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y a su vez, lo remitió al Poder legislativo donde se encuentra  en proceso de análisis y probable aprobación.

También se encuentra la implementación del proyecto de justicia alternativa que evitaría la confrontación entre las partes, además de promover una pronta solución a su conflicto a través de la mediación y la conciliación. De esta forma, ambos sistemas favorecerán la conclusión de los procesos y promoverán la solución de los conflictos a  fin de que estos finalicen en amigable solución entre las partes.

En este sentido, en breve se emitirá una convocatoria para capacitar y certificar a abogados particulares y del Poder Judicial para que puedan ser mediadores; se realizan acuerdos con la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Comisión Nacional Para El Desarrollo de Los Pueblos Indígenas para Capacitar a los líderes naturales de las comunidades que cumplan con los requisitos para ser capacitados como mediadores comunitarios.

Para fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces mediante la instrumentación de programas de seguridad, así como el reforzamiento de la supervisión a juzgados, los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, aprobaron y ordenaron visitas extraordinarias a los Juzgados las cuales se realizan de manera permanente y se realizan audiencias masivas dentro de los Penales, por parte de Magistrados y Consejeros

Por otra parte se intensificó la capacitación y especialización de los servidores públicos del Poder Judicial, a través de cursos en materia jurídica, ética y de sensibilidad humana, así como programas de posgrado a través de la Escuela Judicial, que extenderá su alcance  académico a universidades, asociaciones civiles y sociedad jurídica en general.

Otra de las capacitaciones prioritarias se hace a los servidores públicos que se harán cargo de la justicia para adolescentes, para cumplir con esta responsabilidad constitucional, entre otros capacitadores se encuentran  Emilio García Méndez, asesor de la Fundación de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF).

Se fortaleció el control de procesados bajo fianza, a través de la implementación del Sistema de huella digital y palmar, mediante procedimiento Biométrico y se instaló  un número 01-800 82 15 150, que permita la oportuna denuncia ciudadana de conductas irregulares en que puedan incurrir los  servidores públicos jurisdiccionales.

Se crearon Secretarías de Acuerdos itinerantes para evitar los rezagos y, por consecuencia, agilizar los procesos; así como un centro de apoyo a usuarios del servicio de impartición de justicia, en el que se brinde a éstos atención psicológica y adicional a esto, se difunde en el portal de internet y en las entradas de los Juzgados la carta de derechos y obligaciones de los usuarios judiciales.

Se estableció el centro de convivencia familiar, en el que las personas que tengan problemas de esta naturaleza  puedan encontrar un espacio adecuado para superarlos, uno de estos ya opera en Acapulco con personal profesional en el que se prestan los servicios de  Convivencia Supervisada, Entrega y/o Regreso del Menor,  Evaluación Psicológica, Orientación (Grupos Terapéuticos) y Talleres Grupales a Padres y Niños.