CHILPANCINGO, Gro., 17 de febrero de 2013.- Através de los Programas Ayudas apremiantes, Desarrollo Humano y Productivo, Apoyo a actividades sociales, culturales y deportivas, y Obra pública de bajo costo, el gobierno del estado abre distintas vertientes de atención a la población guerrerense que vive en condiciones de vulnerabilidad.

Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social del estado (Sedesol) impulsar estas acciones que tienen como propósito disminuir la brecha de desigualdad que existe entre las distintas comunidades del estado.

El director general de Acciones prioritarias de la Sedesol, Jesús Acroy Mendoza de la Lama, indicó que se atiende de manera directa a las personas con menos recursos económicos para que puedan concluir obras de infraestructura social básica, como son drenaje, agua potable y electrificación.

Dijo que ese tipo de obras forman parte de los indicadores que evalúa la Comisión Nacional de Evaluación (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a fin de medir el grado de pobreza y marginación de las comunidades.

De los programas citados, agregó, el que mayor demanda tiene es el relacionado a las obras públicas de bajo costo, ya que los solicitantes pueden ejecutar pequeñas obras de infraestructura cuya inversión no es superior a los 80 mil pesos, pero que les representa un alto contenido social.

Aseguró que la atención no está centrada en un sector de población específico, sino que en dicha ventanilla de la Sedesol “lo mismo se atiende a grupos de personas de una localidad como a solicitantes individuales, organizaciones sociales, culturales, deportivas y campesinas, así como asociaciones civiles que trabajan sin afán de lucro”.

El año pasado, más de 50 mil personas de las distintas regiones del estado tuvieron acceso a las acciones y programas de la Sedesol, destacando la vertiente de Ayudas apremiantes, relativas a apoyos para gastos médicos y funerarios, traslados y atención a personas en situación de riesgo.

En cuanto a la planeación de obra pública en las comunidades, se considera la opinión tanto de las autoridades municipales como de la población misma, a fin de que se programen y ejecuten aquellas obras que son prioritarias, y no las que distintos niveles de gobierno consideren sin tomar en cuenta a la población.