Paula Carrizosa/La Jornada de Oriente

Organizaciones no gubernamentales interesadas en el libre acceso a los medios de comunicación piden el retiro de la campaña “Se busca por robo. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las estaciones sin concesión nos afectan a todos”, emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Con dicha campaña se señala como delincuentes a los comunicadores que laboran en medios que carecen de una concesión estatal, argumentan las organizaciones Redes por la diversidad, equidad y sustentabilidad A.C., Ojo de agua comunicación, el Congreso Nacional de Comunicación Indígena, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca A.C. y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) México.

Además, como expresan por medio de un comunicado, porque la campaña “Se busca por robo” criminaliza y desprestigia a los medios indígenas y comunitarios que no cuentan con dicho permiso, así como a la gente que trabaja en ellos.

Las organizaciones señalan que la campaña del IFT contiene información falsa que alienta la violación de los derechos humanos, “como las que han sido practicadas por las autoridades locales que han allanado medios de comunicación que les son incómodos”.

Asimismo, declaran que esto atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión e información ciudadana, especialmente de quienes impulsan la comunicación comunitaria e indígena.

Mencionan que si bien el artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que el uso del espectro sin concesión representa una infracción, no existe tipo penal alguno que sea aplicable a esta conducta y mucho menos equiparable al robo.

Señalan, además, que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se establece que “la obligación de las emisoras comunitarias es operar de acuerdo a las leyes, pero insiste que estas leyes deben adecuarse a estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales no penales”.

Destacan también que en su publicidad, el IFT ha tendido a criminalizar y perseguir medios que no cuentan con concesión, aunado a una inexistente promoción de los derechos de las audiencias.

“Es obligación del IFT fomentar el desarrollo de los medios comunitarios e indígenas reservándoles el 1 por ciento de su presupuesto, lo que hasta ahora no ha sucedido”, exponen.

El exhorto es a que dicho instituto se conduzca con legalidad, imparcialidad, eficiencia, certeza y objetividad, y conforme al artículo 8 Constitucional, retire de manera inmediata la campaña Se busca por robo.

Destaca que este miércoles 6 de abril en el Centro Nacional de Comunicación Social A.C., en la ciudad de México, se hará pública la presentación de la queja que se hará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.