28/03/2016. En días recientes, junto a las noticias de cierres de radios no concesionadas, de la aprehensión de personas en esos operativos y de la incautación de sus equipos de transmisión, se publicaron spots en las radios comerciales y un amarillista desplegado a media plana y a todo color en periódicos de importancia de todo el país suscrito por el IFT, criminalizando la transmisión desde estaciones de radio no concesionadas.

Es muy lamentable que el IFT, un órgano autónomo en teoría creado para la administración del espectro en forma independiente a los grupos de interés, presida esta campaña con las frases que la CIRT ha utilizado para denostar, desacreditar y también criminalizar a otras manifestaciones de expresión.

Esta agresiva campaña del IFT desacata las recomendaciones hechas por expertos en Derecho Internacional sobre Derechos Humanos y Libertad de Expresión, así como las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el documento “Estándares de Libertad de Expresión para una radiodifusión libre e incluyente”, aprobado en 2009, recomendó a los Estados partes:

“La regulación sobre radiodifusión sólo puede contemplar aquellas restricciones que sean necesarias, idóneas y proporcionales para lograr la finalidad que se persigue. Resulta relevante mencionar que tanto la CIDH como la Corte Interamericana han considerado, en todos los casos concretos que han sido objeto de su estudio y decisión, que la protección de ciertos derechos vulnerados por el ejercicio de la libertad de expresión por medio de sanciones penales resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática”.

Pero además, el secuestro de equipos utilizados es violatorio del Artículo 7 constitucional que advierte: “En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento de delito”.

En el documento arriba citado, la CIDH reconoce la potestad que tienen los Estados para regular la actividad de radiodifusión, bajo ciertas características que la legitiman: una regulación destinada a crear un marco en el cual sea posible el más amplio, libre e independiente ejercicio de la libertad de expresión por la más diversa cantidad de grupos o personas, de forma tal que se asegure al mismo tiempo que esta facultad no será usada como forma de censura y que se garanticen la diversidad y la pluralidad.

Una regulación de este tipo, en una sociedad democrática, no se impone con medidas de criminalización, se ejerce mediante el cumplimiento de objetivos democráticos como indica la CIDH.

¿Qué ha hecho el IFT para demostrar que con la nueva LFTR existe igualdad de condiciones para el acceso a las frecuencias y mayor diversidad de medios, qué políticas públicas de inclusión social ha adoptado para apoyar a los medios indígenas y comunitarios, qué recursos de diálogo ha adoptado para garantizar seguridad en el ejercicio de la libre expresión antes de pasar a emplear políticas persecutorias? Sin vocación democrática, las respuestas a estas preguntas se suplantan con la represión.

Las acciones de criminalización de la libertad de expresión en las condiciones actuales solo abonan a aumentar la crispación social, en un país donde la distancia entre la pobreza y la riqueza extremas se torna cada año más abismal y ofensiva. Llamamos al IFT a suspender la campaña criminalizadora, a liberar de cargos a las personas detenidas, a devolver equipos y materiales incautados y a establecer un diálogo abierto y franco con los medios no concesionados sobre las ventajas de su regularización.

Héctor A. Camero Haro                         

Representante Nacional                        

 

Irina Vázquez Zurita

Coordinadora Ejecutiva

 

Mesa Nacional 

Elsa Castorela, Rocío Román, Bruno Salazár y Alejandro Barrón