Chilpancingo de los Bravo, Gro., a 8 de diciembre del 2011. Resulta profundamente preocupante para la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, como se ha visto amenazada la seguridad de los defensores de derechos humanos, cuyo trabajo es un importante aporte al fortalecimiento de la democracia, sobre todo de los que denuncian delitos o defienden cuestiones ambientales, de quienes se declara aliada solidaria, como es el caso de EVA ALARCÓN ORTÍZ, Coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Gro.

Compartimos la opinión de la Relatora Especial Sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando sostiene que una forma de garantizar la seguridad a los defensores es poner fin a la impunidad, al ser el primer paso trascendente para garantizar un entorno seguro para los defensores; por ello el Ombudsman estatal considera y así lo pide a las distintas autoridades de los diversos niveles de gobierno, que es fundamental que se lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva, imparcial, completa y eficaz, que en primer lugar tienda a la búsqueda y localización de EVA ALARCÓN ORTÍZ así como de MARCIAL BAUTISTA VALLE, pues esta agresión da lugar a una situación en que sus vidas e integridad corren un riesgo considerable; y, se someta a los perpetradores de estos condenables hechos ante la justicia, en cumplimiento al artículo 12 de la Declaración Sobre los Derechos de los Defensores de los Derechos Humanos.

Sin lugar a dudas, que en los últimos años la violencia e inseguridad se han incrementado a nivel estatal y nacional, intensificando la vulnerabilidad de las y los defensores de derechos humanos, como el caso que hoy nos ocupa.

Ante esta situación de riesgo, el Ombudsman ha utilizado el mecanismo de protección mediante la solicitud de medidas cautelares a favor de estas personas, sobre las cuales el Gobierno del Estado actualmente mantiene una política de respuesta de aceptación, siendo un reto los mecanismos de implementación y de evaluación del riesgo que las motiva.

Momentos de especial vulnerabilidad viven NATALIA RUÍZ MARTÍNEZ y la propia EVA ALARCÓN ORTÍZ, con motivo der las amenazas de que han sido objeto al haber denunciado públicamente a los presuntos responsables del homicidio de ZENAIDO RUÍZ MARTÍNEZ, de acuerdo con las diversas notas periodísticas publicadas en diversos medios de comunicación; ante esa situación de riesgo inminente, el Ombudsman estatal solicitó el 4 de agosto pasado, la adopción de medidas cautelares, de protección, mismas que fueron reiteradas el 5 de diciembre de este año, a fin de prevenir daños irreparables en sus personas y contribuir a su protección.

Así, el Ombudsman solicitó mediante oficio número 218, dirigido al Procurador General de Justicia del estado, de fecha 4 de agosto pasado, de que “…ante el riesgo inminente de que NATALIA RUÍZ MARTÍNEZ y EVA ALARCÓN ORTÍZ, puedan sufrir represalias por las amenazas que les han manifestado; en ese sentido, es indispensable garantizarles protección por parte del Estado; aunado a lo anterior, se deben tomar todas las medidas necesarias para la pronta integración, en breve término, de la averiguación previa respectiva, debiendo allegarse todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos y su consignación ante el juez correspondiente”; medidas de protección que fueron reiteradas mediante oficio número 332 del pasado lunes 5 de diciembre, solicitándole específicamente “Girar sus instrucciones a quien corresponda para el efecto de proveer lo necesario para la implementación de las Medidas Cautelares con el fin de garantizarles a las CC. NATALIA RUÍZ MARTÍNEZ y EVA ALARCÓN ORTÍZ, la protección de su vida, integridad física y moral, bienes, posesiones o derechos, contra todo acto de intimidación y represalia de que puedan ser víctimas, para evitar hechos de lamentables consecuencias que vulneren sus derechos fundamentales.”