*El 27 de octubre el gobernador Héctor Astudillo Flores cumplirá su primer año de gobierno.

Conforme se acerca la fecha el Partido de la Revolución Democrática y sus enviados nacionales, han arreciado las críticas centrando sus baterías en la violencia y la inseguridad que prevalece que no es privativa de esta administración, pues en los gobiernos estatales que encabezó ese partido en Guerrero las cosas estuvieron peor y heredaron un estado en bancarrota y lleno de corrupción.

No es casual la embestida que los perredistas y sus dirigentes nacionales aplican al gobernador de Guerrero, pues éstos nunca verán bien que en un año de gobierno las cosas están cambiando y mejorando para los guerrerenses porque hay gobernabilidad, inversión, el turismo regresó a los destinos de playa y descanso; la protesta social amainó y dejó de ser radical y violenta como ocurrió en los gobiernos de Angel Aguirre y de Rogelio Ortega.

En este primer tramo de ejercicio constitucional, hay además una distribución sin miramientos políticos de la obra pública. Lo mismo se hace en municipios gobernados por el PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano que en los que son encabezados por presidentes municipales priístas.

Proyectos que ex gobernadores perredistas dejaron a medias y sin dinero para continuar, el gobierno de Héctor Astudillo los concluyó y están en marcha, como el polémico Acabús que es un medio de transporte chilango que emboletó el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard al ex gobernador Angel Aguirre, quien a su vez lo heredó a medias a Rogelio Ortega quien de plano lo abandonó a su suerte y se dijo que el poco dinero destinado para otra etapa de su construcción desapareció.

El Macrotúnel es otro proyecto que el defenestrado ex gobernador originario de Ometepec dejó en el abandono total, y con muchos problemas jurídicos por la posesión de la tierra, y con muchas casas dañadas por las explosiones que hubo para abrir el camino del que será el desfogue vehicular con dirección a Punta Diamante y viceversa.

Es innegable que la ola de violencia con crímenes dolosos de alto impacto social y la inseguridad pública opacan lo poco o mucho que se ha realizado; es innegable que éstos fenómenos antisociales lastiman a la sociedad, han enlutado muchos hogares y mantienen en la zozobra a la población, pero también es cierto que no son privativos del estado de Guerrero, y sin ser una justificación también se registran en muchas partes del país, incluida la Ciudad de México.

Tal vez parezca canción exitosa repetida en las estaciones de radio, pero el Partido de la Revolución Democrática no tiene calidad moral para criticar a un gobierno por el índice de criminalidad que prevalece, porque en los casi once años que mantuvo la gubernatura en Guerrero las cosas estuvieron peor, y quienes fueron los gobernadores sólo se limitaban a decir que solos no podían.

El último de sus gobernadores, el académico Rogelio Ortega Martínez, dejó en bancarrota al gobierno del estado, lo dejó sumamente endeudado y con un desorden gubernamental, y ya están brotando los pagos de millonarios laudos laborales por el despido masivo injustificado que aplicó el ex gobernador perredista Zeferino Torreblanca entre la burocracia para acomodar a cientos de sus colaboradores.

Mucho menos tiene calidad moral para lanzar críticas la secretaria general de la dirigencia nacional perredista Beatriz Mojica, toda vez que formó parte de un gobierno a quien los sectores de la sociedad responsabilizan de lo que pasó en Iguala en contra de estudiantes de la normal de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre del 2014, y no debe olvidar que en ese periodo ella fungió como secretaria de Desarrollo Social en Guerrero.

De no ser por los asesinatos dolosos y de alto impacto social, en Guerrero las cosas serían distintas porque hay gobierno y gobernabilidad; porque todas las instituciones trabajan y visto está que el actual gobierno estatal tiene todo el apoyo de la Federación para atender los problemas.