Solo mediante un excelente trabajo de inteligencia e investigaciones de campo -mediante videos, más testimonios de agraviados-, pudo ser posible la detención de cuatro sujetos asaltantes criminales más un menor, implicados en el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa, un maestro más un conductor del servicio público. Se trató de un asalto a mano armada; no hubo ninguna ejecución planeada ex profeso.

El perfil asesino de los cuatro sujetos –Israel de 32 años, Carlos de 26, Ismael de 20 José Antonio de 18, y un menor de edad, prófugo- denota claramente que el ataque perpetrado contra los pasajeros de un vehículo del servicio público, forma parte de la descomposición social de un segmento de la población. A esa pandilla no le importaba la vida de sus víctimas, sólo el dinero y pertenencias de valor de lo que atracaban.

Cuando se quiere, se puede. La Fiscalía General del Estado de Guerrero a cargo de su titular Xavier Olea Peláez, hizo acertado trabajo de investigación, apoyado por el aparato de inteligencia estatal¸ bajo el mando del gobernador Héctor Astudillo Flores, para lograr la detención de los cuatro sujetos identificados como autores materiales de asaltos y asesinatos de sus víctimas. No pertenecían a ningún cártel.

No fueron uno, ni dos o tres los asaltos a tiendas, comercios o transeúntes, sino varios más; el número de asesinados rebasó la media docena, más heridos, todos a balazos. La pandilla de asaltantes provocó psicosis, zozobra, entre la población capitalina por su alto perfil criminal.

Los cuatro individuos, no se tentaban el corazón para disparar a sus víctimas; le dieran o no dinero y pertenencias de valor; lo hacían para mostrar  “valor”, pero a la vez exhibían y aplicaban mucha crueldad y sadismo.

Luego de la detención de los cuatro asaltantes-homicidas de normalistas de Ayotzinapa, profesionistas y ciudadanos comunes, organizaciones no gubernamentales como Tlachinollan y el abogado de Ayotzinapa, seguramente darán marcha atrás en sus infundadas acusaciones, de que “fue el Estado el que mandó ejecutar a los dos normalistas”. Nada de eso es cierto.

Se trató de un asalto a un vehículo del servicio público, por parte de los ahora detenidos. No hubo ninguna ejecución planeada. Lo mismo ejecutaba a profesionistas que a ciudadanos comunes, al momento de perpetrar atracos a mano armada.

Además del reconocimiento hacia la Fiscalía General del Estado, a cargo del abogado Xavier Olea Peláez, también este se extiende hacia la Secretaría de Seguridad Pública a cargo del general Pedro Almazán; el representante de la Sedena, Coronel Bernardo Núñez; el de la Marina Capitán José Ángel Marroquín y el comisario de la Policía Federal Rafael Lomelí.

Todos participaron en labores de investigación e inteligencia para capturar a la banda de homicidas que mantenía asolada a la capital, Chilpancingo. Los homicidas seriales ya están en prisión y solo falta por detener a uno más, confirmó el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.

La detención de la banda de asaltantes de Chilpancingo, quizás sirva para que otros muchos jóvenes reflexionen bien: Que el camino de la delincuencia y el dinero fácil, NO es lo correcto; que están equivocados aquellos que fácilmente forman pandillas y bandas que, finalmente, en el “mejor de los casos”, son atrapadas por la policía, si no es que abatidas. A los cuatro detenidos les podrían aplicar penas de 50 años de cárcel… Punto.

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