Está claro que el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, tiene el reporte de daños en las pasadas elecciones del 05 de junio, sobre todo en Veracruz y Quintana Roo en los estados en donde se generó la alternancia, derivado de los malos manejos de los recursos públicos. Una de las citas del extinto guerrerense José Francisco Ruíz Massieu; “Cambiamos o nos cambian” y se cumplió en esas entidades federativas.
La exigencia de la sociedad en el manejo del erario público cada día está en incremento y es sano que la gente exija su derecho y participe. Los que se dedican al servicio público deben dignificar su oficio, la gente está cansada de tanta corrupción, nepotismo y más actos reprobables.
Algunos actores políticos ejercen con gran vocación de servicio el bien común para los ciudadanos, pero otro desarrollan hábilmente la falacia y demagogia, lo peor es que escupen el discurso del extinto Luis Donaldo Colosio “"Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”. Colosio dejó la terea desde hace más de dos décadas y es evidente que mucho no la han entendido, quizás no sea necesario tanta ofrenda a los monumentos, ni repetir sus palabras del extinto, basta con reeditar sus actos congruentes, su visión y su deseo de dignificar el servicio público para dar mejor atención y rendición de cuentas a la gente.
Derivado de los actos reprobables en manejo de recursos públicos y nulas políticas públicas al servicio de los ciudadanos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua los gobernadores salientes optaron por protegerse al término de su mandato sometiendo a su Congreso de local de Veracruz para aprobar:
1. Facultad del Congreso a designar al titular de la Contraloría General del Estado, así como a expedir la legislación local en materia anticorrupción, estableciendo el Sistema Local Anticorrupción.
2. Creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el seno de la Fiscalía General local, estableciendo que dicho funcionario será nombrado por las dos terceras partes del Congreso local.
3. Eliminación del fuero constitucional al Gobernador del Estado.
4. La regulación a la entrega del Informe del Resultado de la Cuenta Pública.
5. La regulación a la entrega del Informe del Resultado de la Cuenta Pública.
6. Creación en el seno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de una sala especializada en materia anticorrupción cuyos magistrados serán propuestos por el Gobernador del Estado.
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