De la balacera ocurrida el pasado domingo en la Costera Miguel Alemán de Acapulco, saltaron varias claves. Una de ellas fue preponderante: tanto el gobernador Héctor Astudillo, como el edil de Acapulco, Evodio Velázquez y el alcalde de Taxco, Omar Jalil Flores, se encontraban fuera de la entidad. Concretamente, en el Tianguis Turístico de Guadalajara. Y mientras, la violencia se imponía grotescamente sobre los inútiles llamados gubernamentales orientados a no magnificar los hechos. Es decir, a pretender que todos los guerrerenses, taparan el sol con un dedo. Una petición que sin embargo, explotó de lleno en las redes sociales. Y dejó muy mal parados a estos tres personajes del poder público local. De lo anterior, surgen otros puntos que no se pueden soslayar.
1.- El ataque a balazos al hotel donde se hospedaban elementos de la Policía Federal, dejó bien clara una lección: más allá de una respuesta criminal a la detención en Los Cabos, Baja California Sur, de Fredy del Valle Berdel, El Burro, operador del Cártel Independiente de Acapulco (Cida), pudo estar escondida en realidad, una ruptura. Una declaración perturba: el gobernador Astudillo reconoció que en los hechos del pasado domingo “se reportaron por teléfono 13 balaceras en la ciudad, hubo un muerto por parte de los delincuentes, un herido por la Policía Federal, y fueron encontrados 52 sobres con dinero que parecían una nómina”. ¿De qué nómina no quiso informar el mandatario estatal o a qué nómina se refería? El sostener esa versión de manera general, solo contribuye a empañar y confundir esos sangrientos hechos.
2.- El crimen organizado que opera en el puerto turístico más importante de la entidad, mandó un mensaje muy claro: si antes “calentaba” la plaza ejecutando a sus enemigos y a los comerciantes negados a pagar el “derecho de piso”, hoy tuvo la osadía de ir directo contra las fuerzas federales. Y eso se convierte en un abierto desafío para el Estado. A los elementos de la Policía Federal, los grupos delictivos los habían emboscado en carreteras y tramos de terracerías en entidades como Tamaulipas y Michoacán. Pero nunca en núcleos urbanos. Al hacerlo en Acapulco, sentaron un precedente delictivo. Por eso y de aquí en adelante, el escenario podría instalarse en un recrudecimiento de la violencia. Teniendo como objetivo a enemigos de otras organizaciones criminales y policías por igual. De ahí que muchos comercios porteños optaran por cerrar sus puertas no solo el lunes, sino el martes también. Todos sin excepción, se sintieron más vulnerables que nunca. El gobierno federal, estatal y municipal, son los responsables directos de esta crisis. Y están obligados a reaccionar. O a seguir perdiendo todo: credibilidad, legitimidad y gobernabilidad.
3.- Tanto el gobernador, como los ediles de Acapulco y Taxco, se encontraban fuera de la entidad el día de la balacera en Acapulco. Y eso revela de entrada, una enorme carga de irresponsabilidad e indolencia. Por una simple pero contundente razón: ninguno de los tres ha logrado abatir ni tampoco neutralizar la operación del crimen organizado. Su deber como autoridades consistía en estar presentes aquí con el fin de tomar decisiones inmediatas y pulsar recurrentemente, el tamaño de la crisis de inseguridad que se estaba viviendo. Aunado a ello, la situación se agravó al otro día –el lunes- cuando muy temprano fue ejecutado a las puertas de su domicilio en Taxco, el periodista Francisco Pacheco Beltrán. El edil tricolor, Omar Jalil Flores Majul, no ha fijado respuesta en torno a este homicidio. Se ha escondido. Eso revela cuando menos dos situaciones preocupantes: no quiere saber nada del asunto y demuestra así, su desprecio hacia la prensa. O teme quedar en ridículo al prometer dar su mejor esfuerzo para resolverlo, sin que sea verdad. Como sea, ya chamuscó sus proyectos para el siguiente peldaño del poder al que aspira: la diputación federal. O repetir como diputado local. Una cosa es cierta: la crisis de inseguridad golpeó de frente a los alcaldes de Acapulco y Taxco. Y desde luego, al propio mandatario estatal. Imposible darle cauce así, a los pactos de silencio solicitados desde el propio gobierno.
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