LECTURA POLÍTICA

 

Derivado del imparable actuar de la delincuencia organizada y sus terribles y sanguinarias secuelas, en el gobierno federal, estatal y en los actores políticos podría madurar la idea encaminada a decretar el Estado de Excepción. Un mecanismo que se aplica en situaciones extraordinarias como guerra civil, catástrofes naturales, invasión o perturbación grave del orden interno, con  la finalidad de enfrentarlo adecuadamente.

 

El único agravante es que en el Estado de Excepción, la población civil pierde temporalmente ciertas garantías individuales. Como el derecho al libre tránsito –que ya se trastoca de facto, con los retenes policiacos y militares-, la violación domiciliaria, el derecho de manifestación, o la detención preventiva. En decir; el control del orden interno lo asumen en su totalidad las fuerzas armadas. Para algunos especialistas y estudiosos del derecho, la implementación del Estado de Excepción representa una involución jurídica. Un retroceso en materia democrática y de los derechos humanos. Para otros, el fortalecimiento progresivo del Estado de Derecho. De hecho, la Constitución política de nuestro país en su artículo 29, establece que deberá determinarse el lugar y el tiempo del Estado de Excepción, lo cual implica el respeto al principio de generalidad. En esa tesitura, la consigna obliga a volver al régimen constitucional normal cuanto antes, pues el punto central consiste en proteger la existencia del Estado, garantizando la vuelta a una situación constitucional de normalidad democrática. La declaración del Estado de Excepción no implica necesariamente, la desaparición de todos los derechos fundamentales de las personas, sino únicamente aquellos que sean necesarios para hacer frente a una situación de aguda crisis social. Porque los esfuerzos que se han hecho hasta hoy, son como arar en el mar. Y si no, ahí están los hechos.

LA POLITIZACIÓN DE LA INSEGURIDAD.- Detrás del fenómeno de la inseguridad, aparecen aquellos que a río revuelto, obtienen ganancias de pescadores. Hay cuando menos dos asuntos visibles en la agenda pública guerrerense.

1.- Más de cien escuelas de Acapulco permanecen cerradas y los alumnos sin clases, porque los maestros presumiblemente fueron amenazados por la delincuencia organizada. El fenómeno es grave en sí y se les debe garantizar la seguridad a los mentores para su regreso a las aulas. Pero algunos oportunistas han aprovechado la coyuntura para lucrar con el movimiento. Y si se mira bien, los maestros no solo son el sector más beneficiado, sino que ahora aspiran a obtener privilegios en materia de seguridad. Quizá policías por todos lados. Los cuales no tienen los pequeños comerciantes y otros sectores sociales que también han sido golpeados fuertemente por el fenómeno delictivo. Los maestros son empleados del Estado, no miembros de una comunidad independiente que pueden hacer lo que quieran. Si no respetan las reglas y se empeñan en no trabajar escudándose en la misma cantaleta, entonces la politización del conflicto resulta más que evidente.

2.- Los crímenes del diputado local perredista Armando Chavarría y el reciente del legislador federal, Moisés Villanueva de la Luz, revelan el grado de perversidad y descomposición social existente: se los endosaron a la delincuencia organizada, pese a que pudieron tener otros orígenes y actores. Al final, también cayeron en la espiral de la politización. En un sistema de gobierno así, con un ambiente de permanente convulsión e inseguridad, resulta muy fácil el fortalecimiento de las conductas impunes. El decir, la ley y el Estado de Derecho dejaron de funcionar en este tipo de sociedades enfermas y prácticamente, en fase terminal. Hace falta implementar entonces, otro tipo de acciones. Como el Estado de Excepción. Para frenar no solo a la delincuencia organizada, sino sobre todo, para cercenar los privilegios de unos cuantos. Y acotar la corrupción que ya contaminó a una gran parte del cuerpo social.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Una pregunta causa prurito respecto al crimen del diputado Moisés Villanueva: ¿por qué razón estando en Tlapa –donde tenía su domicilio particular y acudió a la celebración convocada por el diputado Javier Morales Prieto-, decidió viajar de noche fuera de la ciudad a sabiendas del clima de inseguridad prevaleciente en la entidad y sobre todo, en un municipio alejado y con carreteras en mal estado?...Los diputados locales van de mal en peor: en la sesión del pasado martes abundaron los faltistas. La revocación de mandato por negligencia y abandono de labores se les debe aplicar como a cualquier trabajador. Porque una entidad empobrecida, no puede mantener ni se le deben agregar más zánganos.

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