Impulsarán obras y apoyos por 900 millones para pueblos indígenas.*Organizaciones civiles demandan que la Ceteg desaloje el Zócalo; ofrecen apoyo al alcalde MALM.*Entregó Auditoría del Estado cuentas e informes a la Legislatura.

En la reunión celebrada hace un par de días entre el gobernador Héctor Astudillo Flores, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la CFE se establecieron una serie de acuerdos que permitirán llevar obras, apoyos y ayudas a las comunidades indígenas del estado, que en conjunto representarán una inversión de 900 millones de pesos, con los que se beneficiará a 32 municipios indígenas.

Siempre ha sido muy necesario que el gobierno estatal y el federal, además de organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cubran las necesidades básicas de esas comunidades originarias, lo que no siempre se ha hecho, pero ahora el mandatario estatal planteó la urgencia de desarrollar una serie de proyectos que permitan mejorar el ambiente y las condiciones de vida de esos pueblos de Guerrero, para lo que se desarrollarán 33 obras de agua potable, 56 obras de drenaje, 33 electrificaciones, 10 caminos, 500 proyectos productivos y  450 viviendas en 2016.

Con la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, se hizo ver que esos 900 millones de pesos permitirán buenos avances en la infraestuctura carretera, en agua potable, drenaje, vivienda y la electrificación  de localidades indígenas, para disminuir la marginación y pobreza en esos lugares de la entidad.

Otra parte fundamental será la rehabilitación de casi mil escuelas en el año, porque es una cuestión que en años anteruores se ha descuidado y en la actualidad se requieren cientos de millones sólo para hacer las reparaciones y dar seguridad a alumnos y maestros de esos planteles.

Es sabido que las comunidades indígenas son la imagen misma de la marginación, la pobreza y el abandono, y que el gobernador Astudillo convoque a la Federación y a organismos autónomos a hacer un esfuerzo importante para llevar mejoría y ayuda a esos pueblos de Guerrero, hace ver que conoce y entiende la situación en que viven la mayoría de los guerrerenses y que no sólo pone atención y trabajo en cuestiones como el turismo y la seguridad, sino que igual trabaja por los grupos idígenas y las necesidades que enfrentan. 

PRIMERA CASA DEL ESTUDIANTE INDÍGENA.—Parte de ese interés y atención lo representa el hecho de que el gobernador HAF, la UAG y la CDI abrieron la primera casa del estudiante dedicado a jóvenes indígenas, que recibirá a 50 varones y 50 mujeres; tendrá dormitorios, sala de cómputo, sanitarios, talleres, biblioteca, que en conjunto representa una inversión de 21 millones de pesos. Es la primera a nivel nacional.

ORGANIZACIONES CIVILES DEMANDAN QUE LA CETEG DESALOJE EL ZÓCALO; OFRECEN APOYO AL ALCALDE MALM.—El presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, sostuvo una reunión con representantes de la sociedad del municipio, con quienes abordó las necesidades en cuanto a infraestructura urbana y seguridad pública, donde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que preside Adrián Alarcón Ríos, propuso ir como representantes de la sociedad a demandar a la Ceteg que desalojen la plaza pública. La propuesta fue recibida con aplausos por parte de las decenas de representantes de la capital que estaban presentes.

Tienen razón esas personas que reclaman recuperar sus espacios públicos que bloquea una organización minoritaria dentro del magisterio, pero que utiliza como sus arguments de lucha la violencia, el saqueo, la destrucción de bienes públicos y privados, que pretenden apoderarse de esos espacios en forma arbitraria.

Anteriormente, el primer edil, Marco Leyva, se reunió con los cetegistas y les pidió desalojar ese espacio central de la ciudad, lo que rechazaron los arbitrarios dirigentes, que sólo buscan beneficios personales.

También el DIF municipal, que preside la señora Martha García de Leyva, ha realizado actividades con mujeres y grupos vulnerables en una parte libre de esa plaza pública, lo que se advierte como una muestra de como aprovechar los lugares que son de todos.

Claro que la ciudadanía puede acudir a reclamar sus espacios y hacerlo por medio del diálogo y el entendimiento, porque no se trata de enfrentar con violencia a los violentos, sino buscar la manera de que entiendan que no les asiste la razón y que la ciudad no es de un grupito de inconformes con todo, que no aportan nada.

ENTREGÓ AUDITORÍA DEL ESTADO CUENTAS E INFORMES A LA LEGISLATURA.—La Auditoría General del Estado (AGE) es una institución básica dentro del aparato gubernamental, que aporta transparencia y facilita la rendición de cuentas cuando trabaja como tiene establecido, como afortunadamente ocurre en la actualidad, porque en tiempos pasados parecía más una parte de los que tenían que ser auditados que la encargada de revisar las cuentas públicas.

Esa situación cambió y ahora, la AGE, con Alfonso Damián Peralta, demuestra cómo debe funcionar, para que los representantes de la soberanía popular, los integrantres de la Legislatura estatal, dispongan de toda la información necesaria para que conozcan en detalle cómo se utilizan los recursos públicos que se les confían, desde el gobierno del estado hasta los municipios, sean chicos o grandes. 

En días pasados, el auditor general, Damián Peralta acudió al Congreso del Estado, donde hizo entrega de sus cuentas y de las auditorías realizadas al gobierno del estado en lo referente al año 2014 y ahí dejó claro que en 8 municipios hubo que exigirles por la vía judicial para que entregaran las cuentas públicas.

También mencionan los mdios de comunicación que se encontraron varias irregularidades, abusos y excesos en el último año de gobierno de Ángel Aguirre, que deben ser aclaradas y solventadas.

Lo importante es que la AGE cumpla con su cometido, como lo ha hecho en detalle y con la puntualidad necesaria, porque de esa manera permite que la sociedad conozca cómo se manejan los fondos públicos, quién cumple y quién no, para fortalecer la claridad y transparencia a la que están obligados los gobiernos en todos sus niveles.

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