De manera oficial, la Secretaria de Educación en Guerrero (SEG), reconoce que 35 escuelas del nivel básico en los municipios de Chilapa, Zitlala y la región de la Tierra Caliente están cerradas por problemas de inseguridad. Reconoce también que a 104 instituciones educativas del puerto de Acapulco (en ciudad Renacimiento y la colonia Zapata) se le está brindando seguridad.

Es manifiesto el temor de los maestros, temor que se les ha transmitido a los niños, esos niños inocentes a los que se escucha decir “no vamos a la escuela porque luego llegan los sicarios” o frases como “a mi maestro lo mataron los sicarios”. Un léxico que jamás nos imaginamos manejarían los menores de edad.

Más de 30 escuelas están cerradas, más de cinco mil niños están siendo afectados pero, ¿Qué hacen esos niños que no van a la escuela? ¿Venden Chicles en las calles? ¿Limpian parabrisas? ¿Ven la televisión durante muchas horas? ¿Sus padres los ponen a estudiar? ¿Qué hacen? ¿En que se entretienen?.

Este es el fondo y lo que reamente debe ocupar a las autoridades, ¿cuál es el futuro de estos niños? ¿Cómo poder resolver el problema de la inseguridad?. La situación se complica, se reportan jóvenes de 18 años “levantados” en Tixtla y Chilpancingo la incertidumbre aumenta.

El ejército mexicano llega a Chilapa, ahí en donde la violencia se ha recrudecido, en donde el temor de salir a comprar una nieve o unos tamales es frecuente. 

¿Qué tanto puede intimidar a los delincuentes la llegada del ejército mexicano al municipio de Chilapa?. ¿Cuándo van regresar a clases estas 35 escuelas?. 

De acuerdo a las declaraciones del titular de la SEG, José Luís González de la Vega, el problema recurrente es la extorsión contra los maestros y padres de familia. Ésta se da mediante llamadas telefónicas, en lugares cercanos a los centros escolares o incluso en los propios domicilios de los mentores.

La eficacia de las fuerzas armadas no solo consiste en hacer rondines por las calles, exhibirse con armas cortas y largas, gastarse la gasolina de las patrullas, esbozarse.

La eficacia no solo es el combate al crimen, enfrentarse a balazos con los delincuentes. La eficacia radica también en la confianza que la población le tenga a las fuerzas armadas. Cuando eso suceda, realmente habrán cambiado las cosas.comentarios:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Corrupción en la SSA del estado

*Ex funcionarios se sirvieron con la cuchara grande

Chilpancingo Gro; 27 de enero de 2016.- Facturas falsas de compras de medicamentos, autorización a empresas como ARUTEC S.A.C.V. y MIMOMO S.A.C.V. con sumas millonarias por compra de medicamentos y servicios innecesarios en el sector salud, cobro de comisiones del 15 y 20 por ciento por cada supuesta compra, demanda de los funcionarios que siguen laborando, entre otras corruptelas son el resultado del desfalco financiero en que se encuentra la Secretaria de Salud en el Estado.

En este desfalco están involucrados funcionarios del exgobernador Rogelio Ortega Martínez que actuaron al amparo de la impunidad como es el caso del subsecretario de finanzas, Luís Enrique Herrera Pérez, la directora de Recursos Materiales, Alondra Pérez Sánchez, así como Teresa Alarcón Flores de Enlace Popular.

La situación es grave porque la encargada del Enlace Popular, Teresa Alarcón Flores, entabló una demandó en contra de la Secretaria de Salud en el año 2007 por Incumplimiento al Contrato Individual. Con fecha 18 de septiembre del año 2015 por un monto de dos millones 165 mil 176.65 pesos, según datos que aparecen en el reporte de la Contraloría del Estado.

El subsecretario de finanzas, Luís Enrique Herrera Pérez, la directora de Recursos Materiales, Alondra Pérez Sánchez, así como Teresa Alarcón Flores de Enlace Popular, autorizaron un monto de 18 millones, 290 mil, 245.50 pesos a la empresa ARUTEC S.A. de C.V. como anticipo por el servicio de anestesiólogos para los hospitales del estado, sin que se presentaran.

Supuestamente los directores y administradores de los hospitales autorizaron estos servicios. Los funcionarios y el personal de la empresa ARUTEC S.A. de. C.V. presentaron la documentación con las firmas que resultaron ser falsas.  

Los directores de los hospitales giraron oficios a sus superiores notificando que nunca firmaron esos documentos y que tampoco fueron tomados en cuenta para los anestesiólogos. Quedó al descubierto que los sellos oficiales de la unidad hospitalaria están siendo usados de manera perversa.

Los mismos funcionarios autorizaron un anticipo de 35 millones de pesos a la empresa MIMOMO S.A. de C.V. por concepto de compra de medicamentos que nunca llegó a los almacenes, no existe reporte de algún ingreso ni de haberse repartido a los hospitales. 

 

Alfonso Pérez Sánchez, primo de la ex subdirectora de Recursos Materiales, Cristal Alondra Pérez Sánchez, sigue trabajando y cobrando el 15 y 20 por ciento de comisiones a proveedores por contrato asignado. Sigue beneficiando a las empresas familiares como sucedió recientemente.