La calificadora expresa textualmente en su comunicado emitido el miércoles (al día siguiente de su debate con Walton) que “la observación negativa indica que la calificación del Municipio de Acapulco pudiera ajustarse a la baja en las próximas semanas, debido al posible deterioro en el desempeño financiero de la entidad, derivado de un incremento considerable en el nivel de pasivo circulante o deuda no bancaria, un nivel de liquidez insuficiente para cubrir estas obligaciones financieras, así como un déficit presupuestal proyectado para el cierre de 2012 según cifras presentadas recientemente por el municipio”.
¿Qué sucede? Que una de las calificadoras con las que Añorve pretendía amparar su versión de que el actual presidente municipal es un mentiroso, conceden credibilidad a las cifras del actual Ayuntamiento de Acapulco, entonces ¿quién es el que miente?
Si una empresa como Fitch Ratings ha tomado seriamente la situación de Acapulco, es porque se trata de un asunto igualmente serio.
El dar a conocer la situación financiera del municipio, más que una estrategia equivocada para obtener dinero que Acapulco requiere ya que su principal problema es de liquidez, hay que recordar, es una promesa que hizo Walton hace unos meses y cuyo cumplimiento causo escozor e indignación en la conservadora clase política, ya que rompe una de esas leyes no escritas que solamente benefician a los políticos y les ayudan a seguirse beneficiando con perjuicio de la sociedad.
De hecho uno de los señalamientos que se le hacen ahora es que no es político, ya que la estrategia de contención añorvista que se ha visualizado en reacción al histórico Informe Walton, se basa principalmente en la falacia ad hominem (contra el hombre) y de tipo circunstancial.
Sobre ésta por ejemplo, escuchamos al diputado Añorve remarcar que el actual secretario de Planeación y Desarrollo Económico de Acapulco, Carlos Álvarez Reyes, “fue secretario de Finanzas en el gobierno de Zeferino Torreblanca”. Subrayarlo tiene por objetivo identificar al funcionario con un gobierno del PRD o reforzar el sesgo partidista con el que se pretende exonerar.
No menciona que Álvarez también fue secretario de Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco, por lo que conoce muy bien el tema financiero, ni que él como alcalde tuvo mejor relación con Zeferino que con su propio primo Ángel Aguirre.
Otra línea de comunicación de la estrategia añorvista es el clásico “mal de todos”, es decir, argumentar que Acapulco no es el único ayuntamiento con mala situación financiera, y el que pareciera más convincente, desagregar la deuda, sosteniéndose en la bancaria e ignorando las que se tienen con proveedores.
También alega el ex alcalde el asunto de los laudos laborales por 270 millones, con lo cual haría mejor en quedarse callado, ya que argumenta que también a él se los heredaron, lo cual quiere decir que fue incapaz de solucionarlo, como en general fue su gobierno con todos los problemas de Acapulco.
El caso es que el asunto ya encendió los focos de alerta de una de las calificadoras de crédito más prestigiadas que prevé cambios en la calificación crediticia del municipio de Acapulco, pues si bien, el pago de la deuda no tiene riesgo por existir un fideicomiso para ello, la liquidez del Ayuntamiento si porque en ese fideicomiso están comprometidas participaciones federales para el siguiente año.
Dicen que más pronto cae un hablador que un cojo.
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