De manera perversa y velada, ciertos regidores como Noé Carachure Giles y Julián de la Rosa Peláez, en los últimos días se han dedicado a confundir a la opinión pública con lo cual denotan su falta de información, pero también con fines nada claros que se prestan a la sospecha de que pretenden chantajear al alcalde Tulio Pérez Calvo.
Del presupuesto de 133 millones de pesos, el ayuntamiento de Chilpancingo, ahora ejerce 37 millones más, y a la comuna entrante que encabezará Mario Moreno Arcos, se le dejará en caja un “colchón” de 22 millones de pesos, lo cual arrojan un total de 59 millones de pesos. Sumada esta cantidad a los 74 millones da un total de 133 millones de pesos, que es el presupuesto global de la comuna capitalina. Más claro, ni el agua. Las cifras son frías.
Los regidores que se opusieron a la cuenta pública del primer semestre del presente año, son: Noé Carachure Giles, Julián De la Rosa Peláez, Osvaldo Chavarría Obeso, Jazmín Arriaga Torres, Jefri Chávez Didier y Tomás Hernández Salmerón. La población tiene una pésima imagen de estos regidores pues los considera chantajistas.
Trasciende que estos regidores presionan para extorsionar al alcalde Pérez Calvo, a quien le exigirían un “bono de marcha” por medio millón de pesos, un terreno de 200 M2 de alta plusvalía más un vehículo último modelo. ¿Y su nieve de qué sabor la quieren?
La comuna de Chilpancingo, actualmente emprende un buen número de obras –prioritarias- en la cabecera municipal y en la zona rural, como parte de los 37 millones de pesos que se ejercen; pero esto no lo dicen los regidores quienes sin bases ni nada confunden a la población con lo cual denotan su falta de información pero además perversidad.
Quienes aprobaron la cuenta pública del primer semestre del presente año –por 74 millones de pesos-, son los regidores: José Luis García Ramírez (Panal), Luis Manuel Guzmán (PRD), Mayra Morales Tacuba (PAG), Fortunato Guerrero (PAN) e Iván Sánchez (PVEM), entre otros.
Los síndicos municipales Denise Martínez Mendiola y Sergio Hernández Alcaraz, más conscientes de la situación, se han abstenido de hacer declaraciones irresponsables y han optado por reconocer que aprobaron la cuenta pública semestral.
NO AL TERRORISMO FISCAL: ECHEVERRÍA.
Para el puntual pago de impuestos a la hacienda pública estatal, el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, Abel Echeverría Pineda, puso en práctica una política sensible, cercana a la gente, de estímulos fiscales y nada de terrorismo fiscal.
En materia de recaudación, el estado de Guerrero actualmente se encuentra en el número 18, a nivel nacional. Hasta el pasado año, Guerrero ocupaba el número 29 de 32 entidades del país.
La meta es llegar al lugar número 14 a nivel nacional, explicó el Subsecretario de la Sefina, Echeverría Pineda, quien señaló que por instrucciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero se harán efectivos los estímulos fiscales a los nuevos empresarios y a quienes paguen con oportunidad sus impuestos.
Mencionó que mes con mes la Secretaría de Hacienda realiza una evaluación a los estados del país como Guerrero que cuenta con 38 oficinas recaudadoras.
“Ahora, son los mismos contribuyentes quienes ponen los plazos para el pago de sus impuestos y lo pueden hacer mediante su tarjeta de crédito, débito, a plazos de seis meses sin intereses, en la mayoría de los bancos de la entidad con los cuales la Sefina mantiene convenios”, puntualizó Echeverría Pineda.
EL ESCÁNDALO FINANCIERO.
Además del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, cinco de sus más cercanos ex colaboradores, han sido denunciados por la Contraloría estatal de perpetrar acciones ilícitas –“observaciones financieras y físicas, les llaman-, por un monto de mil 38 millones 674 mil pesos.
En conferencia de prensa, el Contralor estatal, Julio César Hernández Martínez, dio a conocer el resultado de una investigación que la dependencia realizó en las obras de construcción del Centro de Atención Ciudadana, en Acapulco.
Ricardo Cabrera Morín, ex Secretario de Finanzas; José Antonio Bajos Valverde, ex Subsecretario de Administración y Finanzas; Enrique Pasta Muñúzuri, ex Director de Personal; Patricia Margarita Díaz Hernández, ex Directora de Administración y Servicios Generales de la Sefina y Sandra Luz Flores Jiménez, ex Coordinadora Regional de Acapulco, son los ex funcionarios señalados de perpetrar diversos actos fuera de la ley con motivo de la obra denominada “Construcción del Centro de Atención Ciudadana (Cedac)”, en Acapulco. El edificio albergará a las oficinas de gobierno en el puerto.
El escándalo apenas ha iniciado al descubrirse una serie de irregularidades en las obras de ejecución de las instalaciones del Cedac, en Acapulco, cuyo monto es de mil 38 millones 674 mil pesos que podrían configurarse en delito de peculado cuyo responsable sería el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y cinco de sus colaboradores más cercanos.
El Contralor estatal, Hernández Martínez, está en su papel de investigar todas y cada una de las irregularidades en la aplicación de recursos del erario público, y si existe delito que perseguir, lo turnará a las autoridades correspondientes para que a su vez procedan conforme a la ley… Punto.
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