Perdida de Dominio en Acapulco

No fue burla, ni imposición o necesidad, simplemente fue una petición expresa de las propias autoridades estatal y municipal para que la federación se hiciera cargo de la seguridad pública en la franja turística de Acapulco y particularmente el tramo conocido como la avenida Costera. En esta arteria solo vigilarán el tránsito de vehículos y personas los elementos de la policía federal, mientras que a los elementos de la policía preventiva y de la policía vial  los expulsaron, literalmente, sin dar explicación alguna a la ciudadanía sobre dicha decisión.

 

Lo mas curioso de este hecho, que nos debería de preocupar y ocupar, es que el propio presidente municipal de Acapulco, Manuel Añorve Baños, no solo decidió dejar de ejercer su función como autoridad local y desatenderse de una responsabilidad constitucional sino que también aplaudió dicha medida.

No ocurrió lo mismo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero en cuanto a festejar que la policía federal cuidara de una parte de la ciudad de Acapulco, aunque también declinó—quién sabe porqué—ejercer su autoridad para proveer de tranquilidad a los que habitan—y visitan temporalmente—el estado de Guerrero.

Ni los propios juristas de esta entidad ni los defensores de la soberanía estatal ni quienes están en contra de la injerencia del gobierno federal en asuntos que compete resolver a los propios guerrerenses han alzado la voz para denunciar tal atropello, pues si de algo no nos podemos olvidar, son de los abusos que en otros tiempos cometieron (policía judicial federal, elementos del ejército mexicano) contra la población con el prurito de combatir la siembra y el tráfico de estupefacientes y después para realizar actividades de contrainsurgencia, dando como resultado la llamada guerra sucia.

Quizá algunos digan que esos eran otros tiempos, cuando el autoritarismo gobernaba a lo largo y ancho del país y no había otra voz ni otra representación a la que atender que no fuese al presidente de la República. Pero el caso es que ahora, tras casi medio siglo de distancia, las cosas han cambiado y se ha reformado el ejercicio del poder y se han impulsado prácticas democráticas que debieran atenderse puntualmente y no solo cuando a ciertos grupos o gobernantes les conviene, como es el caso que comentamos.

Habrá que recordar que en la Constitución del estado libre y soberano de Guerrero, en el artículo 74, capítulo V, que habla de las atribuciones del gobernador dice: …proveer por todos los medios que disponga la tranquilidad seguridad y salubridad pública en igualdad de circunstancias para todos los habitantes del estado.

Luego entonces, el gobernador Aguirre debió de asumir, ante la incompetencia del gobierno municipal de Acapulco, la salvaguarda de los intereses de los habitantes de este municipio y por ningún motivo dejar que otra instancia de gobierno lo hiciere.

También tendríamos que señalar que al alcalde de Acapulco, doctor Manuel Añorve Baños se le olvidó que el artículo 115 constitucional que habla de lo que es el Municipio Libre, en el inciso III dice que Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguiente: h)SEGURIDAD PUBLICA en los términos del artículo 21 de esta Constitución , policía preventiva municipal y tránsito.

Como se puede ver, las autoridades locales—estado y municipio—tienen la obligación de proveer de estos servicios a la comunidad y no dejar en manos de otra instancia esta responsabilidad, so pena de que volvamos a sufrir otra vez los abusos de un poder ajeno a nuestro territorio. No olvidemos que somos una República federada y por lo mismo lo que se prevé para casos de excepción son la coordinación, mas nunca la subordinación, como es este penoso caso que vivimos hoy en el puerto de Acapulco.

Recordemos que desde hace varios meses el gobernador del estado firmó en la ciudad de México un convenio con la federación para poner en marcha el operativo Guerrero Seguro a fin de que la federación combatiera en franca coordinación a la delincuencia organizada y particularmente lo que tiene que ver con el narcotráfico y por ende, bajar los niveles de violencia que estos grupos habían incrementado a niveles alarmantes y que constituían una amenaza para la principal fuente de ingresos de esta entidad que es el turismo nacional y lo que queda del extranjero.

Sin embargo, durante estos operativos, la federación se dio cuenta y así lo ha externado, de que las policías en esta entidad estaban infiltradas por los capos de las drogas y por lo tanto los niveles de confianza hacia estas corporaciones eran ínfimos.

Si bien es cierto que a partir del operativo Guerrero Seguro los niveles de ejecuciones y violencia en este municipio bajaron sensiblemente, no han logrado mantener la tranquilidad deseada para que el turismo repunte y se haga gala que esta ciudad—otrora centro de diversión—está fuera de peligro y de actos violentos.

Unos días antes de que la federación se hiciera cargo de la vigilancia de la avenida costera por 12 horas consecutivas—a partir de las 8 de la noche y hasta las 8 de la mañana—se registró un acto de extrema violencia en la playa de Caleta, donde hombres vestidos de civil entraron a la playa y frente a cientos de turistas le dispararon a un hombre a quemarropa y lo dejaron muerto ante el pánico de los que ahí se encontraban.

Lo peor del caso es que a unos metros de donde se ejecutó a dicha persona hay un módulo de seguridad pública, pero sin ningún policía. Esto facilitó la huida del agresor y solo se detuvo a uno de los acompañantes. Esto quizá fue la gota que derramó el vaso.

Unos días antes, en este mismo lugar, a unos pasos del crimen, tanto el gobernador como el alcalde y el hombre mas rico del mundo, Carlos Slim, se reunieron para lanzar a los cuatro vientos el acuerdo para reactivar esta zona deprimida y que fue la que dio brillo y prestigio al Acapulco que hoy se conoce a nivel mundial.

Por lo tanto, algo se debía hacer y lo que se les ocurrió a las autoridades locales fue desatenderse de esta responsabilidad de otorgar seguridad pública a los ciudadanos, pasándole la estafeta a la federación, la cual puso como requisito el que la franja de la costera estuviese limpia de policías preventivos y de vialidad, pues no se les tiene la mas mínima confianza y se teme que sean halcones disfrazados al servicio de la delincuencia organizada.

Sea o no exacta la hiopótesis, el hecho mismos de que las autoridades hayan decidido no ejercer su responsabilidad constitucional nos envía el mensaje de que no tenemos autoridad municipal ni estatal la mitad de cada día y los ciudadanos no sabemos a qué autoridad ocurrir en caso de excesos de autoridad de los policías federales a cargo de la avenida Costera en Acapulco.

Los guerrerenses y los acapulqueños votaron por el gobernador y el alcalde de Acapulco para que sean sus representantes y por lo tanto quienes velen por la tranquilidad y el progreso de la entidad y la ciudad y no pueden reconocer que una autoridad ajena a nosotros ejerzan las funciones que deben desplegar los auténticos representantes populares.

Y parafraseando al empresario Alejandro Martí les decimos: ‘’si no pueden, ¡renuncien!’’

 

Periodista y Analista Político*

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