PÉNDULO POLÍTICO… LA SEGURIDAD PÚBLICA.
Por Emiliano Mateo Carrillo Carrasco
Para hacer frente al problema, en los últimos años se aprobaron cambios legales con el fin de aumentar penas y crear nuevos tipos penales, se reformó el sistema procesal penal y se legisló en ámbitos como el de justicia para adolescentes, sistema penitenciario, delincuencia organizada o coordinación en materia de seguridad pública. La seguridad e impunidad a la falta de compromiso de servicio y una burocracia sujeta a los actos de los mandos mayores sin rumbo de competencia, hay dos aspectos de ver la realidad ante la criminalidad (impregnada en el poder y en servidores públicos que los protegen O/Y están intimidados por su vida y esos mandos incapaces de dar protección a sus servidores a los ciudadanos ordinarios.
Las autoridades demuestran incapacidad y negligencia para enfrentar y castigar a la delincuencia, los carteles regionales de la distribución de drogas y explotación humana en el mercado de prostitución. La disminuida capacidad de respuesta institucional ilustra la ineptitud ante la magnitud del reto que deben atender.
La impunidad es un fenómeno en expansión. La inseguridad ocupa el primer lugar en las preocupaciones de la sociedad que vive día a día en la incertidumbre de la inseguridad y el cobro de rentas a los comercios. A pesar de todos estos cambios, la criminalidad no ha cedido y la percepción de inseguridad se ha incrementado, deteriorando la calidad de vida de los mexicanos. Repetir las mismas estrategias podría agravar la de por sí delicada situación en muchos estados y ciudades del país.
El problema de la seguridad pública se ha convertido en la principal preocupación de los mexicanos. El incremento en la incidencia delictiva en general, la tasa de homicidios y el aumento de los delitos patrimoniales, han dañado la percepción que tienen los ciudadanos sobre la seguridad en sus ciudades, colonias y comunidades, dañando a su vez la convivencia cotidiana y a las afectaciones de la perdidas d sus salarios de una clase desprotegida las más vulnerable de la delincuencia, en trasuntes, casas habitación, estudiantes, en el transporte.
Se aprobaron cambios legales con el fin de aumentar penas y crear nuevos tipos penales, se reformó el sistema procesal penal y se legisló en ámbitos como el de justicia para adolescentes, sistema penitenciario, delincuencia organizada o coordinación en materia de seguridad pública. Factor multifactorial de la criminalidad no ha cedido y la percepción de inseguridad se ha incrementado, deteriorando la calidad de vida de los mexicanos.
El país requiere de la fortaleza de los municipios dependiendo a sus tipologías, en base a la participación ciudadana que se involucren a las necesidades comunes de cada municipio para su mejor entorno social económico y político: El Estado influye hasta en lo más íntimo de nuestras vidas privadas, la familia, la educación, la economía las relaciones laborales, las comunicaciones, etc.
EL MUNICIPIO primer nivel de gobierno donde tiene contacto con la población y se desarrolla en relación al artículo 115 fracción VII, establece primero la policía preventiva estará al mando del presidente municipal y en ultimo pfo de esta fracción señala : el ejecutivo federal tendrá el mando de la fuerza pública donde resida habitual mente o transitoriamente.
La desaparición de los municipios por sus acciones de infiltraciones de la ilicitud, pues aplicar la atracción de la federación, aplicar este articulo y en establecer acciones de Aplicación, para evitar violaciones de las autonomías. • Articulo 115 fracciones IV. • Además la fracción III de este artículo 115 Enciso H).- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta constitución, policía preventiva municipal y transito; •Así como en lo relacionado en el Artículo 21 constitucional pfo 4 y 5 para la seguridad pública. La seguridad pública se ha convertido en la principal preocupación de los mexicanos. El incremento en la incidencia delictiva en general, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes y el aumento de los delitos patrimoniales, han dañado la percepción que tienen los ciudadanos sobre la seguridad en sus ciudades, colonias y comunidades, dañando a su vez la convivencia cotidiana.
Para hacer frente al problema, en los últimos años se aprobaron cambios legales con el fin de aumentar penas y crear nuevos tipos penales, se reformó el sistema procesal penal y se legisló en ámbitos como el de justicia para adolescentes, sistema penitenciario, delincuencia organizada o coordinación en materia de seguridad pública.
La criminalidad no ha cedido y la percepción de inseguridad se ha incrementado, deteriorando la calidad de vida de los mexicanos. Repetir las mismas estrategias podría agravar la de por sí delicada situación en muchos estados y ciudades del país. En este sentido, la política de paz y seguridad del actual Gobierno de México gira en torno a cuatro grandes ejes; a) Una sólida estrategia anticorrupción, acompañada de políticas de desarrollo social y económico que fortalezcan el tejido social; b) La creación de la Guardia Nacional que busca combatir los delitos más graves y al mismo tiempo ser subsidiaria con los gobiernos estatales y municipales, considerando las limitaciones en los estados de fuerza con los que cuentan; c) El fortalecimiento de las policías estatales y municipales para que paulatinamente asuman a plenitud sus funciones y facultades y se articulen con las fiscalías sean más eficaces y eficientes a la investigación y persecución de los delitos.
El artículo 115 constitucional –que establece que los municipios tendrán entre las funciones y servicios públicos a su cargo, la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito– no distingue entre aquellos con menor o mayor población, o con mayores o menores capacidades de gobierno.
La realidad de un Estado que no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos. El fundamento primario del régimen jurídico de la seguridad pública en el artículo 21 de nuestra Ley Fundamental.
“la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública”. Municipios y estados son dos actores del federalismo con una relación peculiar de dependencia en aspectos centrales, al mismo tiempo que gozan de autonomía tutelados constitucionalmente.
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