Por: Andrés A. Solis Álvarez

El 30 de octubre de 2021, el cabildo de Cajeme Sonora tuvo una desafortunada conversación en la que culparon a medios y periodistas de la crisis de inseguridad que desde hace años padece este municipio del sur del estado de Sonora.

Los regidores decían que la prensa local era culpable de que la inseguridad no se redujera por sus coberturas de los hechos violentos, en vez de reconocer que como gobierno han sido incapaces de enfrentar a la delincuencia.

Esto no es nuevo: varios gobernantes municipales y estatales han tenido esa absurda idea, cuando debieran aceptar que es su mal desempeño o sus nexos con bandas criminales las que no permiten reducir la violencia.

El papel de la prensa es dar testimonio, aunque sí, muchas veces se hace mal periodismo y se privilegia el morbo, pero eso es otro tema.

Lo que no puede haber son argumentos pobres para tratar de controlar la información que se difunde a través de los medios de información y que en realidad pretenden limitar, vulnerar y atentar en contra del derecho a la libertad de expresión y los derechos de información de la sociedad.

El 6 de abril, el Congreso de El Salvador aprobó reformas legales que buscan criminalizar la actividad periodística y castigar hasta con 15 años de cárcel el ejercicio de informar.

Según estas reformas a la “Ley de proscripción de pandillas”, habría penas de prisión “a quienes elaboren textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual relacionados con pandillas”.

Una nota informativa, una foto, una pieza periodística en televisión podrían considerarse como una violación a los preceptos de esta ley que reconoce como delincuentes a quienes forman parte de las famosas “maras”.

En un país como El Salvador, que lleva tres décadas enfrentando una crisis de seguridad por las pandillas, resulta más fácil querer encarcelar a periodistas que informen sobre esta realidad, en vez de hacer labor de Estado y actuar para garantizar la seguridad de las personas.

Claro, el problema es que El Salvador tiene a un presidente llamado Nayib Bukele que está peleado con la prensa; cada día encuentra una nueva forma de descalificar a medios y periodistas, de acusarlos de falsear información y de emprender una campaña en contra de su gobierno. Estoy hablando de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, aunque las referencias las veamos muy cercanas.

La prensa salvadoreña está bajo el asedio de las bandas criminales y del gobierno que debería protegerla y garantizar el libre ejercicio del periodismo y, en vez de eso, busca criminalizarla. Insisto: estoy hablando de Bukele y es una mala señal.

“Ley de proscripción de pandillas” que amenaza con cárcel a quienes elaboren textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier otra forma de expresión visual relacionadas con pandillas solo busca “criminalizar la profesión periodística”.

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*Periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”. Conduce el programa “Periodismo hoy”, que se transmite los martes a las 13:00 h, por Radio Educación.