Por Jorge Romero Rendón                                            Foto: https://www.facebook.com/jorge.romerorendon1 

     Luego de que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) resolvió rechazar la impugnación a la elección de gobernador de Guerrero presentada por el PRI y PRD, el candidato a la gubernatura por esa coalición, Mario Moreno Arcos acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para requerir la anulación del proceso ante las evidencias de un fraude masivo y por la ilegal intromisión de Andrés López Obrador, conductas por las que ese órgano ya ha emitido sanciones contra el presidente, que pueden aplicarse como antecedente a favor de la causa del priista.

     El equipo de abogados encabezado por el representante del PRI, Manuel Saavedra Chávez, y del PRD, Daniel Meza Loeza, solicitaron de hecho al TEE que remita la impugnación que en este tribunal desestimaron, a la Sala Superior del TEPJF “para su substanciación y resolución definitiva”.

     Entre los argumentos y pruebas presentadas por los abogados de la coalición PRI-PRD, se acusa la intromisión del presidente López Obrador en la elección de gobernador, tanto a favor de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, como de su hija Evelyn Salgado Pineda –a la que acusan de ser inelegible-, además de utilizar los recursos del gobierno federal en lo que fue una “elección de Estado” que usó los programas sociales, la promoción de logros de gobierno y la propaganda personalizada, acciones que están prohibidas durante los períodos de campaña electoral, vulnerando el principio de equidad que debe prevalecer en una contienda democrática.

     De esa forma, la impugnación a la elección de gobernador tiene un gran peso en la instancia electoral federal, ya que el TEPJF ha emitido al menos cinco resolutivos en contra de otras tantas denuncias en contra de AMLO,  y le ha impuesto sanciones que han tenido que ser apercibimientos directos a su persona y a sus funcionarios, debido a que el presidente goza de Fuero debido a su estatus de jefe de Estado, ya que carece de superior jerárquico, y a que constitucionalmente solo puede ser juzgado por traición a la patria y delitos graves, por lo que no ha tenido empacho para abusar de esa ventaja...

Resolutivos del TEPJF contra AMLO sientan precedente jurídico…

     El objetivo de Obrador en la pasada elección fue ganar la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y en los congresos locales, así como el mayor número de gubernaturas posibles, para ampliar su base de poder. De ahí el reparto masivo de recursos a través de “programas sociales” –entrega de dinero en becas y pensiones-, la movilización de sus operadores y activistas electorales, el fraude directo mediante la manipulación de urnas y de las boletas electorales, y la presencia de criminales armados, entre otros delitos. Todo coronado por un discurso presidencial proselitista y tramposo, que influyó a favor de Morena en estados como Guerrero,

     Sin embargo, durante el período de campaña, partidos como el PAN y el PRD presentaron diversas denuncias contra las irregularidades cometidas por el presidente. En su gran mayoría, tales conductas –comprobadas- dieron pie a resoluciones del TEPJF en contra de AMLO, con sus respectivas sanciones que, aunque leves como se ha dicho, han sentado precedente jurídico debido a que de hecho afectaron al proceso electoral.

     Entre las denuncias por las que se ordenó aplicar sanciones a la conducta del presidente, el Tribunal Federal Electoral censuró la difusión del “Informe” presidencial por los primeros 100 días de gobierno en 2021, emitido el 30 de marzo pasado, “porque no se trató de un informe de labores de los previstos en la Constitución, sino de un acto ilícito de propaganda gubernamental personalizada”.

     Consideraron que la difusión de dicho informe, el 30 de marzo pasado, violó la veda electoral. Además de que el discurso del presidente fue una promoción personal, para obtener la aprobación del trabajo gubernamental y las acciones del ejecutivo durante los primeros 100 días de este año, que se difundió cuando las campañas habían iniciado en seis estados”, entre ellos Guerrero.

     El TEPJF ha encontrado al presidente responsable de hacer promoción personalizada, realizar propaganda en periodos prohibidos y vulnerar la equidad en las recientes contiendas electorales en varios estados del país. El 27 de mayo, la Sala Especializada determinó que el presidente violó las restricciones constitucionales durante su conferencia mañanera del 9 de abril, cuando se refirió a programas sociales y a la lucha contra el robo de combustible: el mandatario presumió acciones de gobierno en un periodo prohibido.

     Y para colmo, el 16 de junio, la Sala Especializada ordenó multar a Morena con 268,860 pesos por apropiarse de manera indebida de la distribución y aplicación de la vacuna contra COVID-19.

Los magistrados estimaron que el partido hizo uso indebido de programas sociales vinculados a la política de vacunación, al incluir en un mensaje de Twitter la frase "Por eso distribuimos y aplicamos la vacuna contra el COVID de manera gratuita para todas y todos".

     Tales conductas quedaron vinculadas como violaciones a la ley electoral vigente, y serán aplicables como precedente de peso que puede llevar a la anulación de la elección de gobernador de Guerrero –hay otros cuatro estados en el mismo caso-, en un momento en el que López Obrador está tratando de amedrentar a consejeros y magistrados de los órganos electorales federales (INE y TEPJF) con su recurrente discurso de buscar que se estos se reformen o sean sustituidos por otros, acusándolos de una parcialidad que nadie ve por ningún lado.

     Y tanta es la inquina de AMLO, que de nuevo vuelve a reprocharles el haber anulado el registro a Félix Salgado –¡ese es amor del bueno! - como candidato de Morena a gobernador de Guerrero, para que vea que con el presidente los rencores son eternos…

¿Y dónde está el PRI…?

     Es la pregunta del millón. Porque desde que Mario Moreno Arcos presentó su primera impugnación ante el TEE hace varias semanas, los dirigentes del PRI parecen haber desaparecido… o se fueron de vacaciones.

     Desde hace más de un mes no han acompañado ni apoyado a su candidato, y de hecho las posturas públicas asumidas por este las ha tenido que difundir a título personal, mediante comunicados con su firma. Tampoco se han pronunciado en apoyo a la nueva impugnación ante el tribunal federal.

     ¿A poco ya se conformaron y no le ven futuro al procedimiento jurídico, o alguien les está jalando las orejas y así se queden quietecitos y calladitos para, en nombre de la gobernabilidad, “garantizar un cambio de gobierno terso” …?