Los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa son los verdaderos aristócratas de la educación en Guerrero, e incluso entre las 17 escuelas de su tipo que hay en México, pues con un presupuesto de 70 millones de pesos –ejercidos el año pasado-, cada alumno nos cuesta la friolera de 116 mil pesos por ciclo escolar, costo equivalente a lo que cobran de colegiaturas las universidades privadas más caras en el país. Hay quienes aseguran que las instalaciones de Ayotzinapa son viejas y que tienen “graves” carencias, pero es sabido que cada año demandan que les rehabiliten baños y dormitorios, porque cada año los dirigentes del Comité Estudiantil se roban el mobiliario e incluso arrancan instalaciones sanitarias, como se ha denunciado reiteradamente.
De manera que en esas condiciones y a esos costos, Ayotzinapa vive en la contradicción de ser la escuela más cara del estado –pero es la más inservible- y es la normal rural que más invierte por alumno: según datos oficiales revelados por la secretaria de Educación Guerrero, Silvia Romero Suárez, el costo por alumno de Ayotzinapa es de 116 mil pesos –el subsecretario Marcial Rodríguez Saldaña cita que podría llegar hasta 123 mil pesos-, que es cuatro veces más caro de lo que cuestan en las otras normales rurales, donde el promedio es de apenas 30 mil pesos por alumno.
Lo malo es que en lugar de ser una institución de excelencia, donde los alumnos se concentren en sus estudios, resulta que Ayotzinapa es la más conflictiva de todas las escuelas de su tipo en México, y desde donde se proyectan movimientos políticos que más que buscar reivindicaciones académicas, se lanzan a tratar de desestabilizar a los gobiernos en turno.
La razón de esa movilización política continua que realizan los ayotzinapos surge desde lo que la titular de la SEG llama una “autocracia”, en la que los dirigentes estudiantiles aplican una forma torcida de autogobierno, que es el principal motivo de la “defensa” de su escuela.
Un diagnóstico de la SEP destaca delincuencia normalista…
De acuerdo con una evaluación hecha por la Secretaría de Educación Pública, entregada hace dos días a los diputados federales que forman la Comisión que le da seguimiento al caso de Ayotzinapa –y divulgada ayer por el diario El Universal-, resulta que “en las Escuelas Normales Rurales —que tienen una matrícula de casi siete mil alumnos— se cometen delitos durante conflictos estatales o nacionales, además de que tienen bajo rendimiento académico y prácticas poco democráticas, como la venta de plazas”.
“Diputados y senadores que dan seguimiento al conflicto de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, recibieron un informe en el que la SEP advierte que los 17 planteles de este sistema están bajo la influencia de comités estudiantiles que imponen reglas ajenas al sentido académico”.
“Es de los años 70 la práctica –sigue el documento- de los comités estudiantiles en el ingreso de alumnos. Esos grupos ‘no aplican criterios académicos, sino de fidelidad ideológica y lealtad política, lo que erosiona la autoridad del Estado’ (autoridades federales y estatales)”, asegura la SEP.
El informe da cuenta de la carencia de disciplina, de la ocupación extraescolar de las instalaciones por parte de los alumnos e, incluso, afirma que “no hay control del uso de bebidas alcohólicas o tabaco”. La vida interna en estas normales está marcada por prácticas autoritarias desde el ingreso a la carrera, y ese ambiente en ocasiones determina la salida de jóvenes que no se adaptan a la voluntad de una minoría.
“Las prácticas políticas que se desarrollan en estas instituciones –asegura la SEP- en donde el punto de vista del comité estudiantil se le impone al resto de la comunidad y la disidencia es duramente castigada, incluso con la expulsión del plantel”. Se sabe que ha habido disidentes desaparecidos.
Los legisladores fueron notificados esta semana que entre los delitos que eventualmente cometen los estudiantes de las Normales Rurales figuran la “toma de instalaciones, saqueos a establecimientos, pintas, cierres de carreteras, quema de vehículos, secuestros y agresiones en general, entre otros”. En la “semana de inducción” de las normales rurales, expone el reporte, se “provoca que alumnos con buenas calificaciones o buenos resultados en los exámenes deserten”.
Por si fuera poco, “es frecuente que los alumnos no permitan el control de asistencia a clases ni de entrada ni salida de la escuela”. En ese sentido, “impiden que se den las condiciones de operación mínimas”, detalla el diagnóstico federal.
“Las normales rurales tienen el problema de incumplimiento de calendarios escolares, horarios de trabajo, asistencia, exámenes y acreditaciones, lo cual repercute en el bajo rendimiento escolar”, concluye el estudio entregado a los legisladores.
Ante los hechos, urge un cambio de fondo…
El diagnóstico mencionado habla por sí solo de la necesidad de que se aplique un cambio de fondo no solo en Ayotzinapa sino en todo el modelo de las normales rurales del país. Aunque dada la beligerancia y la poca disposición al trabajo académico de los ayotzinapos, debería cerrarse. Pero como políticamente eso no es posible ahora, valdría la pena que se lleve a cabo una consulta pública sobre un nuevo modelo educativo para esa escuela, más barato y que sí sea eficaz formando maestros, no guerrilleros subsidiados al costo de las colegiaturas más caras de México.
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