Atendiendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es preciso no olvidar que Guerrero es un Estado de la Federación soberano, con poderes públicos legítimos y autónomos, sujeto al Pacto Federal en sus derechos y obligaciones. A sabiendas de ello podemos escribir que el Gobernador del Estado -Ángel Aguirre, con referencia a este caso-, tiene a su favor el apoyo de la votación ciudadana más copiosa, con la que haya sido investido gobernante alguno de Guerrero. Por lo mismo, sumarnos a la respetabilidad del Poder Ejecutivo, en los lances del conflicto de Ayotzinapa, es apenas una forma congruente de solidarizarnos con la institución política que es el Gobierno del Estado.

 

El informe preliminar es contundente. Precisa a la PGR como instrumento de la averiguación y señala a presuntos implicados en los resultados fatales del 12 de diciembre.

Los normalistas también tienen responsabilidad social, moral y probablemente penal. Sus actos para exigir prestaciones, violentan el Estado de Derecho. Secuestran autobuses, toman casetas de peaje, queman gasolineras, bloquean vialidades y azoran con horas de pánico a la población por sus coléricas manifestaciones.

La provocación y la confrontación no son estratagemas que apruebe la sociedad. La mayoría somos un pueblo trabajador, ocupado y preocupado por la crisis permanente de la pobreza. Los estudiantes son un grupo de jóvenes indóciles que deben aceptar su condición de minoría social.

Ángel Aguirre al frente de la sociedad que lo hizo gobernante debe manejar la situación como el árbitro que debe satisfacer a los involucrados, determinando la justicia estricta a que lo obliga la cruel circunstancia de los trágicos acontecimientos.

En este sentido cuenta con el apoyo de todos los guerrerenses que deseamos una Entidad civilizada, de convivencia pacífica, y capaz de apurar los más amargos trances de su actual historia.

 

PD: “La salud del pueblo es la supremacía de la Ley”: Cicerón.