El comportamiento de los diputados locales perredistas en el Congreso local, en relación a la desactivación del conflicto del 12 de diciembre pasado, será crucial en las próximas semanas. Una situación lo anticipa así: si el presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista Faustino Soto Ramos, le da entrada a la solicitud de juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre, y esta es apoyada por la fracción de diputados del PRI, se despejarán muchas dudas.

La que más prurito despierta es justamente aquella que acaba de condenar el diputado federal amarillo, Armando Ríos Piter: que desde el PRD se le está haciendo el caldo gordo al PRI.

El único detalle es que a los políticos se les debe leer al revés. Las lecturas al respecto son elocuentes.

PITER Y SOTO: CERRAR LA PINZA.- El diputado Soto Ramos no cuenta con trabajo político en Guerrero. Su fuerza –si es que aún la tiene- está en el Distrito Federal. Y si se mira bien, fue uno de los beneficiarios de la violenta muerte del extinto diputado perredista, Armando Chavarría.

Arribó a esa posición luego del manotazo zeferinista que le quitó la Comisión de Gobierno a la tribu Polo Guerrerense de Izquierda –que lideraba Chavarría-, en la figura del diputado local y hoy aspirante a senador, Celestino Cesáreo Guzmán. En consecuencia, Soto Ramos tiene raíces y afinidades políticas con el ex gobernador perredista Zeferino Torreblanca. Tres hechos así lo confirman: a la salida de Ignacio Rendón Romero, de la Auditoria General del Estado (AGE), el grupo zeferinista propuso a Arturo Latabán López –ex contralor interno de la SEG-, como su relevo.

Y Faustino Soto se encargó de que dicha propuesta fuera aprobada por unanimidad en diciembre de 2010.

Por otro lado, cabildeó con las fracciones partidistas que integran dicha representación popular, la aprobación de todas las cuentas públicas del propio ex gobernador Torreblanca. Y finalmente, desató un escandaloso ruido mediático para llamar a comparecer a los ex procuradores zeferinistas en torno al manoseado e inconcluso caso Chavarría, intención que al final de cuentas se perdió en la agenda legislativa.

Lo cual acusa complicidades. De ahí se desprenden algunas lecturas:

1.- El diputado Faustino Soto busca la candidatura perredista a diputado federal por el distrito 3 de Zihuatanejo. Curiosamente, el mismo que encabeza Armando Ríos Piter. Es obvio que, dada la escasa presencia de Faustino Soto en dicha demarcación distrital, intentará colgarse de los apoyos y la presencia de Ríos Piter, con el fin de sumar adeptos a su proyecto. Quiérase o no, harán equipo dadas las afinidades políticas que los unen.

2.- El Congreso local es la natural caja de resonancia de los problemas más graves que ocurren en la entidad. Por eso los normalistas de Ayotzinapa se apersonaron en ese recinto tras el zafarrancho que les dejó como saldo dos bajas, exigiendo a Soto Ramos, dar entrada a la demanda de juicio político contra el gobernador Aguirre.

3.- Armando Ríos Piter, es el coordinador de los diputados federales perredistas en el Congreso de la Unión. Es decir; cuenta con amplias posibilidades de cabildear con los perredistas que no son afines a Ángel Aguirre –Dolores Padierna, Ilich Lozano Herrera, Guadalupe Acosta Naranjo y hasta el ex perredista Gerardo Fernández Noroña, entre otros- su salida del gobierno guerrerense. Y eso nutre la coyuntura de los acuerdos y las complicidades con Faustino Soto. Porque el primero desde el plano federal y el segundo desde el Congreso local guerrerense, podrían cerrar la pinza para desestabilizar efectivamente, la actual administración estatal aguirrista. Sobre todo porque se estaban tocando sensiblemente y mediante sendas auditorias financieras, los intereses del ex gobernador Zeferino Torreblanca, un personaje que benefició políticamente tanto a Soto Ramos como a Ríos Piter.

Y es indudable que ambos tratan de explotar la coyuntura a su favor.

HOJEADAS DE PÁGINAS…En un afán por quedar bien con los periodistas que lo entrevistaban, el secretario de Desarrollo Social, David Jiménez Rumbo, le regaló 200 pesos a una indígena y con ello evalúo que estaba combatiendo la pobreza. Alguna vez el propio funcionario se asumió como “visionario”. Pero si esa concepción tiene en torno a la erradicación de la pobreza, entonces es “involutivo”. Se confirma con ello que, a un gran segmento de los políticos guerrerenses les hace falta instrucción. Y que tienen una visión muy limitada y estrecha en relación a la aplicación eficaz de las políticas públicas. Jiménez Rumbo es el ejemplo más desafortunado de ello.

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