El seguimiento puntual que el gobierno federal aplica para tomar a Guerrero como referente en avances sociales y de seguridad, no es gratuito; el dato que llama la atención de la federación es que cuando se tuvieron los primeros análisis sobre los efectos detonados por la emergencia económica, la entidad suriana aparecía con focos rojos por la elevada posibilidad de un crecimiento delincuencial derivado del desempleo y suspensión de actividades productivas.

De hecho, las menciones del presidente López Obrador para reconocer la baja en los índices delictivos en Guerrero, pueden leerse como la exposición de los saldos de  gobernabilidad logrados en un escenario nacional agobiado por una severa crisis de seguridad interior.

Guerrero es uno de los estados más disputados por los cárteles del crimen organizado, y a ello hay que añadirle el deterioro institucional acumulado durante décadas por la relación funcional entre cacicazgos priistas-perredistas matrimoniados con los grupos delictivos beneficiados ante una serie de intereses compartidos.

De ahí que el gobierno federal mantuviera en febrero pasado oscuras expectativas por el toque de emergencia que la pandemia traería a la entidad. Lo que pasó por alto en su estudio de escenarios el Centro de Investigación Nacional fue que el Covid-19 se presentó cuando el plan de recomposición político-administrativo iniciado por el Gobernador Héctor Astudillo cuatro años atrás, entraba ya en etapa de maduración.

En octubre de 2015, Astudillo Flores recibió una estructura de gobierno contaminada: un estado atribulado por elevados niveles de reclamo social y con un predominio creciente de grupos criminales, por lo que se trazó una ruta de rehabilitación institucional enfocada a restaurar el control de la administración y el desarrollo de infraestructura pública en puntos clave, algunos seleccionados por su condición de marginación y otros por el alto potencial económico desaprovechado que representaban.

Más allá de un experimento político, la estrategia de Astudillo consiste en impulsar el flujo turístico, cuyos ingresos financieros son el eje económico del estado, abrir espacios productivos a la sociedad para crear empleos y fijar estrictas disciplinas de coordinación entre el aparato de seguridad estatal, la Fiscalía General de Guerrero y el cuerpo policiaco del gobierno federal.

Por lo pronto, el Secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo Montaño destacó que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero se mantiene en el décimo lugar de homicidios dolosos, reduciendo los índices en un 11.5 por ciento durante el periodo enero junio.

Después de todo, así se explica la fijación de mantener una Fiscalía estatal  cuyo sistema operativo se sustente en los recursos tecnológicos avanzados que ofrece el gobierno federal.

En ese contexto se localiza también el robustecimiento de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria de Guerrero, (CICAEG), operada por Javier Taja Ramírez, organismo creado en 1981 por Alejandro Cervantes Delgado y cuya funcionalidad apenas sirvió durante casi 35 años para dar ocupación en la nómina estatal a políticos en etapa de retiro.

A casi cinco años de iniciado el gobierno de Héctor Astudillo, la CICAEG ha seguido con Javier Taja una ruta que responde más a pulsos de desdoblamiento regional que a objetivos de catálogo material: en la región de La Montaña construyó el libramiento a Tlapa; en Costa Chica instala el corredor turístico costero Playa Azul-Playa Ventura, en Copala; en la zona Norte la carretera Tetipac-San Gregorio y el camino de acceso a la colonia Álvaro Obregón; en Tierra Caliente el puente Cuauhtémoc en Tlalchapa, puente Tario en Coyuca de Catalán y en Ciudad Altamirano el boulevard a Tanganhuato; en Acapulco las inversiones centrales han sido la ampliación de la avenida Escénica a cuatro carriles, los pasos elevados en el boulevard de Las Naciones, construcción del boulevard Pie de la Cuesta-Barra de Coyuca, pavimentación del acceso carretero Las Cruces-La Cima, el corredor Puerto Marqués-Revolcadero, la ciclopista Mundo Imperial-Tres Vidas, alumbrado de calzada Pie de la Cuesta desde el fraccionamiento Mozimba hasta colonia Fuerza Aérea y la iluminación completa de Punta Diamante, mientras que en Costa Grande se observa la construcción de la Escénica Riscalillo, la ciclopista y el muelle en Zihuatanejo y en Chilpancingo el libramiento de Tepechicotlán.

Al final de cuentas, la estrategia de Astudillo parte de que la presencia de fuerzas de seguridad nunca alcanza para restaurar el control de la seguridad interior, y la supuesta cicatrización del tejido social no es sostenible sin garantías para la inversión financiera privada.

En todo caso, hay elementos para percibir que la estrategia del gobernador Astudillo pretende ocupar los vacíos sociales en los que se nutre la delincuencia.

Por lo menos, el latigazo del incremento criminal en tiempos del coronavirus que inundó catorce estados de la República, no contagió a Guerrero como se pronosticaba.