Ante los escandalosos fraudes que se han descubierto, la CFE retira sus promocionales que presumían ser esta una empresa de clase mundial. (Foto: Andrés Arias Jurado)

Los fraudes legales a la CFE

 

Los escándalos de diversa índole alcanzan irremediablemente a Guerrero. Y uno de los que está en puerta es aquel relacionado con el millonario fraude a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por parte de abogados litigantes, quienes en contubernio con los apoderados legales de esa empresa, representantes de registro público de la propiedad y peritos de los juzgados federales, se han encargado de exprimirla literalmente. Sin embargo, el punto es que el brazo de la Ley amenaza con alcanzarlos. Y ya pusieron metafóricamente, sus barbas a remojar. La turbulenta historia lo dice todo.

 

CABLEADOS: MINA DE ORO.- Desde 2005 a la fecha, en los juzgados federales guerrerenses se puso de moda demandar a la CFE. La causa: que muchos propietarios eran afectados por el cableado que atravesaba justo por encima de sus predios o viviendas. O en términos legales,  el derecho de servidumbre de paso. Y eso se convirtió en  virtual mina de oro para todos los involucrados. Hasta el propietario que caía inocentemente en las voraces fauces de los abogados litigantes.

La razón es simple: por cada juicio contra la CFE, estos abogados se llevan entre  5 y 15 millones de pesos. Y a los propietarios de predios o casas construidas bajo esos cableados les dan un millón o hasta quinientos mil pesos. La historia está llena de turbiedades y corruptelas.

Porque para lograr lo anterior, muchos de estos abogados se dan a la tarea de investigar los nombres de todos los propietarios que son afectados por los cableados de la CFE a lo largo de sus respectivos predios o viviendas. Para lograrlo, cuentan con el apoyo tácito de los representantes del Registro Público de la Propiedad, quienes les brindan acceso a los expedientes de esas personas.

Una vez con esa información en su poder, el siguiente paso consiste en contactar al propietario y persuadirlo para que demande por la vía civil a la CFE. Prometiéndole desde luego, una jugosa ganancia. De acuerdo a una investigación realizada por Lectura Política, se detectó en las listas de acuerdos publicadas diariamente en los juzgados de distrito de la capital guerrerense, la publicación de 5 a 8 acuerdos de procesos civiles federales en contra de la CFE.

Y curiosamente, los únicos abogados que tienen acceso a esos juicios, gracias a los arreglos en lo oscurito con los propios apoderados legales de la propia empresa, son Mario Martínez Ortiz, Juventino Rodríguez Martínez –hermano del magistrado Vicente Rodríguez- y Alejandro Rivera Altamirano. Y hay más:

Trasciende en los propios círculos judiciales la existencia de por lo menos dos jueces civiles de Guerrero, que han aceptado llevar esos casos, cuando ni siquiera son de su competencia, dado el carácter federal de los litigios.

La clave de estos cuantiosos fraudes apunta hacia un solo lado: ninguno de esos juicios es defendido a plenitud por los apoderados legales de la empresa que suministra energía eléctrica a todos los mexicanos. Y eso se llama complicidad y amafiamiento, dado que ni apelan ni presentan pruebas ni amparan a la CFE. Y de esa forma, pierden todas las demandas.

En Chilpancingo existen por lo menos 50 juicios en ese sentido, mientras que en el municipio de Iguala hay otro número similar. A todo lo anterior se suma un hecho incontrovertible: no existe base legal para que se paguen esas millonarias cantidades, dado que el derecho de los inconformes para demandar la reparación del daño prescribió desde hace diez años, en virtud de que muchos tendidos de esos cableados se hicieron desde hace  40 años. Otros, cuando se construyó la Autopista del Sol hace 20 años.

Sin embargo, los beneficiarios de esos millonarios pagos son muchos. Principalmente, empresarios. Destaca el nombre de Elena Catalán, ex esposa de Jesús Tejeda Vargas, presidente del Patronato de la Feria de Navidad y Año Nuevo. Pero toda esta cloaca parece estar llegando a su fin en Guerrero, luego de que en el estado de Sinaloa, el Supremo Tribunal de Justicia de aquella entidad, consignara recientemente a un juez y cesara a dos más, por estar involucrados en un fraude por mil 320 millones de pesos en contra de la CFE de aquella entidad, por demandas y juicios similares a las que hoy se presentan aquí.

Hay en la norteña entidad, un total 60 funcionarios involucrados en el asalto literal a dicha empresa. De manera indirecta, este tipo de fraudes perpetrados bajo un presumible manto de legalidad, afectan las finanzas públicas nacionales. Porque luego se traducen en alzas a los cobros por concepto de servicio de energía eléctrica. Y solo unos cuanto se hacen millonarios. Ese es el punto.

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