Demasiado pronto echaron campanas a vuelo las autoridades de Guerrero, que se han regodeado públicamente en su evidente triunfo sobre las bandas criminales que han asolado tanto al puerto de Acapulco como a las comunidades del interior del estado.

Ha sido un triunfo visible, sí, pero también objetable. Hasta ahora el fenómeno de la violencia se ha observado, desde el gobierno, como un problema policiaco-militar, haciendo de lado la parte que constituye el verdadero reto a corto, mediano y largo plazo: la dimensión social.

En un reciente panel de discusión, el periodista y escritor Roberto Ramírez Bravo señalaba un vacío perturbador que ha sido obviado una y otra vez por las autoridades integradas en el Operativo Guerrero Seguro: si no existen políticas públicas diseñadas para atender a la juventud guerrerense, el de la violencia será un cuento de nunca acabar. Es verdad.

Claro que sería una mezquindad grosera no reconocer los avances del Operativo Guerrero Seguro a casi dos meses de su implementación, que han permitido un logro excepcional: traer de regreso al turismo nacional a este destino de playa, al mismo tiempo que hacer salir de sus hogares a miles de familias porteñas que, semanas antes, se refugiaban en sus casas aterrorizadas por la violencia imperante en las calles.

Debe citarse aquí que se trató de una estrategia concurrente en la que, además del trabajo de disuasión del Operativo Guerrero Seguro, participaron arduamente las titulares de dos instancias del Gobierno del Estado que antes fueron criticadas acremente por detractores gratuitos: la secretaria de Turismo, Graciela Báez Ricárdez, y la titular del Instituto Guerrerense de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero. El trabajo conjunto de ambas funcionarias importadas de la ciudad de México, que se caracterizó por propuestas plenas de inventiva y creatividad, logró generar nuevas expectativas turísticas para este atribulado puerto. No reconocer sus méritos, ésa sí que sería una actitud mezquina y grosera.

Sin embargo, creer que la estrategia de contención desarrollada por las Fuerzas Federales terminó extirpando la violencia homicida, los secuestros, extorsiones y robos, constituye un yerro descomunal.

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, el municipio de Acapulco cuenta con un total de 789 mil 971 habitantes, universo de población en cuyo contexto destaca que el 27.5 por ciento son jóvenes con un rango de edad que fluctúa entre 15 y 29 años.

Es decir, casi la tercera parte de la población total de Acapulco son jóvenes,

lo que arroja un estimado de 260 mil muchachos en todo el municipio, pero particularmente dentro del entorno urbano y suburbano.

A ello habrá que agregar que en este universo de población existe un porcentaje de personas con cinco años y más, que asciende a 233 mil 795 gentes, que sólo cuentan con instrucción primaria.

De los 789 mil habitantes que había durante 2010 en Acapulco, un sector de población estimado en 335 mil 482 personas carece por completo de servicios de salud, sin la menor cobertura de ninguno de los programas que ofrece el sector, ni siquiera el llamado Seguro Popular.

Un dato más: de los 203 mil hogares registrados por el censo en 2010, existía un importante núcleo de 63 mil viviendas con jefatura femenina. Sólo 49 mil viviendas reportaron contar con una computadora en casa.

Estas son las cifras del verdadero problema de la violencia: una tercera parte de la población del municipio son jóvenes de los cuales un porcentaje aún no estimado, pero sin duda mayoritario, carece de oportunidades de estudio, desarrollo social y, mucho menos, de futuro profesional.

Según diversos análisis consultados, la mayor concentración de jóvenes se registra en la zona urbana del puerto pero, con mayor énfasis, en la periferia de Acapulco, donde se estima en más de 100 mil el número de muchachos carentes de la menor oportunidad. Es decir, que pertenecen a familias pobres que viven del comercio en pequeño, del comercio irregular y del subempleo.

Para dar una idea de la dimensión del problema, habrá que decir que la Universidad Autónoma de Guerrero apenas cuenta con capacidad para ofrecer espacio en su nivel medio superior y superior a unos 10 mil estudiantes cada año, de los cuales muchos desertan porque no tienen ni para los camiones, menos para libros.

Esta no es sólo una visión sociológica de la realidad social: es una verdadera tragedia para decenas de miles de familias que subsisten apenas -en condiciones de pobreza y pobreza extrema- en una multitud de colonias populares y que, por ello, carecen de la menor expectativa de vida.

No hay que ir a La Montaña para encontrar estos niveles de pobreza y carencia: ya las tenemos en los nuevos cinturones de miseria en que se han convertido más de 40 asentamiento humanos periféricos del puerto, entre ellos colonias aparentemente urbanizadas como Renacimiento y Emiliano Zapata.

En este contexto, el Operativo Guerrero Seguro encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal logró resultados concretos porque, a diferencia de operativos anteriores, desplegó un amplio trabajo de inteligencia operativa y vigilancia electrónica que, combinadas, permitieron detectar las comunicaciones, actividades y pertrechos de las bandas criminales, que a final de cuentas, condujo a capturas de los principales cabecillas, las cuales hasta este momento se mantienen en secreto.

Estos líderes de la delincuencia organizada, tanto de la banda criminal autodenominada La Barredora, como del llamado Cártel Independiente de Acapulco (Cida), fueron capturados en diversos operativos dentro y fuera del estado de Guerrero como parte de un seguimiento que se mantuvo en silencio hasta que finalmente comenzaron a caer los cabecillas más peligrosos, que habían mantenido en vilo a la ciudadanía de Acapulco. De confirmarse lo anterior, es probable que en los próximos días se den a conocer públicamente las aprehensiones de sujetos que se habían mantenido impunes, como el grupo criminal llamado Los Calentanos.

Con todo, como citábamos líneas arriba, queda por atender el verdadero reto: lanzar un programa de rescate social integral de los cinturones de miseria en los que pululan quienes desde ahora aspiran a sustituir a los jefes criminales detenidos por la ley.

Ello implica ofrecer a estos miles de jóvenes en condiciones de pobreza una oferta educativa accesible -esto es, en puntos equidistantes de la periferia del puerto-, becas, ayuda para alimentos, libros, generación de empleos de medio tiempo, centros de esparcimiento gratuito, servicios médicos, plazas comunitarias de internet gratuito, atención gubernamental específica a focos potenciales de conflictos y un largo etcétera. Quizá en todo este universo de atención encuentre algo útil que hacer la inexperta secretaria de la Juventud, Gisela Ortega Moreno.

El gobernador Angel Aguirre Rivero tiene ante sí la oportunidad histórica de afrontar este reto. De no hacerlo, esta explosividad social se manifestará de una u otra manera. Sería, en mediano o largo plazo, un rebrote de la violencia. Si no nos creen, sólo será cuestión de tiempo constatarlo, lo cual sería una verdadera desgracia.