En el análisis de Miguel Ángel Arrieta M.

La presencia de Guerrero en San Lázaro esta semana guarda claves determinantes para conservar los indicadores financieros positivos obtenidos por la entidad durante el 2017. Pero también contiene una elevada dosis de orientación política rumbo al 2018.

Aunque se supone que la discusión, análisis y diseño del Presupuesto de Egresos de la Federación, (PEF), escenificada durante la presente semana en el palacio legislativo federal debe enmarcar decisiones financieras alejadas de colores e intereses partidistas, el cabildeo y asignación de presupuestos a gobiernos estatales y municipales tienen como objetivo crear bolsas económicas para poder cumplir compromisos con grupos ciudadanos que representarán un alto potencial de votos en los comicios del próximo año.

De hecho, el negociador central de Guerrero en la obtención de mejor presupuesto federal, Héctor Apreza Patrón, secretario de Finanzas del gobierno estatal, ha planteado ante grupos legislativos federales la necesidad de evitar se rompa la visión social sobre la que ha sido estructurado el presupuesto de Guerrero durante los dos últimos años.

La complicada tarea de Apreza Patrón es que ni el gobierno guerrerense, ni los alcaldes dedicados al lobby permanente durante estos días en San Lázaro, sean chantajeados por diputados interesados en favorecer políticamente a determinado grupo o comunidad con fines electorales.

Después de todo, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación intervienen legisladores de todas las representaciones políticas, por lo que la gestión de los recursos financieros para el 2018 está altamente expuesta a ser contaminada en ese sentido.

Hasta la década pasada, históricamente la discusión presupuestal transitó por laberintos partidistas en los que se repartía la gran bolsa federal en base a criterios unilaterales de quienes operaban las comisiones legislativas de Hacienda, Presupuesto, Gobernación, Comunicaciones y Transportes, y desarrollo rural, principalmente.

¿Por qué habría de ser distinto ahora?

Entre los factores presentados por Apreza Patrón en la negociación presupuestal, -desde el hecho de que Guerrero es un estado convulsionado por la violencia derivada del rezago cultural, educativo y económico-, destaca el corto tiempo que le queda a la entidad para desprenderse de atrasos ancestrales cuya permanencia representan no nada más un riesgo social en la entidad, sino un peligro latente de seguridad nacional.

En este contexto, independientemente de la premura presupuestal en materia educativa, social, de salud y de infraestructura pública que representa Guerrero, la federación debe ofrecer un paquete de estímulos fiscales orientado a fortalecer la inversión y el crecimiento patrimonial.

El daño colateral que ha sufrido Guerrero durante el periodo de su historia moderna, los últimos 40 años, es que a la par de presupuestos federales raquíticos el gobierno federal y el Congreso de la Unión no han sido capaces de contemplar a esta entidad dentro de un esquema fiscal que genere incremento en la productividad, ahorro interno, crecimiento patrimonial y abra líneas crediticias destinadas a modernizar la infraestructura turística.

Los cambios en el mapa del poder nacional observados durante los últimos cinco años revelan una República con 19 estados en manos de la oposición, y la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en las cámaras de diputados y senadores, por lo que la inercia de estos indicadores refleja condiciones en las que Guerrero sea observado con una visión económica diferente.

Por lo pronto, durante el periodo que lleva Héctor Apreza al frente de la Secretaría de Finanzas, esta entidad se colocó dentro de los primeros cuatro lugares con mayor crecimiento económico: 2.8 por ciento de incremento. 42 mil 900 personas salieron del concepto de pobreza extrema por lo que el indicador en este renglón disminuyó del 38.5 por ciento al 27.8 por ciento y logró la tasa de desempleo más baja a nivel nacional.

Estas variantes administrativas contienen suficientes datos para incentivar el presupuesto guerrerense, y una revisión más detallada del manejo de las finanzas estatales en Guerrero permite apreciar que el estado es una entidad considerada en semáforo verde por la Secretaría de Hacienda, lo que le permite aumentar su techo de endeudamiento, debido al puntual cumplimiento de obligaciones fiscales y comprobación presupuestal.

Al final de cuentas, los diputados responsables del análisis y aprobación del presupuesto, enfrentan la oportunidad de establecer las bases de crecimiento integral para una entidad lastimada económicamente durante toda su historia.

El plazo para aprobar el presupuesto concluye el 15 de noviembre. Los legisladores tienen la decisión.