Tienen toda la razón los coordinadores parlamentarios del PRD, Erika Alcaraz Sosa, y del MC, Ricardo Mejía Berdeja, al demandar que los consejeros del Instituto Electoral (IEPC) sean destituidos porque al haber abusado de los recursos públicos del presupuesto a su cargo en beneficio personal, han dejado de ser confiables y de plano “ya no garantizan certeza para calificar las elecciones del 2018”.

La demanda para que los siete consejeros del IEPC sean removidos la hizo originalmente el representante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Sergio Montes Carrillo, quien la presentó al Instituto Nacional Electoral (INE), debido a la falta de probidad y a los excesivos beneficios que se han autoasignado dichos consejeros, a tal punto que tuvo que intervenir la Auditoría General del Estado (AGE), cuyo titular, Alfonso Damián Peralta ordenó que se rebajaran sus altísimos sueldos.

Sin embargo, luego de unas semanas en las que aparentemente habrían obedecido la orden, al menos cinco de los siete consejeros del IEPC impugnaron legalmente la decisión de la AGE, argumentando que ese órgano fiscalizador había violado la autonomía del Instituto Electoral estatal por haber intervenido en sus decisiones internas sobre el manejo de su presupuesto.

Originalmente, la consejera presidenta, Marisela Reyes disfrutó de un sueldo de 212 mil pesos mensuales, que se autoasignó desde octubre del 2014, un salario que superaba en 70 mil pesos mensuales al que percibe el gobernador Héctor Astudillo Flores; y superior en 37 mil pesos a sueldo de 175 mil pesos que se asignó a los otros seis consejeros…

Simulación y rebeldía…

Luego, hace unos meses, la señora Reyes y sus cómplices –perdón, sus compañeros consejeros- simularon sumarse a las medidas de austeridad promovidas por el gobernador Astudillo que sí redujo sueldos y gastos en su administración. Los consejeros anunciaron que se rebajarían el sueldo en solo 10%, con lo que Reyes de todos modos siguió percibiendo mucho más dinero que el gobernador -45 mil pesos más-, y los demás consejeros 13 mil pesos más que el titular del Ejecutivo.

Pero la medida no surtió efecto, porque lo que se quitaron del sueldo los consejeros, se lo repusieron en prestaciones directas, lo que constituyó una burla hacia el espíritu ahorrador de recursos de Astudillo Flores ante la difícil situación que enfrenta su gobierno por los recortes financieros y los descuentos que le aplica la federación por adeudos fiscales de gobiernos anteriores.

De modo que ante la burla de los mentirosos consejeros –¿recuerda usted que hace más de un año la señora Marisela Reyes negó que ganara 212 mil pesos y “filtró” a cierta prensa la copia de una “nómina” en la que supuestamente sólo ganaba 60 mil pesos mensuales?-, y ante el repudio generalizado, el auditor Alfonso Damián intervino para investigar y establecer que efectivamente en el IEPC se habían autoasignado sueldos excesivos. Por lo que, en su papel fiscalizador del buen uso de los recursos públicos en gobiernos y organismos autónomos, ordenó a Reyes y compañía que los disminuyeran, de tal forma que no excedieran los 145 mil pesos mensuales que percibe el gobernador, pues ningún funcionario debe ganar más que él.

Pero al final se están imponiendo los intereses personales y la ambición de los consejeros, que se inconformaron con la reducción salarial, impugnando esa orden, a pesar de que disfrutan de otros ingresos extraordinarios, como bonos, primas, aguinaldos y beneficios para sus familiares –Reyes tiene en nómina a media docena de sus parientes-, el pago de todos sus gastos y comisiones, lo que suma un costo de más de 3 millones de pesos por las percepciones de la consejera presidenta, y unos 2.5 millones más por cada consejero, con lo que pagarle a esos funcionarios nos cuesta casi 20 millones de pesos al año. Diga usted si no es un abuso…

Por eso es que los consejeros del IEPC dejaron de ser confiables, ya que han demostrado que están dispuestos a violar principios y leyes con tal de beneficiarse, lo que definitivamente los convierte en venales comerciantes dispuestos a lo que sea –incluso vender y falsear una elección- con tal de beneficiarse. Y como dicen los diputados, le quitan toda certeza a su manejo de lo que será el proceso electoral de julio del 2018…