Tiene razón el ombudsman Luis Raúl González Pérez, no se ha aprendido la lección de la barbarie de Ayotzinapa, si bien él se refería esencialmente a los hechos de Tierra Blanca, Veracruz y la nueva desaparición de jóvenes, lo cierto que en Guerrero, entidad donde se dieron los fatídicos hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, esto es todavía más evidente.

Una de las razones por las que se consumó la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fue por la grave infiltración de la policía municipal (desde luego, sin descartar la omisión o complicidad de otras fuerzas de seguridad), coludida y al servicio de la delincuencia bajo el amparo del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca. Esta fuerza preventiva municipal con elementos no certificados en control de confianza y la otra batería de exámenes, fue la que puso en manos de los criminales a los jóvenes después de agredirlos y asesinar a algunos de ellos. No se puede explicar esta atrocidad sin esta policía municipal.

Pues bien, después de estos hechos que han conmocionado al país y al mundo, en varios municipios del estado de Guerrero, como en otras partes de la República, se sigue contando con policías municipales con mandos reprobados en control de confianza al igual que los policías, uno de estos casos críticos es Acapulco y su alcalde. Lo decimos a tiempo porque al igual que Abarca, el presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, auspicia, tolera y defiende a una policía infiltrada y no certificada.

Ante datos contundentes como contar con todos los mandos policiacos sin certificar (el secretario de seguridad pública, el coordinador de movilidad, el director operativo de las policía vial y el director de la policía turística, entre otros), sin los exámenes aprobatorios de control de confianza, con acciones de franca ilegalidad como enviar a las calles como policías a cuando menos 667 elementos que reprobaron los exámenes de control de confianza, el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, se atrinchera en la impunidad y solicita el apoyo de los chuchos, (los mismos que aprobaron todas las reformas del PRI y el Pacto Por México) para seguir manteniendo a una policía corrupta, no certificada e infiltrada.

La actitud del gobierno municipal de designar mandos policiacos no certificados y poner a trabajar a policías reprobados en control de confianza, es notoriamente ilegal:

Viola el artículo 21 de la constitución federal que establece la certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; el artículo 33 de la ley orgánica del municipio libre que señala que antes de aprobar el Ayuntamiento los nombramientos de jefes policiacos deben verificar que dichos responsables y sus principales colaboradores estén certificados, lo que no ocurrió en el caso del coordinador de Movilidad y responsable de las policía vial, ni ocurre en el caso del director operativo de la policía vial, ni ocurrió con el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sandoval (quien además exhibió un certificado de estudios falso y el alcalde sabía y lo omitió dolosamente al Cabildo de Acapulco) ni acontece con quien lo sustituyó como jefe de la seguridad del puerto.

También se violó la ley 281 de seguridad pública del estado y diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se sigue cometiendo el delito de desempeño irregular del servicio público, consagrado en el artículo 272 del código penal del Estado.

Evodio Velazquez ha dicho muchas mentiras para tratar de ocultar su resistencia férrea al mando único y sostener una policía infiltrada y no certificada, envolviéndose con falsedad en la bandera del artículo 115 constitucional, o echándole la culpa a sus subordinados por sus faltas recurrentes, cuando atrás de su negativa, pudieran haber cuando menos 4 posibles razones:

1. Compromisos y pactos de campaña con delincuentes y grupos de poder.
2. Por amenazas de los grupos delincuenciales, sin que lo hayan denunciado.
3. Por los recursos del Fondo de Seguridad Pública (antes Subsemun)
4. Por negarse a la certificación policial.

La defensa y protección de los derechos humanos es relativamente joven, a pesar de que los avances a nivel internacional tienen años en profundo desarrollo. México ha firmado diversos tratados internacionales en la materia, sin embargo, los grandes avances en la materia han sido impulsados no por el Estado, sino por el trabajo organizado y sistemático de diversas organizaciones de la sociedad civil que, desde diferentes ámbitos, han dado impulso y acompañamiento que han detonado profundos avances, mismos que se consagraron con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011.

A pesar de los logros, la razón de ser de muchas de esas organizaciones continúa existiendo: En México se violan constantemente los derechos humanos. Más grave aún: En México no se aprende de las graves violaciones y la estrategia para resolverlas es apostar al olvido. Pero en un país en donde las tragedias ocurren todos los días, olvidar resulta imposible.

Apenas en septiembre de 2014 la desaparición de 43 normalistas dio cuenta de la barbarie que se vive en nuestro país, en donde en múltiples regiones existen fuertes nexos de complicidad y corrupción entre los gobiernos y los grupos delincuenciales.

Pero no fue lo único que quedó claro. Tal como sucediera antes en Tlatelolco, Aguas Blancas, Acteal, Tlatlaya y Chalchihuapan; quedó claro que el Estado sigue siendo incapaz de impartir justicia, proteger a las víctimas, reparar el daño y garantizar que los hechos no se repitan.

En Acapulco, que fue recientemente catalogada como la cuarta ciudad más violenta del mundo, conforme al Consejo Ciudadana para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, han ocurrido cerca de 70 homicidios en lo que va del año, a lo que se debe sumar la muerte de un taxista, tres jóvenes y un herido, todos muertos hace dos días.

En días pasados desaparecieron cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz. Sobre este caso los familiares de los jóvenes difundieron un video de dos minutos y medio, en donde se muestra a una camioneta que pasó antes de las 11 de la mañana sobre una carretera. Posteriormente, esa misma camioneta se ve escoltando al vehículo que llevaba a los jóvenes hoy desaparecidos y que -a decir de lo notificado por las autoridades a los familiares-, ya era conducido por un efectivo.

Tal como podemos verlo, la situación nacional y en particular en algunas regiones sigue siendo compleja y, a pesar de lo ocurrido en Ayotzinapa, en la mayoría de los estados siguen sin existir garantías para salvaguardar los derechos de las personas.

Sin duda alguna, quienes han aprendido más con estos terribles acontecimientos han sido las víctimas, las organizaciones y algunos sectores más amplios de la sociedad civil que han tomado un mayor grado de conciencia sobre la compleja situación económica, política, social y de seguridad que enfrentamos en nuestro país.

Una sociedad informada, sin el respaldo de instancias de gobierno que actúen para evitar la comisión de los mismos delitos que se repiten una, otra y otra vez, seguirá siendo víctima de la violencia y la impunidad.

Tiene razón el ombudsman nacional, no se ha aprendido la lección de Ayotzinapa y en estos momentos pueden estarse incubando otros Abarcas en los municipios, como en el caso de Acapulco. Por eso alzamos la voz a tiempo.

*Pide Astudillo unidad sin distingos ideológicos en favor de Guerrero.

*Busca Marco Leyva el diálogo con Ceteg, pero sólo les interesa mantener problemas.

*Espanta a cetegistas comisiones sin salario.

*Cesarán a quienes no se presentaron a la evaluación: SEG.

Ante los problemas que enfrenta Guerrero por la violencia y la inseguridad provocadas por la delincuencia organizada y la común, el gobernador Héctor Astudillo pidió que todos apoyen la unidad que se necesita, sin que nadie decline a sus principios ideológicos “para trabajar y luchar por esta tierra que merece salir adelante”.

En Iguala, la ciudad donde hace más de 15 meses murieron 6 personas y desaparecieron 43 estudiantes, se celebró el sábado la sesión Pública y solemne del Congreso del Estado, para conmemorar el 166 aniversario del Congreso Constituyente del Estado, en la plaza pública de las Tres Garantías, que se desarrolló con toda normalidad, pues aunque estuvieron presentes algunos padres de familia y otros representantes de los normalistas perdidos, sólo se escucharon algunos gritos para recordar ese caso, que no ha podidollegar a una conclusión definitiva.

El mandatario HAF respaldó las manifestaciones de ese grupo, pues dijo que así como en Iguala y esa región se dieron hechos históricos de gran importancia para la nación que surgía de la Guerra de Independencia, también fue escenario de ese hecho tan negativo en contra de los normalistas y planteó que es algo que no puede volver a presentarse en el estado nunca más.

Destacó el gobernador el importante trabajo del Poder Legisativo, que ahora encabeza la diputada Flor Añorve Ocampo, porque ha jugado un papel importante en el sostenimiento nde las instituciones de Guerrero e insistió en que los diputados del estado “en los últimos años han realizado una labor trascendente que se encuandra en la institucionalidad”.
También estuvo presente el titular del Poder Judicial, magistrado Robespierre Robles Hurtado, la diputada igualteca, Silvia Romero Suárez y el alcalde Esteban Albarrán Mendoza.

EFECTIVAMENTE, el gobernador Astudillo plantea como la mejor vía para superar los problemas actuales, la unidad de los tres Poderes, pero también de la ciudadanía y los partidos políticos, para superar la emergencia de inseguridad que existe en el estado y que se combate con una energía y determinación que no se había visto anteriormente.

Sólo hay grupos como la Ceteg, que se mantiene en la actitud de buscar y generar más problemas y que su única actitud es pretender mantener beneficio indebidos e ilegales y los privilegios para los dirigentes.

BUSCA MARCO LEYVA EL DIÁLOGO CON CETEG, PERO SÓLO LES INTERESA MANTENER PROBLEMAS.—A fin de colaborar con el planteamiento hecho por el gobernador Astudillo, de que debería recuperarse la plaza cívica “Primer Congreso de Anáhuac” para los habitantes de la capital, que mantiene bloqueada la Ceteg que encabeza Antonia Morales, el alcalde capitalino, Marco Antonio Leyva Mena, visitó a quienes se mantienen en el supuesto plantón, que cada vez está más vacío o que sólo utilizan para hacer comercio, y lo hizo para dialogar con ellos y buscar la posibilidad de que lo desalojen y pueda reintegrarse a la comunidad capitalina.

El alcalde buscó a los representantes de ese disminuido grupo y aunque les hizo los planteamientos necesarios, los cetegistas se niegan a dialogar, porque no tienen argumentos ni justificación para seguir bloqueando el Zócalo capitalino, que han convertido en un cochinero, que ya provocó el cierre de algunos negocios tradicionales de esa área.

Por parte del gobernador Astudillo y el alcalde Leyva, se busca el diálogo para destrabar una actitud intransigente de los cetegistas que no hacen nada por los ayotzinapos desaparecidos, pero que pretenden mantener la presencia pública de su incapacidad e inutilidad.

ESPANTA A CETEGISTAS COMISIONES SIN SALARIO.—Poco a poco se avanza en el control de ese grupo negativo de la Ceteg, ya que los integrantes de la sección 14 del SNTE, la única representación sindical oficial del magisterio guerrerense, seguirá con sus comisionados, pero sin recibir sueldo de la Secretaría de Eeducación Guerrero (SEG), sino que sus salarios serán cubiertos por el Comité Ejécutivo Nacional del sindicato magisterial; por eso exigen que la misma determinación se aplique a la Ceteg, que si pretende seguir con comisionados lo hagan pero sin sueldo o que se reintegren a sus escuelas.

Es una decisión que tendrá que tomarse, porque si la representación gremial oficial ya lo hace, no podría otro grupo que se ha autoerigido como representación magisterial, seguir con el privilegio de que se le pague sin trabajar, como sucede desde hace años.

CESARÁN A QUIENES NO SE PRESENTARON A LA EVALUACIÓN: SEG.—Para darles otro apretón más a los cetegistas, que no trabajan, no representan a nadie sindicalmente y quieren seguir cobrando como “aviadores” oficiales del gremio, la Secretaría de Educación Pública (SEP), del gobierno federal, anunció que los maestros que no se presentaron a la evaluación y que no justifiquen legalmente su ausencia serán dados de baja de las nóminas que se manejan desde la Ciudad de México, antes DF.

Esta determinación está basada en la Reforma Educativa, que señala como obligatoria la evaluación anual del magisterio en servicio, pero como los integrantes de la Cetreg no sólo se negaron a presentarse sino que además trataron de bloquear a quienes acudieron a cumplimiento de esa obligación, ahora se les emplaza para que demuesttren legalmente que estuvieron impedidos para acudir a su evaluación y en caso de que no tengan justificante serán dados de baja de las nóminas del magisterio que manejan la SEP y la Secretaría de Hacienda.

Esta es una magnífica medida, ya que puede ser la más efectiva contra el desorden y los conflictos de la Ceteg, pues si se avanza en ese sentido serán separados del magisterio esos grupos que se han caractizado por su vandalismo y actitudes destructivas.

Bienvenidas esas decisiones que pueden traer orden y trabajo al sector escolar, tan dañado por esos grupos que son el peor estorbo al avance educativo.

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