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El PRD no ha terminado de entender porque perdió la gubernatura y la mayoría del Congreso local de Guerrero en el 2015. Inmersos en la rebatinga por candidaturas a cargos de elección, los dirigentes perredistas optaron por mantener un modelo desgastado políticamente antes que someterse a un proceso renovador que los regrese a las preferencias electorales que ostentaron durante una década.

Después de perder el control político de la entidad hace tres años, los perredistas relegaron la necesidad de someterse a un ejercicio autocrítico que les permitiera reconstruirse estructuralmente y alejarse de la sospecha de las alianzas que mantienen con grupos criminales. 

Por tanto, en la actual campaña carecen de una voz autorizada para responder a los testimonios publicados en medios de comunicación sobre la vinculación entre el narco y algunos candidatos a alcaldes y diputados.

En este sentido, lo peor es que un grupo de líderes tribales del PRD expusieron la versión de que durante el proceso de negociación de candidaturas en el partido del sol azteca, las postulaciones en diversos distritos y municipios se reservaban para el grupo MÑ. Cuando un dirigente pidió información sobre quienes representaban a esa nueva corriente perredista, recibió la inmediata recomendación de no hacer preguntas al respecto.

En realidad, se trata de un escenario en el que no se puede generalizar que en todo el PRD  prevalezcan relaciones sospechosas, pero mediáticamente cualquier indicio de infección contamina a todo el cuerpo partidista.

Por lo pronto a los perredistas se les agotó el tiempo para modificar esa imagen: si en realidad pretendían recobrar la confianza de los guerrerenses, hubieran dado los primeros pasos desde sus órganos de gobierno con la adecuación de estatutos y procedimientos que establecieran candados contra presuntas narcocandidaturas.

El problema para el PRD es que a raíz de su derrota en 2015 perdió figuras de liderazgo, y no hubo personaje que asumiera la tarea de la reconstrucción interna. El único intento de retomar el control del partido fue del alcalde Evodio Velázquez Aguirre, pero los escándalos de corrupción y deficiencias acumuladas en la prestación de servicios municipales, le impidieron erigirse en el jefe moral del perredismo guerrerense.

En el fondo, más que un asunto de lavado de imagen se trata de un replanteamiento sobre la dirección operativa del partido.

De ahí que cuando reapareció públicamente el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y se declaró asesor de un grupo de candidatos perredistas, entre ellos el candidato a alcalde de Acapulco, Joaquín Badillo Escamilla, no todos los perredistas celebraron el regreso del político costachiquense.

Después de todo, el desfonde del gobierno de Aguirre Rivero es el detonante de la caída del sol azteca. 

La circunstancia de que durante su administración grupos criminales controlaban policías municipales y estatales, con el presunto conocimiento de funcionarios del gabinete aguirrista, según las recientes revelaciones aportadas por el FBI norteamericano, deja en claro que a los perredistas no les conviene en lo más mínimo que se les asocie con el ex mandatario.

Actualmente, en Guerrero prevalece la percepción de que el crimen organizado pretende pasar de los acuerdos con ciertos alcaldes, al control político de las regiones, ya que de lograrlo no nada más tendrá bajo su mando a policías municipales, sino también contará con acceso a estrategias oficiales de seguridad y dispondrá de margen ilimitado en la orientación de masas sociales.

Indiscutiblemente, la presencia de Ángel Aguirre en la campaña perredista manda un mensaje de que al PRD no le interesa alejarse de la ruta que lo descarriló. 

Al final de cuentas, al PRD parece no preocuparle la percepción de que durante el aguirrismo se crearon las condiciones para colocar el aparato de seguridad pública al servicio del narco.

Indigna a familiares de asesinados en Tixtla que se les acuse de ser delincuentes.

En las dependencias encargadas de prevenir y perseguir las acciones delincuenciales en el estado se advierte una tendencia a atribuir a la delincuencia organizada todos los problemas de violencia e inseguridad que se registran, como lo hizo ahora la Fiscalía del Estado, al asegurar que los 9 asesinados en Tixtla y dejados en una camioneta, podrían estar relacionados con “vender productos de consumo posiblemente de procedencia ilícita”. 

Todo indica que no había, al momento de descubrir los cuerpos, elementos que hicieran presumir que se trataba de gente que se dedicara al comercio de productos robados o adquiridos ilegalmente de alguna manera. 

Seguramente las investigaciones sobre ese lamentable caso, uno más dentro de la vorágine de violencia que sufre el estado, deben estar por llegar a la conclusión de que se trataba de gente trabajadora, que distribuían productos de consumo en las comunidades del municipio de Tixtla y en las colonias de esa ciudad, cabecera municipal, para lo que denominaron el Tendajón “El Güero”. 

Se advierte, pues que hay bastante ligereza en las opiniones y señalamientos que se hacen desde la Fiscalía del Estado luego reproducidos por el vocero del sector de seguridad pública, Roberto Álvarez Heredia, a quien sólo le corresponde dar lectura a los boletines que emiten las dependencias y organismos que están dentro de ese sector gubernamental. 

Lo peor es que se advierte la tendencia a hacer esos señalamientos de que las víctimas estaban relacionadas con los delincuentes o desarrollaban alguna actividad fuera de la ley, porque de esa manera pretenden justificar la elevada incidencia delincuencia que afecta al estado y sus habitantes. 

Sin embargo, no se toma en cuenta que se re victimiza a quienes fueron ejecutados de manera alevosa y sin razón, porque, como en este caso, se trataba de gente que buscaba ganarse la vida de manera legal, a través de la distribución de productos de consumo frecuente, reparto que han dejado de hacer empresas como  Coca Cola, por los muchos asaltos de los delincuentes, pero también de los normalistas de Ayotzinapa, que roban y secuestran los camiones repartidores. 

NO HAY AFIRMACIONES Y LO DICHO ES SÓLO UNA PARTE DE LAS INVESTIGACIONES: ASTUDILLO.

Ante la inconformidad y la molestia de los familiares por los las irresponsables afirmaciones de la Fiscalía del Estado, el gobernador Héctor Astudillo precisó que lo señalado por ese organismo, no debe verse como una afirmación definitiva, sino que es una más de las líneas de investigación que deben seguirse en ese caso y en tantos otros que han dejado una cantidad muy grande de víctimas. 

Lamentó el mandatario que las familias se hayan sentido ofendidas por los dichos de la Fiscalía, pero que debe verse que ese organismo está obligado a revisar y profundizar en cada una de las posibilidades que llevaron al lamentable hecho de que 9 personas hayan sido asesinadas por uno de los grupos delincuenciales que operan en esa zona de Tixtla y Chilapa, sin que hasta ahora se les haya podido contener o llevar a la justicia a algunos de sus principales cabecillas. 

Efectivamente, hay muchas acciones que diversos grupos realizan fuera de la ley, lo que hace que algunas autoridades, en este caso de la Fiscalía acéfala, confundan y no puedan precisar con claridad, porque la presencia delincuencial está en todas partes y en situaciones no esperadas. 

Deben manejarse con mucho cuidados las hipótesis relacionadas con hechos de violencia, como en este caso, de manera que se cuide la posibilidad de aventurar conclusiones u opiniones que no tengan sustento real ya que, además, lastiman profundamente la sensibilidad de la las familias que pierden a alguno de sus integrantes por la violencia desbordada. 

LLAMAN LOS EMPRESARIOS DEL PAÍS A LA UNIDAD NO A LA CONFRONTACIÓN, POR EL CHOQUE CON AMLO.

No hay duda que la campaña presidencial de El Peje López Obrador tiene características muy especiales, pero definitivamente no pasa desapercibida y en una de sus promociones lo que ya consiguió de manera muy clara ha sido unificar a los organismos empresariales del país, pero en su contra.  

Un nuevo desplegado público del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que firman 400 organismos empresariales, “que no son un puñado de empresarios, si no que representa a cientos de miles de mujeres y hombres en todos los rincones del país”, según ellos mismos explican, reclaman que quien busque encabezar el liderazgo nacional debe convocar a la unidad y no a la división, en el marco de las elecciones de este año. 

La cúpula empresarial a la que Amlo ha llamado “minoría rapaz” destaca que debe entenderse que el sector productivo del país, es el que genera 9 de cada 10 empleos y aporta 8 de cada 10 pesos que se invierten en el país, indican en el desplegado de este lunes que titularon “Trabajamos por México”. 

Puede estarse en contra o a favor de la actitud de los empresarios que se han manifestado contra los señalamientos de AMLO y la falta de una política y un proyecto de gobierno productivo, con bases en la realidad, pero lo que no puede ni debe hacerse es confrontarlos con descalificaciones, porque es crear un conflicto por motivos personales y resentimientos infundados. 

Uno de los problemas más graves de México es la pobreza y la pobreza extrema en que se encuentran millones de mexicanos, pero esa situación sólo puede combatirse con la inversión productiva y la generación de empleos y si hay rompimiento con los empresarios que abren y amplían empresas, pues sólo se estaría trabajando por profundizar más la pobreza de los mexicanos. 

Pude estarse a favor o en contra del sistema empresarial que domina la economía nacional, pero al no tener otra forma de darles empleos a los millones de mexicanos que los demandan, hay que aprovechar y ampliar lo que se tiene, a menos que la idea sea establecer otra forma de gobierno, donde el estado vuelva a apropiarse de las empresas y desplace a los empresarios, que no son del gusto de El Peje, pero ese esquema económico ya se intentó en México en el siglo pasado y fracasó, como pudo verse claramente. 

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