Chilpancingo, Gro; 12 de octubre 2014.- La coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el congreso local, Delfina Concepción Oliva Hernández  manifestó que no es conveniente la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero por el caso Iguala,  ya que se tiene que tener un gobierno fortalecido.

La exigencia principal del Partido Acción Nacional y de la sociedad es que se esclarezca el caso de los normalistas de Ayotzinapa y se castigue a los responsables de este artero hecho.

Para la fracción del PAN los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala son condenables, por ello la bancada panista no descansara hasta que se realice una investigación seria, pronta, eficaz y profunda sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Además de que la fracción de Acción Nacional  exigiría a las autoridades que cumplan con su obligación de garantizar a los familiares sus derechos de asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.

Oliva Hernández señaló que los lamentables hallazgos en el municipio de Iguala exigen acelerar y profundizar en las investigaciones. La bancada del PAN hace un llamado para que un caso como el de los normalistas no sea politizado.

El llamado principal del PAN es el castigo a los culpables, por ello no se está solicitando la salida del gobernador porque se tiene que abocar a concentrar sus esfuerzos a fortalecer la investigación.

Para el PAN, Ángel Aguirre es el gobernador de Guerrero por lo que no se debe especular en torno a su salida ya que esto no ayuda a la investigación, ya que él es el gobernador y los problemas que se generan en el estado de Guerrero o en otros estados no es con la salida de los gobernadores como se van a solucionar.

La coordinadora de la bancada panista en el congreso local, dijo que este es el momento para que Guerrero fortalezca las instituciones para que los guerrerenses puedan tener confianza en sus autoridades.

El grupo parlamentario del PAN estará atento para que se lleve a cabo la aplicación inmediata de la Ley General de Víctimas, a fin de que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar a los familiares sus derechos de asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.