En el documento la diputada señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece protección a la familia y que la Ley debe proteger su organización y desarrollo, así como el derecho que tienen los niños satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento de parte de sus padres o de quienes tengan su custodia.
Agregó que existen instrumentos internacionales que reconoce un status jurídico particular para proteger la maternidad en la esfera de los derechos humanos, por eso, dijo, que con la propuesta pretende adecuar el marco jurídico vigente en la entidad para reconocer la importancia social de la maternidad para otorgar apoyos que coadyuven a su normal desarrollo.
“El propósito de esta iniciativa es establecer beneficios sociales para las madres embarazadas residentes en la entidad y acciones que coadyuvarán al cumplimiento de las obligaciones jurídicas derivadas de una paternidad responsable, garantizando que el gobierno estatal, en función de los principios de la corresponsabilidad y la subsidiariedad, coadyuve para su observancia en beneficio del menor en gestación”, abundó.
Además, pretende proteger del desamparo social y económico a la mujer sólo por estar embarazada, porque “las embarazadas en situación de conflicto y desamparo necesitan sobre todo ofertas completas de apoyo, asesoramiento y orientación que las ayude a superar las cargas emocionales y las discriminaciones negativas y poder decidirse en verdadera libertad por la vida de su hijo”.
Por lo anterior, la también coordinadora de la fracción Parlamentaria del PAN, considera fundamental otorgar una serie de beneficios económicos a las mujeres embarazadas, en particular, atención médica especializada gratuita, en hospitales públicos o por medio de un subvención económica directa para atención hospitalaria privada, ya que los gastos en los que se incurre durante el embarazo, particularmente, el trabajo de parto, representan una carga muy onerosa para las familias guerrerenses.
La iniciativa de Ley se analiza al interior de la Comisión de Justicia que en breve presentará al Pleno el dictamen correspondiente.
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