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Chilpancingo, Gro., 28 de agosto de 2017.- Para garantizar el respeto a los derechos humanos y dar cumplimiento a los protocolos de seguridad en los centros penitenciarios, diputados de Movimiento Ciudadano propusieron crear la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Guerrero.

Dicha iniciativa de ley es de orden público y de interés social que prevé la homologación con el Sistema Estatal Penitenciario de la entidad, basada en las disposiciones previstas por el Nuevo Sistema Penal Acusatorio. 

De aprobarse, se establecerán las bases y facultades de las autoridades judiciales y administrativas para aplicar los reglamentos de los centros penitenciarios y estipular a las instancias correspondientes la organización y funcionamiento de los Centros de Reinserción Social, previendo que no se vulneren los derechos al especificar las causales de las personas procesadas o sentenciadas, así como su traslado a otros Ceresos.

También de las medidas de prevención y de reinserción social de cada uno de los reclusos, las cuales deben ser aplicables y previstas en el Código Penal del estado y demás leyes que garanticen las bases  generales del Sistema Estatal Penitenciario, así como de la organización y funcionamiento de los Ceresos de la entidad.

Establecer los lineamientos generales para el desarrollo de las relaciones entre internos y autoridades penitenciarias, durante el tiempo que aquellos permanezcan en prisión, así como el contacto que deberán tener con el exterior (garantizar que mantengan contacto con sus familiares).

Además, se especifica que los reclusos reciban, de acuerdo a las características de cada uno, el régimen de tratamiento del sistema de reinserción social de carácter grupal e individual, garantizando la disciplina en el interior de los establecimientos penitenciarios, la seguridad y una convivencia ordenada, respetando en todo momento las garantías procesales de las personas recluidas.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de MC manifestó que es importante aprobar la iniciativa de ley presentada porque el sistema penitenciario en Guerrero atraviesa un momento crítico, por los graves problemas de sobrepoblación, hacinamiento y prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de inseguridad; prueba de ello son los diferentes sucesos en los Ceresos de la entidad.

La iniciativa de Ley fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública para su análisis y dictaminación.

*Considera que es necesario replantear el proceso de operación de la AGE

Chilpancingo Gro., a 1 de junio de 2014.- Tras considerar como inoperante el actual reglamento interior de la Auditoria General del Estado, el diputado local e integrante de esa comisión en el Congreso local, Marcos Efrén Parra Gómez, señaló que es necesario hacer  un replanteamiento sobre el proceso de operación, para evitar que se repitan sucesos como el ocurrido este fin de semana entre  los miembros de la AGE.

En este sentido, el diputado panista exhortó a los integrantes de la Comisión de la Auditoria General del Estado, en hacer un análisis previo del reglamento, para evitar una nueva parálisis en las actividades de la Auditoria, pues como es evidente, el Auditor prácticamente portaba una “camisa de fuerza”, que no permitía actuar con la premura que requiere esa instancia revisora.

Parra Gómez dijo lamentar la renuncia del auditor y auditores especiales,  por el impacto que pueden tener las auditorias que se encuentran  en proceso; sin embargo, añadió que, como diputados “estaremos al pendiente del puntual seguimiento a las observaciones que oportunamente detectó la AGE, derivadas de las revisiones previas a las renuncias, independiente del partido político o nombre de las personas que pudiera tener responsabilidad en el uso de los recursos.

Advirtió que los diputados, estaremos vigilantes de que los nuevos nombramientos, se apeguen a los criterios de preparación académica, experiencia profesional, independencia e imparcialidad que deben tener los funcionarios de esa dependencia.

“También vamos a asegurarnos que la AGE cuente con los recursos económicos, materiales y humanos para el desempeño de su función”, agregó.

Marcos Parra añadió que, como miembros del Congreso, “estaremos atentos del cumplimiento de nuestra obligación de fiscalizadores que la constitución nos otorga e informaremos oportunamente de las acciones que deben ser conocidas por la población, como, las presiones que, se dice, ejercieron funcionarios del gobierno del estado, para detonar en la renuncia del Auditor y Auditores Especiales.