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Chilpancingo, Gro., 18 de septiembre de 2018.- El fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, compareció este martes ante los diputados de la LXII Legislatura local, en cumplimiento al llamado que le hiciera esta Soberanía para aclarar la supuesta adquisición de una residencia en el puerto de Acapulco con valor superior a los 10 millones de pesos.

Los legisladores coincidieron en sus participaciones, en que este acto republicano marca la pauta para una etapa de transparencia y rendición de cuentas, y confiaron en que esta dinámica de llamar a los funcionarios públicos a comparecer ante el Pleno sea recurrente, en el afán de transparentar sus acciones tanto personales como del ejercicio profesional.

La primera en intervenir por el Grupo Parlamentario del PRD, fue la diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, quien aseguró que la nota periodística publicada a principios de septiembre efectivamente afecta de manera directa la credibilidad de la institución.

Dijo que es necesario desarraigar los actos de corrupción que tanto daño causan y que se debe contar con instituciones que verdaderamente sirvan a los ciudadanos por igual, sin distingos de partido, ideologías, razas, color o creencias.

El legislador Jorge Salgado Parra, del PRI, se pronunció por que la institución implemente programas anticorrupción, ya que, dijo, es importante contar con un control al interior de una institución pública, que minimice las probabilidades de que se materialicen acciones al margen de la Ley y del interés público.  

Por su parte, el legislador Arturo Martínez Núñez, de Morena, se refirió a la comparecencia como una nueva realidad democrática, donde el diálogo y el debate republicano serán la norma y cotidianeidad y una nueva era de pesos, contrapesos y equilibrios.

Refirió que en esta nueva etapa habrá austeridad republicana y cada centavo del dinero público habrá de ser asignado, utilizado y fiscalizado con extrema minuciosidad para evitar que se repitan viejas prácticas de corrupción, de compra de conciencias, de cooptación y de privilegios por encima de la ley.

Mientras que el diputado Bernardo Ortega Jiménez, del PRD, manifestó que los guerrerenses necesitan que los servidores públicos se ocupen de los problemas de inseguridad, la falta de desarrollo, establecer mejores mecanismos de asignación de recursos para los programas sociales y que se vigile que los funcionarios públicos ejerzan sus funciones bajo los principios de probidad, honradez y legalidad que marca nuestra Constitución Política federal y local.

En su oportunidad, el diputado Omar Jalil Flores Majul, del PRI, resaltó la importancia de estas comparecencias porque son un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, que son valores intrínsecos de la democracia, y es así como se genera un contrapeso de la división de poderes.  

La diputada Mariana García Guillen, de Morena, se pronunció asimismo por sanear las instituciones encargadas de la impartición de justicia y cuestionó al fiscal sobre su relación con la empresa Castillo Trinidad y Asociados, dueña del inmueble que se le cuestiona como propio.  

Al dar lectura a un documento, en relación a los actos denunciados recientemente, sobre la adquisición de una residencia en Acapulco, el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, dijo a los legisladores que no ha adquirido bien inmueble alguno y que dicha propiedad es de Castillo Trinidad y Asociados, S.A de C.V.

Asimismo, informó sobre la documentación que es pública en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, delegación Acapulco, donde se acredita que no tiene relación legal con alguna con los hechos imputados. 

Chilpancingo, Gro., 16 de septiembre de 2018.- Diputados locales exhortaron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que implementen acciones y los mecanismos necesarios que permitan concluir las obras en las unidades habitacionales de la colonia Tierra y Libertad y Barrio Nuevo El Cayaco, del municipio Coyuca de Benítez.

Esto a propuesta del diputado Ossiel Pacheco Salas, quien argumentó que durante el paso de las tormentas “Manuel” e “Ingrid”, en el 2013, estos lugares resultaron afectados y para su reconstrucción, en su totalidad, el gobierno federal anunció una inversión de 45 mil 238 millones de pesos.

Sin embargo, dijo que a cinco años de lo ocurrido, existen muchas inconformidades de familias damnificadas porque no fueron atendidas por el gobierno estatal ni por la SEDATU, que es la autoridad encargada de realizar la reconstrucción de las viviendas y tramos carreteros, a pesar de que su patrimonio presentó graves daños.

El legislador expuso que habitantes de dichas zonas solicitaron su intervención para que gestione la entrega de las 72 viviendas afectadas de las comunidades de Atoyaquillo, Paso Real, Los Cimientos, El Bejuco, así como las de la colonia Tierra Digna de la cabecera municipal y 10 de la comunidad de barrio Nuevo El Cayaco.