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Chilpancingo, Gro., 16 de Mayo de 2017.- La Comisión de Justicia analiza una iniciativa de reformas a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, que propone como causal de nulidad de una elección de diputado de mayoría relativa, de Ayuntamiento o demarcación municipal, cuando cualquiera de los integrantes de la fórmula de candidatos resulte inelegible.

En la propuesta se argumenta que la Constitución Política del Estado señala que corresponde a la Ley Electoral establecer el sistema de nulidades de las elecciones por violaciones graves, dolosas y determinantes, esto con el objetivo de proteger las propiedades democráticas del voto universal, libre, secreto y directo. 

Refiere que dicho sistema existe para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, en especial la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación.

Por ello, dice que cuando existe una violación a estos derechos fundamentales, el sistema jurídico mexicano establece el mecanismo de elecciones extraordinarias, como un procedimiento para resarcir las irregularidades que atentasen contra los derechos político electorales fundamentales, como el de ser votado.

Explica que la redacción actual de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, permite que cuando un candidato postulado a un cargo de elección popular a través de una fórmula integrada por propietario y suplente, resulte inelegible, la situación no afecta al resto de los integrantes de la fórmula.

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una tesis donde muestra el nexo causal entre la irregularidad y el daño al derecho a ser votado, donde la principal limitante para decretar la nulidad de la elección cuando un integrante de una fórmula de candidatos resulte inelegible, es que la misma Ley no prevea como hipótesis lo contrario.

Por eso, plantea que es necesario que se establezca como causal de nulidad de la elección, cuando alguno de los candidatos electos haya manejado recursos provenientes de actividades ilícitas, o que hubiese sido condenado por delito doloso.

Chilpancingo, Gro., 17 de Mayo de 2017.- La diputada Erika Alcaraz Sosa propuso reformar la Constitución Política del Estado, para eliminar a los representantes populares federales y locales del catálogo de servidores públicos que deben separarse 90 días antes de la jornada electoral.

Y es que la diputada argumenta que la condición de representantes populares no implica inequidad en la contienda electoral, pues carecen de la utilización de recursos públicos o programas sociales.

En lo que fue la sesión de la Comisión Permanente, la diputada señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció por que las normas que prevén los requisitos para acceder a un cargo público sean de excepción, y establece el catálogo de cualidades y calidades que un ciudadano debe reunir para aspirar, por lo que las mismas deben considerarse como limitativas o taxativas, y no enunciativas. 

“Eso significa que en caso de que un ciudadano cumpla con todos los requisitos que las normas electorales disponen, se encuentra en aptitud de postularse y en su oportunidad ejercer el encargo respectivo, sin que se puedan establecer mayores limitantes que aquellas que el legislador en ejercicio de su facultad para crear un orden jurídico determinó que eran indispensables para acceder al mismo, ya que admitir lo contrario se traduciría en el impedimento y obstrucción injustificada del derecho a ser votado”, agregó.

Además, en la misma iniciativa la diputada propuso que sea la Fiscalía General del Estado y no el Congreso local, la que designe directamente a los fiscales especializados, especiales y regionales, y sólo designe al titular de la Fiscalía de Delitos Electorales con las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

En otro punto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que el delito de posesión ilegal de armas de fuego exclusivas para las fuerzas armadas se considere como grave.

Ambas iniciativas de reformas a la Constitución Política del Estado y de los Estados Unidos Mexicanos se turnaron a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.